Alexandra Mantilla fue la primera perita acreditada como perfiladora criminal de Ecuador. Esa experiencia ahora  estará encaminada en el caso Sobornos 2012-2016, donde es indagado el expresidente Rafael Correa y la cúpula de su gobierno.

La Fiscalía General del Estado confía en que, justamente, ella realice un perfil de la supuesta organización que receptó dinero de empresas contratistas con el Estado a favor de Alianza PAIS.

El objetivo de este peritaje, según el Ministerio Público, será establecer si hubo o no la conformación de una estructura criminal; verificar si esos hechos responden a un acto delictivo. Para esta labor era necesario conocer la versión de los implicados.

Al inicio, el trabajo de Mantilla fue rechazado por los abogados de los principales involucrados, pero esa tendencia cambió. Pamela M., la exasesora de Rafael Correa, aceptó entrevistarse con la perita para contarle lo que ella conoce. Así lo ratificó su abogado, Édgar Molina.

Lo mismo hizo Laura T., la exasistente de la Presidencia y mano derecha de Pamela M. Las dos son protagonistas en este proceso penal. Al inicio negaron su vinculación en la supuesta trama de corrupción, pero la próxima semana darán su testimonio anticipado para contar todo lo que conocen sobre el caso.

Esta figura legal les permitirá recibir una rebaja en su condena, a cambio de que delaten a los autores intelectuales y materiales del delito.

La Fiscalía confía en que los dos testimonios anticipados, el peritaje de Mantilla y la recopilación de más evidencias sean suficientes para sustentar su investigación.

La fiscal general, Diana Salazar, sostuvo que el trabajo que cumple la institución es técnico y jurídico, sin cálculos políticos. Ella recalcó que han implementado una estrategia investigativa para revelar todas las acusaciones y que su labor será presentada en la Corte Nacional.

Otros de los involucrados que aceptaron dar una entrevista a la perita Mantilla fueron la exministra María de los Ángeles D., el exasambleísta Christian V. y María Augusta E., exfuncionaria de la Secretaría de la Administración Pública.  

Uno de los que no participó en el encuentro con la especialista fue Jorge G., exvicepresidente de la República, quien se encuentra detenido en el centro de rehabilitación social de Cotopaxi. Él pidió que su abogado atestigüe esa entrevista. (I)