Esta podría ser la historia de cómo le robaron los huevos al águila. Todo comienza en las primeras páginas del expediente fiscal sobre la red que favoreció a Odebrecht con millonarios contratos del Estado.

Los investigadores diagramaron un mapa de relaciones de la constructora  en el país. Las averiguaciones les llevaron hasta Carlos P. C., también conocido como ‘Capaco’, un abogado con vínculos en el círculo político y económico más influyente de Guayaquil.

La hipótesis es que Odebrecht le entregó más de $ 6 millones desde   2010. El desarrollo de la indagación reflejó que parte de ese dinero ($ 1,9 millones) fue el pago por su asesoría jurídica con la firma Paresoci. Por cuatro años, Carlos P. C. fue uno de los abogados de confianza de la compañía brasileña.

El resto del dinero -cree la Fiscalía- sería parte de las coimas que entregó la constructora en el país. El exjefe de la multinacional en Ecuador, José Conceição Santos, reveló que sí hubo los pagos, pero dijo que se sintió engañado por ‘Capaco’.

Santos testificó que Carlos P. C. lo abordó en dos ocasiones para ofrecerse como intermediario para que la empresa tuviera un contacto con el exsecretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, quien era uno de los hombres más influyentes del gobierno de Rafael Correa.

Aseveró que le dieron $ 4,6 millones por esas gestiones y para demostrarlo detalló los años y montos de los depósitos (ver caja de datos). Sin embargo, el exjefe de Odebrecht no cree que ese dinero haya sido para Mera sino que fue a las cuentas bancarias de ‘Capaco’.

“El señor Carlos P. C. fue el abogado por algún tiempo de la empresa. Era una persona muy astuta, entonces no sentía confianza en lo que le indicaba (...) Era una persona que tenía varias conexiones con cuentas bancarias en el exterior, puede ser incluso que estas cuentas sean del propio señor Carlos P. C., por tanto deja abierto para la investigación”, consta en la transcripción  de su confesión ante la Fiscalía y la Corte Nacional.

Esas supuestas transferencias se hicieron a través de la empresa offshore Darmiston, que actualmente es indagada por la Fiscalía General del Estado. Esta compañía también aparece en la lista de los sobornos de Odebrecht que entregó la Justicia de Estados Unidos.

Para la Fiscalía General, esos son  indicios valederos para emprender una investigación contra Carlos P.C., y así lo hizo. El caso inició el 1 de octubre pasado y lleva la carátula de supuesto lavado de activos.

Coincidencialmente, es el mismo nombre que tiene otro juicio contra ‘Capaco’ en el Tribunal de Garantías Penales de Durán (Guayas). Allí es investigado por sus presuntos nexos con la red de coimas que se benefició de la rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas, otro de los casos de corrupción que conmocionó al país en el último año.

La acusación la realizó la coordinadora de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción de la Fiscalía, Diana Salazar. En su indagación sostuvo que se conformaron empresas offshore para triangular los sobornos que recibieron por los contratos de Petroecuador.

Una de esas compañías de papel fue Geapronsa, que era de los hijos del exgerente de la petrolera, Carlos P. Y. (‘Capaya’), primo de ‘Capaco’.

En los expedientes se revela que en 2014, el exfuncionario y su esposa transfirieron la propiedad de Geapronsa, pero antes encargaron a la empresa Construdipro, también proveedora de Petroecuador, la edificación de una casa. Por esa obra, la constructora emitió tres facturas por un total de $ 560.000, de los cuales solo se habría comprobado el pago de $ 306.000.

Por estas supuestas irregularidades, ‘Capaco’ y otras seis personas esperan que el Tribunal de Garantías Penales dicte una sentencia condenatoria o absolutoria.

El abogado de Carlos P. C., Alfonso Zambrano, aseguró que la Fiscalía se equivoca y explicó que su cliente participó, a través de un fideicomiso en Paresoci, en la compra de un terreno en 2011, y no para la construcción de una casa tres años después, como lo señala la Fiscal.

Por eso, Zambrano considera que la acusación contra su cliente es política y recuerda que el anterior gobierno lo catalogaba como “el cabecilla de la red de Petroecuador”. Esta acusación llevó a ‘Capaco’ a buscar asilo en Perú, país donde se encuentra hasta el momento.

El abogado también rechazó el testimonio del exejecutivo de Odebrecht, José Conceição Santos, y sostiene que el único dinero que recibió su defendido fue por sus servicios profesionales a la constructora, pagos que están inscritos en el SRI.

Recalcó que Carlos P. C. no pidió dinero a Odebrecht, tampoco tuvo contactos con Alexis Mera ni con  otra persona del  gobierno, porque no había afinidad con ellos.

