La defensa del sueco Ola Bini quiere anular la validez jurídica de la información hallada en su iPhone y que supuestamente confirmaba la violación de sistemas informáticos en el país. Su abogado, Carlos Soria, aseguró que los datos encontrados eran reservados y no podían hacerse públicos.

En el teléfono de Bini se encontró una fotografía que demostraba que el 6 de octubre de 2015 se adentró al sistema informático de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT).

Pero la Fiscalía también sospecha que se vulneraron los sistemas de Petroecuador y de la Secretaría Nacional de Inteligencia. Esto ocurrió porque en 2015 existía un router (enlazador) directo entre la empresa petrolera y la Secretaría Nacional de Inteligencia.

Los investigadores de la Fiscalía quieren verificar si esa línea fue abierta e instalada por CNT, supuestamente por disposición de la Presidencia de la República, durante la administración de Rafael Correa.  

Por eso para la Fiscalía era importante identificar el computador que fue atacado durante el 6 de octubre de 2015 para saber qué uso tenía dentro de la Corporación de Telecomunicaciones.  

Con esos resultados se podrá verificar si la vulneración se realizó para ingresar también a Petroecuador y a la Secretaría de Inteligencia.

El sueco y su abogado acudieron este viernes 16 de agosto de 2019 a la sede principal de la Fiscalía General del Estado en el norte de Quito.

Ola Bini debe presentarse cada mes en esa dependencia para cumplir con la orden dictada por la justicia. Mientras que Soria acudió para verificar la información sobre la supuesta prueba contra su cliente.  

A su salida, él aseguró que no pudo comprobar si en verdad existe ese indicio porque le aseguraron que el teléfono está bajo custodia en una caja fuerte en la Fiscalía General.

Sin embargo, recordó que el martes 6 de agosto de 2019 se cumplió una diligencia reservada donde se abrieron los archivos que contenía el teléfono de Bini, por eso sostuvo que no podía divulgarse públicamente su contenido. “Es una clara violación de derechos humanos a la intimidad. Nosotros hemos encontrado 85 vulneraciones a los derechos en esta investigación”, enfatizó Soria.

En el teléfono celular confiscado no solo encontraron esa presunta evidencia. También hay mensajes, videos y audios de hace aproximadamente seis años.     

Bini llegó a Ecuador en 2013 y trabajó en proyectos informáticos. En abril de 2019 fue detenido luego de que el Gobierno denunciara un ataque cibernético contra instituciones públicas. Esas vulneraciones ocurrieron luego de que se le quitara el asilo diplomático a Julian Assange en Londres.

Para entonces, el sueco fue señalado como una persona cercana a quien fuera la cabeza de WikiLeaks. En sus entrevistas públicas, Ola Bini no ha negado su amistad con el australiano, pero aseveró que no trabajaron juntos.  

Él confirmó que en Ecuador laboró en su área en el desarrollo de software. Que no tuvo relación con el excanciller Ricardo Patiño, ni con el personal de la Secretaría Nacional de Inteligencia.

No obstante, para los investigadores de la Fiscalía aún se debe indagar sobre el trabajo que cumplía el extranjero en el país.

Una pista que analiza la Fiscalía es su relación contractual con la empresa ThoughtWorks Software de Ecuador. Esta compañía  tiene movimientos por  más de $ 22 millones en los últimos seis años.

Según la Fiscalía, esta  firma presuntamente fue representada por Marco A., quien también es investigado por el Ministerio Público y por su esposa.

Los investigadores del Ministerio Público tienen dos semanas para concluir su investigación. Luego de esto presentarán sus cargos ante los jueces de la Corte de Justicia de Pichincha. (I)