El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad, 129 votos, una resolución para que se investigue la entrega irregular de carnés de discapacidad. El presidente (encargado de la sesión), César Solórzano, decidió unificar los proyectos presentados por las asambleístas Elizabeth Cabezas y Marcela Holguín.

Entre sus puntos más relevantes, el documento contempla la comparecencia, ante la Comisión del Derecho a la Salud, del ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, con el fin de que informe sobre la obtención de los certificados o documentos que acreditan la calificación de la discapacidad y la certificación de condición discapacitante, emitidos desde 2013 hasta la presente fecha, de manera especial los emitidos a partir del 1 de enero de 2020.

Al mismo tiempo, se solicitó a la Comisión del Derecho a la Salud que inicie el proceso de investigación del otorgamiento de carnés entregados a los asambleístas y sus cónyuges, a partir de 2013, fecha en el que el Ministerio de Salud asumió la competencia, según la Ley Orgánica de Discapacidades.

Además, los legisladores exigieron que se apliquen las sanciones máximas a las personas responsables de la red de corrupción instaurada en los centros de salud del Ministerio de Salud Pública que a la fecha se encuentran en procesos de investigación penal, servidores públicos que han usufructuado del otorgamiento irregular de carnés de discapacidad sin el cumplimiento de los requisitos que la ley determina.

La resolución plantea también que acudan ante la Comisión las máximas autoridades de la Aduana, Servicio de Rentas Internas, Registro Civil, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y Consejo Nacional para la Igualdad Discapacidades para que, en el marco de sus competencias, expliquen sobre la importación de autos, registro nacional de personas con discapacidad, incremento de solicitudes para jubilaciones adelantadas en 1200 %, con el presunto uso fraudulento de carnés de discapacidad, entre otros temas.

Al mismo tiempo, los asambleístas expresaron su solidaridad y respeto a las personas con discapacidad cuyos derechos han sido usurpados por quienes de manera ilegal e ilegítima han usado los beneficios que la ley les otorga.

También rechazaron que en redes sociales y en algunos medios de comunicación se difame a los legisladores que poseen un carné de discapacidad, aseguraron que no han usado este documento para favorecerse. Propusieron también que se cree una Comisión Multipardista para que las investigaciones sean llevadas hasta las últimas consecuencias y que estos actos no queden en la impunidad. (I)