Capaco siempre estuvo en la otra orilla ideológica. Su carrera se inició como asesor legal de Filanbanco, pero en 1984 fue secretario particular del expresidente Social Cristiano, León Febres-Cordero. Era uno de sus hombres de confianza, estuvo a su lado en la visita al exmandatario de EE.UU. Ronald Reagan. También trató de negociar con los comandos de Taura la liberación del Presidente y en el secuestro de Nahim Isaías, expropietario del desaparecido Filanbanco.

Se alejó de la política, pero fue parte del equipo de campaña presidencial de Jaime Nebot en 1996 y asesoró a Cynthia Viteri (PSC).

Zambrano resaltó que la versión del exjefe de Odebrecht no es creíble porque Santos, por su experiencia, era difícil que se haya dejado engañar y entregar el dinero sin ninguna verificación.

¿Quién es y dónde está José A.?

El primer encuentro entre Ricardo R. y el principal de Odebrecht, José Conceição Santos, fue en un departamento en Quito. Así lo recordó Ricardo R., quien confesó que esa reunión la coordinó un hombre de su confianza llamado José A. El encuentro ocurrió en 2010, cuando la constructora brasileña planeaba su retorno al país.

Santos también recuerda esa cita. Él testificó que Ricardo R. lo buscó en ese año para pedirle $ 2 millones a cambio de “tener acceso al señor Jorge G.”, entonces ministro coordinador de Sectores Estratégicos y uno de los protagonistas de la demanda ecuatoriana contra Odebrecht por la central San Francisco.

En su confesión sostuvo que ese fue el primer pago que hicieron de un total de $ 14 millones que presuntamente le entregaron a Ricardo R. para favorecerse con más contratos con el sector público.

En cambio, Ricardo R. indicó que todo es mentira y que Santos le propuso gestionar un contrato de telecomunicaciones en la región andina, por lo cual ganó $ 1 millón.

¿Quién es José A.? En la investigación de la Fiscalía hay varias pistas. La primera es el testimonio del propio Ricardo R., quien relató que fue su asesor en temas legales y su abogado. Sin embargo, el rol más importante de José A. fue ser el supuesto nexo con empresarios de Odebrecht y con otros extranjeros interesados en participar en proyectos de comunicación satelital.

Ricardo R. se autodefine como uno de los expertos más importantes en esa área en el país. Aseguró que trabajó para las FF.AA. donde programó su sistema de defensa satelital que fue clave para la guerra del Cenepa de 1995. También dijo que fue el pionero en las transmisiones satelitales para la TV local.

Gracias a José A. conoció a Michael Ying, otra vez en 2010, quien presuntamente era representante de Glory International Industries. Un nombre muy similar tiene una empresa investigada por la Fiscalía por triangular dinero para Odebrecht y que habría llegado presuntamente a manos de Ricardo R.

Otro indicio de José A. aparece en las millonarias transferencias que supuestamente recibió Ricardo R. y que fueron denunciadas por el exasambleísta Andrés Páez en  2015. En enero de ese año, el político declaró que Ricardo R. y José A.  recibieron 27 transferencias por más de $ 22 millones. De esa cifra, casi $ 3 millones fueron a José A.

Ricardo R. dijo que el hombre que lo llevó hasta Odebrecht y los inversionistas chinos murió en 2014.

Sin embargo, el rastro de este intermediario aparece en las pruebas que un testigo protegido dio a la Fiscalía General del Estado.

En marzo de 2014, José A. envió e-mails a Ricardo R. en los que le informaba el avance de las negociaciones para una multimillonaria inversión minera de un grupo extranjero. Un mes después, en abril, esa propuesta llegó al despacho del Vicepresidente, Jorge G., aunque este negocio nunca se concretó.

Ahora, la Fiscalía investiga si es verdad que José A. falleció o solo es una coartada para despistar.

El contacto del excontralor Pólit

En 2010 Odebrecht buscaba sin cesar su retorno a Ecuador, luego de dos años sin tener contratos y con una cola de juicios y glosas que pagar en la Contraloría. Entonces, según José Conceição Santos, quería tener un nexo que los llevara hasta el principal organismo de control del manejo de los recursos públicos.

Ahí fue importante la gestión de Juan M., de quien se conoce poco, solo se sabe que es un abogado que  posiblemente trabaja en Quito, por lo que la Fiscalía busca ahondar en cuál fue su relación con Odebrecht.

De acuerdo con Santos, este abogado tenía un vínculo cercano con el excontralor. Él organizó la primera reunión que se dio en una suite en el Swissotel en Quito. La misma habitación donde se hospedaba habitualmente el exfuncionario

En ese entonces, Contraloría emitió glosas derivadas de los daños ocurridos en la construcción de la hidroeléctrica San Francisco. Los auditores fijaron multas y glosas administrativas por $ 70 millones.

