“Soy de Guayaquil, tengo 20 años. Conocí a Manuel Bohórquez por medio de una tía que trabajaba en la precampaña y ahora le acompaña a recorrer las parroquias para la reelección. Allí reparten pollos, árboles y dulces. Mi tía me dijo que había un puesto con él porque es concejal. Me deslumbré por el cargo en el Municipio y vine el 22 de agosto a Quito”, contó a EL TELÉGRAFO Nubia Legña, quien actualmente vive sola en la capital y no tiene empleo desde que fue despedida, según ella, por no acceder a las pretensiones de ‘Manuelito’, como el edil prefiere que lo llamen.

Nubia denunció al funcionario (Nº 170101813124315) en la Fiscalía 3, especializada en violencia sexual e intrafamiliar, por el supuesto delito de acoso sexual. La joven contó que el 2 de septiembre del año anterior, él la llamó para ofrecerle un puesto en su despacho. Para ello, el propio edil ingresó sus documentos, tras lo cual empezó a trabajar percibiendo un sueldo de 817 dólares, pero con el aporte al IESS recibía $ 700, de los cuales tenía que entregarle la mitad al concejal, relató.

Algunos de sus excolaboradores le entregaban la cifra en efectivo, otros a través de depósitos en su cuenta (ver facsímil).

“ACUERDOS” Y ACOSO SEXUAL
“Un día hablaba con Bohórquez y me pidió fidelidad, lealtad y confidencialidad, tres cosas fundamentales porque -según él- nadie le apoyaba en la oficina; ¡hasta sentí pena! En esa conversación dijo que íbamos a llegar a un acuerdo: ‘Necesito que me des el 50% de ese sueldo: $350 para ti y $350 para mí, pero no se lo cuentes a nadie’”, narró.

Nubia aceptó la propuesta del político de filas del Partido Sociedad Patriótica (PSP) porque pensó que quería probar su lealtad y creyó que a fin de mes le dejaría su sueldo intacto. La joven trabajó cuatro meses con él (septiembre-diciembre). Le entregó la mitad de los dos primeros sueldos, pero al tercer mes no lo hizo porque tuvo que enviar dinero de manera urgente a su padre en Guayaquil. “Cuando le expliqué eso, él dijo que no tenía por qué coger algo que no era mío. ¡O sea, el sueldo no era mío, le pertenecía a él! Me pidió la renuncia, pero que no le pusiera fecha al documento porque él vería cuándo la utilizaría. No le firmé nada. Eso fue el 2 de diciembre y me tocaba darle la mitad del sueldo de noviembre”.

Pese a todo, ese mismo día -según Legña- el concejal firmó la renovación de su contrato por un año, hasta el 31 de diciembre de 2014. Por esa razón siguió acudiendo a laborar, pero él, por medio de su tía, le insistió en que tomase vacaciones para decir “que había faltado tres días, que abandoné mi trabajo”.

Nubia laboraba en el despacho de lunes a viernes, sin horario, y los fines de semana tenía que acompañar a Bohórquez en los recorridos de precampaña. Su trabajo consistía en llevarle la agenda de actividades al edil, por lo que pasaba todo el tiempo con “Manuelito”. “Una vez estábamos almorzando y me preguntó si tenía novio. Le contesté que sí y me indicó que no lo tomase a mal pero que yo le gustaba. Me quedé fría, no sabía cómo reaccionar; le sugerí pensar que era un hombre casado y que tenía hijas de mi edad, que yo solo había entrado a trabajar y no por otros asuntos. Entonces se fue y me dejó con el chofer”, añadió.

En otra ocasión le preguntó: “¿Me darías un beso?”. Ella le contestó que no, que no hiciera algo que le desagradara y que dañara su dignidad. “Esa vez lloré toda la noche”, recordó la joven.

En su denuncia ante la Fiscalía, la afectada contó: “... el Concejal me solicitaba besos, trataba de coger mis piernas y manos, me quitaba el celular para saber a quién le enviaba mensajes o con quién hablaba”.

Según ella, cuando habló con él para pedirle que reconsiderase lo de seguirle quitando la mitad del sueldo, Bohórquez le indicó que ella podría quedarse con todo y hasta más si llegaban a un acuerdo. Legña volvió a rechazar cualquier tipo de insinuación. Por ese motivo, el 27 de diciembre pasado, a pesar de que el concejal le firmó la renovación del contrato, mediante oficio finalmente pidió dar por terminado el vínculo laboral. En Recursos Humanos le indicaron que solo tenían la terminación, no la renovación del contrato y que no podían hacer nada.

