Para Almícar Tapia, morador y dirigente de la parroquia rural Alaquez, la audiencia pública sobre el proyecto de Ley de Recursos Hídricos, que se realizó el pasado miércoles en Latacunga, fue la oportunidad para aportar con propuestas a una normativa que busca una mejor distribución del agua.

Ese día se levantó más temprano que de costumbre. A las 05:00 comenzó a alistarse para llegar a tiempo a la cita con los asambleístas con quienes, junto a otros dirigentes locales, debía discutir las propuestas sobre la nueva norma. Todos debían acudir a la Delegación Provincial Electoral de Cotopaxi.

Su desayuno fue un sencillo ‘chapo’ (harina de cebada disuelta en leche). Salió a las 06:00 de su casa, una pequeña morada de construcción mixta ubicada en el barrio El Tejar (25 minutos al noroccidente de la parroquia).

EL 14 DE ABRIL TERMINARÁN LAS CONSULTAS

En la Asamblea Nacional, en Quito, se realizó ayer la audiencia provincial para Pichincha de la consulta prelegislativa de la Ley de Recursos Hídricos, con la presencia de más de 2.000 representantes de las comunidades indígenas y campesinas.
En la cita estuvieron Carlos Pérez, presidente de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari); y Humberto Cholango, titular de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). El asambleísta Mauricio Proaño, vicepresidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, presidió la audiencia.
 La consulta prelegislativa terminará el 14 de abril y luego de ello la mesa legislativa tendrá 15 días para preparar el informe. Transcurrido este tiempo se llamará a la mesa nacional, que está integrada por las organizaciones de tercer grado del país, entre ellas la Conaie y Ecuarunari, para analizar las propuestas de las comunidades indígenas de base. 
El legislador precisó que “si los planteamientos están dentro de la Constitución y la norma, se pueden incluir en la ley”. 
La Comisión redactará el informe final para el pleno, con las observaciones. ”Esperamos a fines de junio o julio tener una nueva ley”, destacó.
La gestión comunitaria del agua fue la preocupación central que tuvieron dirigentes de las organizaciones indígenas como Carlos Alcásiga (Cangahua), Manuel Castillo (Codemia), Olga Cabascango (Quitu-Caras), entre otros. Entre los temas que se discuten para la consulta prelegislativa están las tradiciones ancestrales, lugares rituales y sagrados, además de la gestión y manejo ancestral, el uso, usufructo y administración; así como el derecho propio o consuetudinario y la participación y representación en los organismos oficiales.
Proaño señaló que la nueva ley trabaja con base en considerar el agua para consumo humano, el riego que garantice la soberanía, el caudal ecológico, las actividades productivas, la agroproducción, la electricidad y el turismo.

Tras caminar cerca de 15 minutos hasta la vía principal, tomó un bus de la cooperativa Alaquez-Cuchitingue para trasladarse a la capital provincial.

Luego de una hora de viaje, y con pocos contratiempos, llegó al centro de la ciudad vestido con una chompa ploma gruesa para protegerse del intenso frío, que desde la madrugada sentía desde El Tejar hasta Latacunga. El barrio en el que habita está en pleno páramo, donde el viento gélido cala los huesos. Sus mejillas enrojecidas son una muestra de cómo golpea el frío en esa zona.

El Tejar es una comunidad pequeña donde habitan apenas 40 familias en casas tejadas y dispersas entre sí. El 90% de sus habitantes se dedica a la pequeña agricultura y a la crianza de animales.

Almícar es uno de ellos y desde hace tres años está al frente de la junta de agua de la localidad.

Cuenta que de los pajonales desciende agua pura, cristalina y que no es escasa; al contrario, el recurso hídrico abunda, pero atribuye a la “desorganización y la mala distribución” el hecho de que unos pocos disfruten de las bondades del líquido para el regadío de este sector, productor especialmente de papas, maíz, cebolla y zanahoria, entre otras hortalizas.

La entrada a los ojos de agua del páramo, a los que tradicionalmente asistían para dotarse del líquido o distribuirlo para el regadío, ahora está restringida, pues son propiedad de las fábricas madereras.