El objetivo de Santos era librarse del pago y para eso necesitaba la ayuda del hombre fuerte de Contraloría, Carlos P., y consiguió su propósito: las multas fueron desvanecidas, atrincherándose en un arreglo al que habría llegado el gobierno anterior con Odebrecht.

No obstante, luego se conoció que la constructora brasileña presuntamente sobornó al excontralor  para liberarse de las glosas. El testimonio de Santos aseguró que esa relación no terminó en el juzgamiento de la central San Francisco, sino que siguió por muchos años.

El exdirector de Odebrecht sostuvo que pagó $ 10 millones al excontralor para que los mantenga inmunes a cualquier problema en los contratos que ejecutaba en el país.

Según su versión, así ocurrió con la adjudicación de la hidroeléctrica Manduriacu, del poliducto Pascuales - Cuenca, el trasvase Daule -Santa Elena, de las obras en los terrenos de la Refinería del Pacífico y por el acueducto La Esperanza. En todos ellos, Odebrecht salió airoso de cualquier auditoría.

Hernán Ulloa, abogado del excontralor, manifestó que la declaración es una retaliación de Odebrecht. Negó cualquier soborno para eludir los controles del Estado. (I)

Las transferencias

El exdirector de Odebrecht en el país, José Santos, dijo que el primer pago a ‘Capaco’ fue $ 1,3 millones. Ese dinero supuestamente se entregó para regresar al país.

En el segundo pago se dieron $ 3,5 millones. Según José Santos, esa cifra se entregó a Carlos P. C. para que gracias a sus influencias los contratos con el Estado no tuvieran inconvenientes.

Esas presuntas transferencias fueron hechas entre abril de 2012 y febrero de 2013, según el exdirector de Odebrecht en Ecuador. Además, sostuvo que fueron 13 depósitos hasta completar los $ 3,5 millones.

Alfonso Zambrano, abogado de Carlos P. C., rechazó la indagación por supuesto lavado de activos que abrió la Fiscalía, porque se sustenta solo en la versión del exdirector de Odebrecht, José Santos. Añadió que aún no recibe la notificación oficial de la Fiscalía.

Uno de los argumentos de Zambrano es que Santos se contradice con el acuerdo al que llegó Odebrecht en EE.UU., donde revelaron que se pagaron $ 33 millones en Ecuador, pero Santos dijo que fueron $ 40 millones.

Carlos P. C. acusó a los fiscales y a la Unidad de Investigaciones Financieras de violar las leyes de Estados Unidos, para conseguir sus datos financieros. Él inició una demanda en ese país contra los funcionarios.

Esa querella acusa a la Fiscalía de obtener información ilícitamente de los correos de Carlos P. C., ya que esa información no constó en los documentos enviados a través de la Asistencia Penal Internacional a EE.UU.

No se conoce el avance de ese caso en los  EE.UU. Carlos P. C. se asila en Perú y el Gobierno de Ecudor pidió que sea repatriado para que afronte los procesos penales. (I)

Un mapeo de los juicios

Caso de asociación ilícita En los próximos días, el juez Miguel Jurado convocará a  la Fiscalía, liderada por Carlos Baca, para que presente su dictamen.

El primer juicio

(22/04/2017)

El proceso penal en contra del exministro de Electricidad, Alecksey M., está en la Corte Nacional de Justicia. Se espera que se convoque a la audiencia previa al juicio.

El exministro Aleckesy M. afrontó otro juicio por ingreso de artículos prohibidos a la cárcel. Finalmente no fue sancionado.

Otra demanda

(28/07/2017)

Contra Carlos P.

(02/06/2017)

El excontralor es acusado de supuesta concusión para favorecer a Odebrecht. El caso está en la etapa de instrucción fiscal.

Más investigados

(27/10/2017)

La Fiscalía cree que hay más responsables en el proceso por supuestas coimas al excontralor. Indagará a otras tres personas.

En la Fiscalía

(21/08/2017)

El excontralor, Carlos P., fue incluido en el proceso por asociación ilícita. También pudiera ser indagado por supuesto lavado.

¿Asociación ilícita?

(01/06/2017)

La investigación contra Ricardo R., tío del Vicepresidente, inició con la llegada de la asistencia penal de Brasil, donde se lo vincula con los sobornos de Odebrecht.

El caso de Jorge G.

(21/08/2017)

Ese día, la Fiscalía   vinculó oficialmente al vicepresidente Jorge G. en la indagación por supuestamente asociarse para ayudar a Odebrecht.

La detención (25/10/2017)

El juez de la Corte Nacional, Miguel Jurado, aceptó el pedido de la Fiscalía y ordenó el arresto del Vicepresidente. Medida que la cumple.