Desde el Colegio de Abogados del Guayas, Jimmy Salazar empujó la creación de su movimiento político Justicia Social, junto a su esposa Pamela Martínez, sentenciada a 34 meses de prisión por el caso Sobornos 2012-2016.

La organización de ámbito nacional fue aprobada el 13 de noviembre de 2017, por el Consejo Nacional Electoral (CNE), en ese entonces dirigido por Nubia Villacís.

Ahora, la Contraloría dispuso al CNE que Justicia Social, junto a Podemos, Fuerza Compromiso Social y Libertad es Pueblo sean eliminados del registro electoral porque hallaron inconsistencias en las firmas que presentaron.

La influencia de Martínez ayudó al abogado a conseguir, primero, la presidencia del gremio profesional, lo cual se evidenció durante el juicio que desembocó también en la sentencia de primera instancia a 8 años de prisión contra el expresidente Correa.

La decisión judicial se basa en la tesis de que el exmandatario lideró una red conformada para cobrar coimas a empresarios, a cambio de contratos con el Estado.

Y en ese marco, Jimmy Salazar habría recibido el apoyo de su esposa, quien se encontraba en la cúspide de su influencia en el Ejecutivo, por lo que presionó para que se convirtiera en el presidente del Colegio de Abogados del Guayas.

Eso se reveló en los apuntes que se tomaron como prueba en el citado proceso judicial. Allí Martínez anotó que el 16 de octubre de 2012, Laura Terán, igualmente sentenciada, le remitió a su jefa un informe de la reunión con un hombre llamado Manuel Castilla para apoyar la candidatura de Salazar al gremio profesional.

El documento es parte de los 23.000 correos que se entregaron a la Fiscalía en el caso Sobornos 2012-2016. Salazar fue reelecto en 2015 y también en 2017; y pretendió postularse para una cuarta ocasión, pero ya estaba gestionado su movimiento, aprovechando que su esposa tenía buena relación con la presidenta del CNE de entonces, Nubia Villacís.

De esta manera logró integrarse con su movimiento a la línea de apoyo al correísmo, pero llegaron los escándalos de corrupción que involucraron a su esposa. Por ello decidió postularse como candidato a prefecto del Guayas en los comicios de 2019, sin alianzas.

Pero ya sin el patrocinio de Pamela Martínez, no logró su objetivo y solo obtuvo el 1,75% de los votos; por eso al momento el CNE analiza si alcanzó el porcentaje de votos necesarios para seguir activo en el registro electoral, pues el movimiento presentó sin suerte candidatos a prefectos en 11 provincias.

Conforme dicta el Código de la Democracia, si un movimiento político de ámbito nacional no logra más del 4% de votos en dos elecciones consecutivas, será eliminado del registro electoral, recordó Esteban Ron, docente de la Universidad Internacional.

Los directivos de Justicia Social contactaron en varias provincias a personas para que sean candidatas por ese movimiento.

Este es la caso de Daniela Chacón, que fue vicealcaldesa y concejal de Quito, en la pasada administración de Mauricio Rodas. Ella contó que la llamó Olivio Sarzosa, quien fue candidato para alcalde de Quito por el movimiento de Salazar, y le propuso la candidatura por Justicia Social para la alcaldía en la capital.

Pero le advirtió que primero debía colaborar con $ 150.000 para el partido. Esto decepcionó a Chacón. “Al parecer, tenían tarifas para candidaturas, por eso no volví a conversar con ellos”.

Opinó que este tema de las firmas adulteradas es algo que no se ha investigado bien, pues hay muchos movimientos que parece se inscriben solo para lucrar. (I)