Desde que se inició la emergencia sanitaria por el covid-19 se firmaron 6.727 contratos, lo que significó un gasto de $ 203’481.316 realizado por 939 entidades públicas a escala nacional.

Los datos se encuentran en la página web del Servicio de Contratación Pública (Sercop), el cual instauró un sistema que registra diariamente los contratos que se hacen en el país y que utilizan recursos del Estado.

La directora del Sercop, Silvana Vallejo, aseguró que por primera vez se promulgan las contrataciones, lo que permitió que las autoridades de control ejerzan un mejor seguimiento de estas transacciones, al igual que la ciudadanía puede verificar esta información.

La transparencia facilitó encontrar las ilegalidades, a diferencia de lo que sucedía antes. “Hasta ahora no sabemos los contratos que se firmaron durante la emergencia del terremoto de abril de 2016”, dijo Vallejo.

Aclaró que en estado de excepción la entidad no tiene competencia en la parte precontractual para suspender un proceso. “Pero lo que sí hacemos es detectar y mandar el expediente a Contraloría o Fiscalía, según corresponda. De hecho, el 100% de los procesos están enviados a estas dos instituciones”.

Comentó que no todos tienen observaciones, pero es un manera de asegurar que sean revisados, pues se trabaja a través de convenios con esas instituciones.

La funcionaria explicó que, de los análisis efectuados, han encontrado irregularidades en proveedores que venden un mismo bien a diferente precio, a distintas entidades del Estado. Entonces hay un tema de especulación y corresponde las sanciones a la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, pues esto se refleja en los sobreprecios.

Otra irregularidad es que se adjudican empresas no especializadas, lo que es una violación a la Ley Orgánica de Salud, pues se debe vigilar que cumplan con todas las normas sanitarias.

De la misma manera se identificaron procesos que no corresponden a la emergencia sino del régimen común, por ejemplo, se detectó a municipios que se dedicaron a realizar obras, como bordillos o pavimentación de canchas, que no son para resolver el problema sanitario.

No obstante, la Contraloría inició exámenes a municipios del país para determinar si los contratos hechos durante la emergencia cumplen con los requisitos legales. Asimismo, la Fiscalía investiga 179 contratos finiquitados que tendrían implicaciones penales.

Para Ricardo Mejía, experto en contratación, es imperativo realizar reformas de fondo en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que restrinjan la discrecionalidad del Estado para contratar.

Indicó que es necesario empezar con cambios de las contrataciones de emergencia y las de régimen especial, que permitieron contratos con sobreprecios o proveedores sin calificaciones.

El jurista Antonio López Cobeña opinó que se debe reformar todo el sistema de contratación pública porque permite la corrupción. Lo primero es asegurar que el proveedor demuestre solvencia y autorización del fabricante, para entregar el bien o servicio que requiere la entidad, de tal modo que quien venda hamburguesas no aparezca como proveedor de equipos médicos con pretexto de la emergencia.

Hay que generar un escenario de competitividad, incluso en estados de emergencia, para que se revisen ofertas con requisitos mínimos, que aseguren la eficiencia de lo adquirido.

Contratos por emergencia se terminaron

La directora del Servicio de Contratación Pública, Silvana Vallejo, indicó que las contrataciones por emergencia se terminaron. Por lo tanto, todo se debe realizar de acuerdo al régimen regular de contrataciones.

Los contratos por emergencia se autorizaron al inicio porque había desabastecimiento, por ejemplo, de mascarillas. “Pero en este caso ya se conocen los costos, tenemos un portal de precios con los que se puede hacer análisis de mercado para la adquisición”. (I)