El presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Jorge Wated, acudió la mañana de este lunes 15 de junio de 2020 a la Fiscalía General del Estado, en Quito, para solicitar que le permitan rendir su versión voluntaria sobre un presunto mal uso de fondos públicos durante la campaña electoral para la consulta popular de 2018.

En ese entonces, Wated fungía como presidente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO) y, según una investigación periodística de La Posta y del asambleísta Ronny Aleaga, empresas públicas habrían transferido dinero para gastos logísticos de la campaña a favor del SÍ en el referéndum que promovía el Gobierno para sancionar la corrupción.

“Yo no manejaba recursos”, dijo, ante la prensa. Wated aclaró que su rol en el proceso electoral fue de coordinador político. La campaña contó con un tesorero propio que se encargó de efectuar la contabilidad y que luego envió un informe al Consejo Nacional Electoral (CNE) para justificar los ingresos, agregó.

Sobre los más de tres millones de dólares que habrían salido de siete empresas públicas para este fin electoral, Wated señaló que tampoco tuvo nada que ver. “No tengo vela en ese entierro”, declaró.

El funcionario de Estado aseguró que está dispuesto a rendir su versión y colaborar en cualquier investigación. Su visita a la Fiscalía duró aproximadamente 10 minutos. Wated negó su vinculación con lo que sería un caso de corrupción dentro de la consulta, realizada el 4 de febrero de 2018 y que concluyó con un rotundo triunfo del SÍ a preguntas como impedir que sentenciados por corrupción se postulen a cargos de elección popular.

Como le comenté a La Posta, "Fui el coordinador de campaña y mi función no fue manejar recursos electorales sino del tesorero, quien presentó toda la información al CNE”. Lamento que no hayan publicado mis comentarios en el reportaje.
Sin embargo adjunto liquidación presentada. https://t.co/15VSR1LdNK pic.twitter.com/GXERVoMihN

— Jorge Wated Reshuan (@JorgeWated) June 14, 2020

Horas antes, el asambleísta Fabricio Villamar también acudió al Ministerio Público para solicitar acciones urgentes en lo que sería un presunto peculado. El legislador pidió una orden de prohibición del país para Wated, el prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja; y 10 personas más supuestamente involucradas en este caso.

También recomendó que la Fiscalía allane las instalaciones de EMCO y el Servicio de Contratación de Obras (Secob), así como de las empresas públicas Flopec, Casa para Todos, CEAR, Enami, Ecuador Estratégico, Astinave, Petroecuador, Fabrec y Correos del Ecuador.

Para el abogado Felipe Rodríguez, si se comprueba que las empresas estatales destinaron recursos para la campaña, sin reportarlo al CNE, es un “evidente caso de peculado”. El presidente Lenín Moreno se pronunció a través de su cuenta de Twitter para recalcar que es necesaria una investigación en la contabilidad de estas entidades. (I)

¡No permitiré que se deslegitime la voluntad de todo un pueblo expresada en una consulta popular que se decidió por la libertad, el respeto, la democracia y la transparencia! Solicitaré de inmediato que se investigue la contabilidad de las empresas públicas mencionadas. 2/2

— Lenín Moreno (@Lenin) June 14, 2020