Las investigaciones de la Fiscalía y la versión de varias personas, entre ellas de los mismos participantes de la presunta muerte de 20 miembros del pueblo en aislamiento voluntario de los taromenanes, van desentrañando los pormenores de ese hecho, ocurrido en abril pasado en un área protegida del Parque Nacional Yasuní, en la provincia de Orellana.

Estas muertes entre miembros de etnias en la Amazonía cobraron vigencia la semana pasada, tras el rescate de una de las niñas sobrevivientes a la masacre, quien ahora se encuentra amparada por el Estado, tomando en cuenta que los pueblos no contactados están protegidos por un plan de medidas cautelares desde el 10 de mayo de 2006, por disposición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), tras la masacre de taromenanes y tagaeris realizada en aquella época por los waoranis.

Allí se estipuló que el Estado tiene la obligación de respetar la decisión de las tribus en aislamiento voluntario y de la provisión de elementos necesarios para su desarrollo, que garantice que no se vulneren sus derechos humanos.

Este, en cambio, no es el caso de los waoranis, pues estos aceptaron el contacto con la civilización en la década de 1950, por lo que se deben a un “estado de derecho”, según coincidieron en destacar antropólogos, penalistas y autoridades judiciales y políticas del país, como informó ayer EL TELÉGRAFO.

Además, en los meses posteriores a esa masacre se detuvo a 6 de los 15 waoranis que, presuntamente, participaron del ataque a los taromenanes. Contra ellos, la semana anterior, en base a las pruebas documentales y testimoniales recogidas (elementos de convicción), la Fiscalía solicitó al Juzgado de Garantías Penales de Orellana que ordene la prisión preventiva, para garantizar su comparecencia en los 90 días que durará la etapa de instrucción fiscal.

VENGANZA CON ARMAS DE FUEGO
La decisión de atacar a los taromenanes se dio tras las muertes de los ancianos waorani Ompure Omeway y Buganey Caiga (esposos), cometidas supuestamente por miembros del pueblo en aislamiento voluntario, el 29 de marzo pasado, en un área selvática del Parque Yasuní (Orellana).

Para vengarse, según las investigaciones, los indígenas waoranis no utilizaron sus tradicionales lanzas, sino que días antes de iniciar la incursión a la selva, adquirieron armas en Puerto Pompeya (Orellana), que supuestamente “las vende un capitán de apellido Silva, quien antes trabajaba en Petrobell, que es amigo de Orengo (líder de una de las comunidades waoranis)”.

En la versión de uno de los investigados consta que quienes entraron a cobrar venganza figuran: Orengo T., Cowe T., Araba O., Enqueri B., Guinkawe I., Kague (hijo de Ompure), Benancio Y., Tague C., Enenguime E. y otros. Ingresaron con escopetas calibre 16, carabina calibre 22, pistolas calibre 38, armas que posiblemente compraron... Mataron y regresaron a la comunidad de Yarentaro llevando a las niñas...”.

“Enrique habló con las personas que habían matado a los taromenane, siendo unos 10 los que formaron parte de la matanza. Los nombres que conozco son Arabá O., Boca Q., Inihua, Enqueri, Orengo, Benancio Y., Aiwa y dos hijos más de Ompure y Buganey”, resaltó otras de las personas en su versión.

Añadió que “conoce que para la matanza utilizaron carabinas, cartuchos y luego que los mataron, usaron las lanzas. Eso cuenta la gente de la zona, incluso dicen que Tementa A. había matado a todos los niños con un palo, les había dado en la cabeza; sobrevivieron dos niñas taromenane porque habían estado escondidas, y Tementa había querido matarlas en el camino pero los hijos de Ompure no se lo permitieron. Indicó que la búsqueda duró 8 días, pero el regreso solo dos”.

En la versión de un funcionario ministerial, en cambio, consta: “Las dos niñas, al parecer de origen taromenane, fueron adoptadas por la familia de Kaguime y Tewane. De lo constatado, una de las niñas tendría entre 5 y 7 años, quien fue adoptada por Kaguime dentro de la comunidad de Yarentaro, la otra niña tendría entre 2 y 3 años, y fue adoptada por Tewane en el sector de Ñemenguno y le pusieron de nombre Conta”.

Una indígena waoranis contó que “las niñas me dijeron cómo mataron a sus padres: fue Benancio Y. quien le disparó a su madre”.

La versión de otra persona permitió determinar que “entre las personas que conocen de los hechos están Ramón E. y Narcisa T., ellos también saben de las armas... No sabe si tomaron fotos o filmaron la matanza, pero que quien tenía celular era Orengo y Benancio. Cuando llegaron donde estaban los taromenane llovía fuerte, por eso todos estaban dentro de la casa... Algunas personas escaparon...”. Luego de ello les clavaron las 13 lanzas que también llevaron los atacantes.

Un familiar de Ompure justificó su intervención en las muertes de taromenanes señalando: “Quedamos con sufrimiento la familia, lloramos, después hemos pensado como waoranis, que siempre ha sido nuestra cultura, si alguien vengaba, se desquitaban de igual forma”.

Añadió que “luego de la muerte decidimos entrar al lugar donde estaban tagaeri-taromenanes. Ya eran las 16:30, la gente que estaba ahí cantaba, se escuchaba el eco, parecía que estaban cerca, llovía, llegamos y atacamos directo, yo llevé lanza. En el ataque un grupo escapó; participé en las muertes y regresé rápido… después de matar regresamos”.

LÍDER WAORANI ADMITE “ERROR”
Alicia Cawiya, vicepresidenta de la comunidad waorani, ayer en entrevista con radio Sonorama, anunció que hoy la dirigencia indígena de ese pueblo se reunirá en la ciudad de El Coca (Orellana), para decidir los pasos por seguir tras el rescate de la niña por parte del Estado y la detención de 6 waoranis implicados en las muertes.

A decir de Cawiya, la Fiscalía consultó a la dirigencia waorani antes de ingresar al territorio indígena y rescatar a la niña.

Pese a que han pasado 8 meses desde aquella masacre de taromenanes, la líder waorani consideró que “hubieran arreglado de buena voluntad, porque entraron helicópteros, encapuchados (...) eso no se debe hacer. Sin embargo -según recogió el portal Ecuadorinmediato-, Cawiya admitió que esa comunidad sí cometió un “error” al matar a indígenas taromenanes. “Las comunidades están bien al tanto de los problemas que tienen ahora, dicen que hasta solucionar no pueden entrar las petroleras o los gobiernos, las puertas cerraron, estamos preocupados como dirigentes”.

Indicó que la niña debe volver a manos indígenas, para después devolverla a territorio taromenane, y que los seis detenidos no deben ser juzgados por la justicia ordinaria, sino en el ámbito de la jurisdicción indígena.

MATANZA ENCAJA COMO DELITO DE ACCIÓN PÚBLICA

Tras investigar ocho meses y reunir los elementos de convicción, la Fiscalía de Orellana solicitó al juez penal que notifique con el inicio de instrucción fiscal a los implicados.

A fin de garantizar la asistencia de quienes habrían participado en la masacre de taromenanes, solicitó al juez la prisión preventiva.

Ello, tras determinar que hay indicios suficientes sobre la existencia de un delito de acción pública, como son el genocidio y etnocidio, por lo que requiere ser sancionado.

El Título Sexto de los delitos contra las personas, capítulo innumerado de los delitos de genocidio y etnocidio, en el art. 440, numeral 1, se establece que la comisión del delito que se investiga será sancionado con pena de reclusión mayor especial de 16 a 25 años.