El alcalde de Cotacachi (Imbabura), Auki Tituaña, conversó con EL TELÉGRAFO sobre la problemática generada por la minería ilegal en la parroquia vecina de Buenos Aires. Considera que debió ser controlada a tiempo por el gobierno de Rafael Correa, ya que desde hace 5 años se sabía de esto.

El alcalde, quien es uno de los cuatro postulantes a liderar la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), sostiene que esa “herencia”, sin embargo, la está afrontando bien el actual Gobierno, pero advierte que debe seguirse actuando para evitar que llegue a las ciudades y que se salga de las manos esa situación de inseguridad.

Incluso, dice que desde la AME se debe colaborar para afrontar este delicado tema.

¿Qué se debe hacer para ayudar a desactivar esa especie de bomba de tiempo en la parroquia Buenos Aires, vecina a Cotacachi, en donde usted es el alcalde? ¿Qué hacer como cantones aledaños y desde la AME ante tan grave problema que se vive por el tema de la minería ilegal?
Esta bomba de tiempo actual que es la minería ilegal en Buenos Aires es responsabilidad del Gobierno, desde hace
5 años.

Exigimos (a su debido tiempo), pedimos que se dictaran políticas claras, pero cuando se titubea y no se deciden por qué camino enrumbarse, se dan facilidades para que los informales, los ilegales, hagan su agosto.

Este problema está presente desde hace 5 años, pero recién se actúa, aunque claro que este Gobierno recién tiene 2 años.

¿Es una herencia del gobierno de Correa porque sabían y aun así no actuaron?
Es una herencia que se debió controlar con anterioridad.

¿Qué se debe hacer?
La medida que ha tomado (el actual Gobierno) me parece acertada, con la presencia militar y policial, hasta depurar el sitio de la gente que está dedicada a ello ilegalmente.

Debe aplicarse la ley vigente para que no se siga dando la informalidad en la explotación minera. Que se la haga pero de manera regularizada, esa sería una de las soluciones, especialmente si se confirma la existencia de grandes reservas de oro y minerales en general.

Que concesionen, pero que consulten a las autoridades parroquiales, comunitarias y alcaldes, cumpliendo la ley. Buenos Aires debe ser el espejo de lo que no se debe hacer en otros territorios, porque se ha confirmado que en Carchi e Imbabura hay más reservas minerales.

¿Qué fenómenos han visto cantones vecinos a Buenos Aires como consecuencia de esto, desde hace 5 años?
Desde Buenos Aires se conecta a la parte occidental del Cerro Cotacachi y por ahí entiendo que han hecho  una ruta de traspaso ilegal de materiales.

Ha generado también un impacto directo en la producción porque la gente piensa, por ejemplo, que es más fácil ser chofer, una suerte de “mula” moderna y dedicarse a esa actividad.

Abandonan la agricultura porque saben que les pagan de $ 100 a $ 150 diarios por transportar. Esto hace que no haya producción y no quede otra alternativa que comprar fuera a un mayor costo.

Se produce esto y lo conocemos de cerca porque en la zona de Íntag (Imbabura) también hay reservas minerales y hemos enfrentado desde 1996 estos problemas de la presencia de las transnacionales, el incumplimiento de las leyes desde las autoridades de turno, la creación de grupos armados paramilitares y la presunta presencia de la guerrilla colombiana.

Desde la AME generaremos mesas de diálogo y también de aclaraciones de los roles importantes, porque también los alcaldes no decidimos respecto a si va o no la minería. Esa es una potestad del Gobierno Nacional, y ahí tienen que aclararse los papeles de cada uno de los actores.

¿Qué otras consecuencias ha acarreado la minería ilegal?
Se dice que hay problemas de prostitución, de venta de drogas y alcohol. En sitios donde no existen ni siquiera servicios básicos, todo se vuelve negocio, hasta la vida. Hay que actuar de forma urgente y evitar que eso que ahora sucede en el área rural de la provincia de Imbabura, llegue a las ciudades, evitar que se salga de las manos. (I)