QUITO HONESTO INVESTIGA
Rosario Utreras, presidenta de la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción Quito Honesto, confirmó a EL TELÉGRAFO que allí reposa la denuncia por acoso sexual y por el retiro de un porcentaje de los sueldos a los empleados, instaurada por Nubia Mabel Legña Gómez contra Bohórquez.

Señaló que ese trámite está en “etapa de prueba”, por lo que no puede dar mayores detalles. Dijo que han acudido a rendir su versión varias personas, pero que aún deberá darse la ratificación de la denuncia por escrito, por parte de Nubia, y fijarse día y hora para que el implicado rinda su versión.

Para que Quito Honesto emita su informe al Concejo Metropolitano, no tienen término ni plazo judicial. El delito que se investiga es “presunción de corrupción”. De haber indicios de responsabilidad, no solo que el Concejo podría destituir al concejal, sino que el informe sería remitido a la Fiscalía.

Sin embargo, parecería que a Bohórquez le tranquiliza saber que la investigación de Quito Honesto no tiene plazo ni término. Por ello, en el breve diálogo con este Diario, el 26 de enero pasado, el concejal dijo: “En Quito Honesto una investigación así demora años, no pueden sacar una resolución en 15 días”. Además preguntó: “¿Por qué comienzan esto en época de campaña?”.

Indicó que alista una contrademanda por daño moral en contra de Legña, pues “no puede cualquier persona inventarse, denunciar, lanzar lodo y decir aquí le acabamos”.

DENUNCIANTES PIDEN SANCIÓN PARA CONCEJAL

Al igual que con la joven guayaquileña Nubia Legña, en el despacho del concejal Manuel Bohórquez se habrían dado otros casos de acoso sexual.

Una mujer que pidió no ser identificada porque se dice que el político es “muy influyente”, relató a EL TELÉGRAFO que durante varios meses que trabajó con él siempre actuó “hecho el galán”.

“Una vez me preguntó que cuándo le invitaba a un café, pero enseguida me retiré. Me trataba de coger la mano, incluso una vez frente a todos mis compañeros me topó la quijada. Ya me dio miedo entrar a su despacho. Sé que el concejal rentó un cuarto en las calles Espejo y Montúfar, en el centro de Quito, para llevar a las chicas. A ese sitio lo denominaban el ‘matadero’”, según contó la exempleada. Esta supuesta víctima de acoso sexual del concejal, así como Nubia y otras mujeres, coinciden en que no quieren dinero ni sacar provecho de esto, solo piden que se investigue, se determinen responsabilidades y que se sancione al concejal para que no siga perjudicando a otras jóvenes.

“Quiero justicia, que ya no siga pidiendo dinero a quienes pone a trabajar con sueldo del Municipio, peor que acose a las chicas.

Me dijeron que él puede darme dinero para que no siga con la demanda, pero no deseo eso, solo quiero que se haga algo porque hasta ahora nadie lo ha sancionado”, manifestó Nubia.

Datos

La Constitución ecuatoriana y el Código Penal tipifican y sancionan el delito de acoso sexual y todo acto de violencia contra la mujer.

El Capítulo III del Código Penal señala: “El que solicitare favores de naturaleza sexual para sí o para un tercero prevaliéndose de una situación de superioridad laboral, docente o análoga, con el anuncio expreso o tácito de causar a la víctima un mal relacionado con las legítimas expectativas que pueda tener en el ámbito de dicha relación, será castigado como autor de acoso sexual con la pena de arresto de doce a veinticuatro fines de semana o multa de seis a doce meses”.

El artículo 511, numeral 1, del mismo Código Penal, señala: “El que solicitare favores de naturaleza sexual para sí o para un tercero prevaliéndose de una situación de superioridad laboral, docente o análoga, con el anuncio expreso o tácito de causar a la víctima un mal relacionado con las legítimas expectativas que pueda tener en el ámbito de dicha relación, será castigado como autor de acoso sexual con pena de prisión de seis meses a dos años.

La Constitución del Estado se refiere al derecho laboral que tienen las mujeres a la igualdad de oportunidades y la prohibición de todo acto de acoso y violencia.

El artículo 331 de la Carta Magna señala: “El Estado garantizará a las mujeres igualdad en el acceso al empleo, a la formación y promoción laboral y profesional, a la remuneración equitativa, y a la iniciativa de trabajo autónomo. Se adoptarán todas las medidas necesarias para eliminar las desigualdades”.

Ese mismo artículo 331 destaca: “Se prohíbe toda forma de discriminación, acoso o acto de violencia de cualquier índole, sea directa o indirecta, que afecte a las mujeres en el trabajo”.

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