Está en su amplia oficina que tiene una hermosa vista de Quito. Íñigo Salvador, procurador del Estado, se concede un espacio para hablar con este Diario sobre Assange, corrupción, arbitrajes y seguridad jurídica.

¿Cómo mira el caso Assange. Hay que poner fin a su estadía en la Embajada de Londres?
Ecuador no ha violado nada. Si Assange tiene la intención de quedarse en la Embajada, lo mínimo es cumplir normas básicas de convivencia en un espacio reducido. Es una oficina y se hicieron adecuaciones, el dormitorio de Assange, la sala de reuniones y la de espera son utilizadas por él. La oficina- ducha y cocina las usa él.

La Embajada no está concebida como local de vivienda. Es penoso que no se haya solucionado este caso, pero la posición del Reino Unido es irreductible. Assange violó las normas de libertad condicional. Cuando se acogió al asilo diplomático incurrió en un delito porque dejó de presentarse a la Justicia británica. Esta no renuncia a la persecución de ese delito y Ecuador no puede hacer nada por ello.

Pero ¿cuál sería la salida?
Hay otras salidas que el Gobierno nacional sigue explorando. Este Gobierno ha querido manejar una salida diplomática efectiva y pronta. También quedan las salidas judiciales, es decir, llevar el caso a un Tribunal Internacional para que decida quién tiene la razón: si el Estado ecuatoriano, que le da asilo a Assange, o el británico al que Assange tiene que presentarse.

¿Assange demanda a un Estado que lo protegió y le pagó todo durante seis años?
El principal problema es que el Estado ecuatoriano tiene una prohibición de entregar a Assange a un Estado donde corra peligro su vida y su seguridad personal. El Gobierno de Reino Unido dijo que Assange no será entregado a Estados Unidos. Pero podría ocurrir lo contrario y ese es el principal temor. Ecuador busca una salida consensuada.

Assange debe poner en la balanza si prefiere quedarse el resto de su vida en nuestra Embajada o entregarse a la justicia y purgar la pena, que será de seis meses, según el Gobierno británico. Él tiene que sopesar: un confinamiento indefinido, sin visos de solución, versus un confinamiento de seis meses en una prisión.

¿Por qué cree que Correa le dio asilo a Assange?
Mi posición personal es que Rafael Correa y Ricardo Patiño le dieron asilo porque ellos necesitaban un comodín para exhibir a nivel internacional. En esos 10 años, se acusaba a Ecuador de violar la libertad de expresión. El asilo fue para decir en las Naciones Unidas o foros internacionales que no había ninguna violación de la libertad de expresión.

Cómo podían decir eso si el exgobierno ha dado protección al más alto exponente de la libertad en el mundo: Julian Assange. Pero eso ya terminó, Ecuador no tiene que demostrar nada. En el gobierno de Lenín Moreno hay libertad de expresión. Ese único motivo para el asilo de Assange ya no existe.

Usted lleva cuatro meses como titular de la Procuraduría. ¿Cómo encontró el órgano de control?
Es un organismo bastante técnico. Antes de Correa era una institución sólida y seria. En 10 años, que son muchos, se vio ciertos atisbos de contagio de la tónica de Correa. Por ejemplo, en el dispendio de recursos públicos.

¿El exprocurador Diego García despilfarró el dinero?
Los costos de la defensa internacional de Ecuador son altos. Las tarifas de los abogados internacionales están de acuerdo al mercado, no son exhorbitantes. Pero en la última década, el control sobre los gastos de esos abogados fue mínimo. Es decir, ellos decían qué se hacía, cómo y cuándo. Por ejemplo, un abogado internacional necesitaba encontrar al gerente de una compañía en un caso de jurisdicción extranjera para recuperar fondos del salvataje bancario.

Pero, en lugar de llamar por teléfono a Inglaterra, el abogado tomó un vuelo a Londres. Eso no era necesario, se podía comunicar por videoconferencia o vía WhatsApp. Además se pagó comida, alojamiento y movilización cuando bastaba llamar por teléfono. Me dirán que son pequeños ahorros. Pero hay que tener responsabilidad, sobre todo, en época de austeridad y bonanza. Si tengo llenas las arcas fiscales no puedo despilfarrar el dinero de los contribuyentes ecuatorianos.

¿Qué hace en su administración?
Implementamos controles muy severos a los gastos en la defensa del Ecuador. He logrado, por ejemplo, descuentos con los abogados extranjeros, eso reducirá el monto de los gastos al año. El presupuesto anual de la institución es $ 50’000.000 al año,  el 50% es para los honorarios de abogados extranjeros y de gastos relativos a los arbitrajes internacionales.

¿Qué más encontró en la institución?
Encontré una institución dividida, pero eso no es patrimonio de la Procuraduría. En estos 10 años todas las instituciones públicas estaban así y eso es el reflejo de la sociedad polarizada. Los que están conmigo y los que están contra mí. Trato de recuperar el papel gremial del personal de la Procuraduría para promover la unidad.

Para tener una idea ¿cuántos casos maneja la Procuraduría?
Tenemos un proyecto de fortalecimiento institucional para infraestructura y equipamiento, un nuevo modelo de gestión. Necesitamos un sistema técnico de seguimiento ágil para los casos que maneja la institución: tenemos 98.000 procesos judiciales en Ecuador,  además hay 30 que son internacionales y alrededor de 200 que están en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso será objeto de una consultoría. En la época de García hay una serie de consultorías que están siendo investigadas por la Contraloría y la Asamblea.

¿Es verdad que Ecuador perdió la mayoría de casos de arbitraje internacional?
Depende de lo que se considere una derrota judicial. Si la demanda es por 100 millones de dólares y el tribunal me condena a pagar 20 millones, en términos absolutos es una derrota; en términos relativos es una victoria porque pago menos. Actualmente tenemos 35 juicios en sedes extranjeras, 12 arbitrajes de inversión y cinco comerciales.

La Procuraduría y la Contraloría presentarán algunas reformas legales.
Firmamos un convenio para trabajar juntos en reformas legales indispensables para recuperar el control previo de legalidad de los contratos públicos. Esa facultad se quitó a la Procuraduría y a la Contraloría y pasó al Sistema Oficial de Contratación Pública (Sercop). Estoy convencido que despojar de ese control previo ocasionó dos cuestiones graves: la primera fue el aumento de los casos corrupción: la segunda es el incumplimiento de los contratos que dieron lugar a arbitrajes institucionales.

¿Cómo mejorar la seguridad jurídica en el país?
Recuperar la confianza de ciudadanos e inversionistas nacionales y extranjeros, no se logra de inmediato. Los últimos 10 años fueron nefastos. Se venía tratando de construir una cultura de certeza jurídica desde largo tiempo atrás, con varios incidentes y momentos de seria inestabilidad.

No generan certeza jurídica los cambios de gobierno inconstitucionales, las destituciones de jueces, tribunales y órganos inconstitucionales. Todo eso ahuyenta a la inversión, la certeza jurídica es una necesidad básica del Estado ecuatoriano. Los ciudadanos deben ejercer sus derechos y si son violados hay que restituirlos. Mientras no se logre eso, es poco lo que podemos hacer. (I)