“No usan el agua y tampoco dejan que nosotros la usemos”, reclamó el dirigente con algo de indignación. Recordó con nostalgia que de niño junto a sus hermanos, primos y amigos, transitaban por los caminos ancestrales y se iban a beber el agua de esas fuentes, a las que ahora ni él ni sus vecinos tienen acceso.

Además, dijo que ya se siente el daño ambiental que provoca el descuido de los propietarios de las fábricas de madera aledañas al sector. Ahí siembran pinos y eucaliptos que al no ser plantas nativas erosionan el suelo e impactan el ecosistema, por ende el ciclo normal del agua.

Según Tapia, al menos 100 hectáreas de terreno en el sector nororiental de la parroquia estarían erosionadas por la infiltración de esas especies que no son nativas de allí, especialmente el pino.

Por eso consideró que dentro de la normativa se debería incluir un artículo que conmine a las empresas privadas a tener una mayor responsabilidad con el ambiente y a que se termine con el acaparamiento.

Eso fue lo primero que pensó al llegar al centro de la cabecera cantonal a las 08:45. Le tomó solamente 15 minutos arribar hasta el auditorio del CNE. Fue demasiado temprano, pues la convocatoria estaba prevista para las 10:00.

Ese tiempo libre lo utilizó para intercambiar experiencias con varios de sus colegas dirigentes de la provincia que también llegaron antes de la reunión. La conversación se basó, sobre todo, en los aportes que iba a presentar cada organización.

A las 10:30 se instaló la sesión. “Me molesta un poco la demora porque hay otros compañeros que viven más lejos que yo, e igual fueron puntuales, creo que el respeto empieza por ahí”, cuestionó Almícar.

Se sentó en la cuarta fila y escuchó a los 15 dirigentes que tomaron la palabra. Decidió no intervenir y al concluir la reunión le invadió un sentimiento de inconformidad.

Para el agricultor de 57 años, padre de 2 hijos, la consulta se convirtió en “quejas de cada sector, pero no se trataron los artículos de conflicto, faltó análisis”.

Compartió estos cuestionamientos en un diálogo con sus allegados al concluir la asamblea, durante el refrigerio que consistió en un sánduche con gaseosa.

Pero no pudo quedarse mucho tiempo, pues a las 13:45 debía estar en la parada y abordar el bus Alaquez-Cuchitingue que lo llevaría de regreso hasta su parroquia. Se despidió de sus compañeros, pero antes reflexionaron sobre la unión: “será lo único que permita que nuestras propuestas sean incluidas”.

Llegó hasta la unidad de transporte y esperó a que un grupo de estudiantes se embarcara primero. Pero antes comentó que apenas llegara a su barrio (calculó que a las 15:00) conversaría con sus vecinos sobre la audiencia.

Prometió que se mantendrá al tanto del tema, en especial sobre cómo avanzan las audiencias en el resto de provincias. Para él la norma es un eje fundamental en su vida.

DATOS

El presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional, Miguel Carvajal, destacó que esta ley beneficiará a todos los ecuatorianos, ya que considera el consumo humano, la soberanía alimentaria y las actividades productivas.

El asambleísta manifestó que no se privatizará el agua en ninguna de sus formas, para lo cual las instituciones que mantienen la rectoría tienen que intervenir de manera ágil y rápida.

La Comisión de Soberanía Alimentaria es la que organiza la consulta prelegislativa. Una vez que terminen las audiencias provinciales se elaborará un informe.

Al día siguiente, después de realizar sus labores agrícolas, se reunió con los integrantes de la junta de agua. Expuso los temas tratados y al finalizar la reunión, llegaron a la misma conclusión: Luchar por su derecho a la autonomía.

“Algunos tienen claro los artículos que se contemplan, otros no tanto, pero nadie quiere privarse del derecho a opinar y actuar dentro de la comunidad”, comentó Almícar.

El agricultor revisa diariamente los medios de comunicación para saber cómo continúan las consultas en las demás provincias. Está convencido de que si no está informado no puede aportar.

Además se mantiene en contacto con el resto de dirigentes de Cotopaxi. “La idea es estar vigilantes de que la ley sea favorable para todos; el agua es nuestro recurso más valioso”, finalizó