El Gobierno Nacional y el pueblo huaorani mantienen encuentros constantes en los que se abordan las diferentes problemáticas que sufren los amazónicos.

El diálogo está a cargo de la Secretaría Nacional de Gestión Política (SNGP), cuya titular es Betty Tola. El proceso inició en septiembre pasado, cuando el presidente Rafael Correa visitó Guiyero (Orellana), donde se reunió con representantes de 53 comunidades.

En ese momento la Asamblea discutía la explotación del bloque ITT y el Primer Mandatario acudió a la zona para garantizar la extracción responsable del petróleo en la zona donde habitan los huaoranis.

En el encuentro, los indígenas plantearon sus demandas que giran en torno al acceso a educación (pidieron escuelas del milenio) y salud. A partir de allí, las reuniones se han dado con una periodicidad mensual o quincenal.

La última fue el miércoles 29 de enero, en Quito, en la que estuvieron Tola y funcionarios de los ministerios de Salud, Justicia y Agricultura. Del otro lado participaron Moi Enomenga, presidente de la Nacionalidad Waorani, y la vicepresidenta Alicia Cawiya.

Las demandas básicamente son las mismas, comenta Patricia Sarzosa, viceministra de la SNGP. Aparte de educación y salud, los huaoranis quieren alternativas productivas diferentes a la pesca, caza y recolección de frutos, que son sus actividades tradicionales.

Por eso aspiran a acceder a formación profesional. La funcionaria considera que ese anhelo está en consonancia con la meta del Gobierno de sacar de la pobreza a la Amazonía.

Aclara que la construcción de infraestructura será de manera amigable con la naturaleza, teniendo en cuenta que las comunidades habitan en plena selva.

Otra demanda es la delimitación del territorio huaorani, que Sarzosa reconoce no está clara en una franja, lo que ha ocasionado choques con los colonos del sector. Por eso advierte que si son necesarias las reubicaciones de los mestizos, se procederá con las mismas.

En los últimos días se ha colado en el diálogo la situación de los 7 indígenas detenidos por su supuesta participación en la matanza de los taromenanis. Moi Enomenga pidió a las autoridades gubernamentales la liberación de sus compañeros, pero es poco lo que el Ejecutivo puede hacer considerando que la suerte de estas personas está en manos de la Función Judicial.

El dirigente huaorani indicó que en todas las áreas se ha avanzado, que el Gobierno se ha comprometido en darles educación, salud y mejores condiciones de vida. Pero cuando menciona la situación de los 7 detenidos, su tono de voz cambia.

El martes, en El Coca estaba prevista una audiencia judicial con la que los huaoranis esperaban conseguir la libertad de sus coterráneos, pero esto no ocurrió.

En un diálogo con EL TELÉGRAFO, Enomenga anunció una marcha a Quito a mediados de febrero para exigir la liberación de sus compañeros.

En la reunión con Tola, se propuso que el Estado ecuatoriano estudie experiencias de otros países sobre el juzgamiento de indígenas, teniendo en cuenta sus tradiciones ancestrales.

De hecho, la Fiscalía General del Estado presentó a la Corte Constitucional un pedido para que instruya cómo proceder con los aprehendidos y al mismo tiempo respetar sus derechos colectivos.

Antecedentes

El 18 de septiembre pasado, el presidente Rafael Correa y la secretaria de Gestión Política, Betty Tola, visitaron Guiyero, en Orellana, donde se reunieron con líderes huaoranis.

El 3 de octubre la Asamblea Nacional aprobó la explotación del bloque ITT, ubicado en la provincia de Orellana, donde también vive gran parte de las comunidades huaoranis.

El 17 de octubre una marcha de mujeres amazónicas arriba a Quito para pedir la no explotación del bloque ITT que se encuentra en el Parque Nacional Yasuní.

El 29 de octubre la asamblea huaorani, reunida en Shell, expresó su apoyo a la explotación responsable del bloque ITT y la inversión social en la Amazonía.