"Tenemos un problema y debemos enfrentarlo; tenemos que ser sensatos ante este problema para evitar males mayores como es la pérdida de puestos de trabajo", advirtió el presidente Rafael Correa durante el Enlace N°465, transmitido desde el estadio de Vilcabamba, en la provincia de Loja.

Con esta frase introdujo una exposición que previamente anunció en su cuenta de Twitter sobre el proyecto de Ley para Promoción y Fomento del Empleo.    

El mandatario destacó los objetivos de la normativa como proteger el empleo digno del país como derecho fundamental de los trabajadores; promover el acceso de jóvenes a su primer empleo; estimular la vinculación del estudiante universitario con la empresa privada mediante pasantías; optimizar la jornada de trabajo para dinamizar la producción, garantizando los derechos de los trabajadores y amparar a los afiliados en situación de desempleo.

El contrato juvenil fue el primer punto que abordó y manifestó las aristas entorno al tema como por ejemplo, sobre aquellos interesados en trabajar pero que no cuentan con la experiencia y se les dificulta conseguir empleo, de lo cual cuestionó: "¿Cómo voy a tener experiencia si no me contratan?".  

El incentivo para la contratación de estos jóvenes, que de acuerdo a la propuesta acoge a jóvenes de 18 a 24 años (se aceptó la extensión a 26 años), se basa en que el Estado pagará la afiliación al IESS que le corresponde al empleador. Esto quiere decir, que en vez de que el empleador le cancele al Seguro Social, el Estado cubrirá hasta dos salarios básicos. Éste solo cubrirá una nómina del 20% de trabajadores, por un contrato con duración de 1 año, prorrogable a 2  años.

En cuanto a la jornada de trabajo por día señaló que no se sacrificarán los derechos del empleado y aclaró que "jamás permitiremos como era antes, con la tercerización, con toda esa forma de explotación, que la rentabilidad de una empresa se base en la explotación del trabajador".

Según el proyecto, se permitirá un pacto que establezca una jornada laboral que exceda las 8 horas diarias, sin superar el máximo en 40 horas semanales, ni de 10 horas al día. Con esta modalidad la empresa podrá ahorrar algunos costos, como la electricidad durante fines de semana, beneficiando a quienes se acojan a la ley.

Para despejar dudas en este tema, por considerar que se estaría estafando con las horas extras, el mandatario aclaró que "el tiempo que exceda el límite de las 40 horas semanales, se pagará como horas extraordinarias y suplementarias".

Respecto a la jornada reducida  podrá tener un límite de 30 horas semanales, es decir, 6 hora diarias  de lunes a viernes. Pero recordó que  esto solo se podrá aplicar con un previo acuerdo entre el empleador y trabajador.

El presidente recomendó que podrán acogerse a la ley las empresas que estén atravesando una crisis económicamente grave, con posibilidad de cierre, donde se podrían perder puestos de trabajo. Un tema que sigue discutiéndose en la Asamblea, donde se analiza aún que se tomarían en cuenta los casos de empresas que hayan perdido el 30% de sus ingresos.

Subrayó además que esta medida podrá ser aplicada solo durante 6 meses, renovables por una sola vez. "No es que siempre van a trabajar por 6 horas, solo en caso de emergencia y por un período determinado. El Pago del IESS no disminuye. Se pagará sobre 8 horas", reseñó.

"El empleador  no podrá pagar utilidades a sus socios hasta que cumpla el pago de la jornada completa", recalcó Correa y explicó que así no se hayan trabajado estas horas, la empresa deberá cancelarlas antes de liquidar sus utilidades. (I)