Quince mensajes de Twitter publicó el expresidente Rafael Correa luego de conocer la acusación de la Fiscalía por supuestamente liderar una red de sobornos, que receptó dinero de empresas contratistas del Estado para sus campañas electorales.  

Sus mensajes llegaban al mismo tiempo que en la Corte Nacional, la jueza Daniella Camacho, dirigía la audiencia de vinculación contra él y otras 21 personas.    

En la sala de sesiones, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, estaba tranquila. Ella llegó a la Corte con su equipo de investigadores y con los 500 expedientes que suma el caso Sobornos.

La vinculación contra el exmandatario estaba lista. Con voz serena, Salazar detalló 11 indicios que a su criterio respaldan su acusación. Para la Fiscalía, Correa era identificado con las letras SP en el sistema de sobornos.

Salazar recalcó que el expresidente “disponía, aprobaba, autorizaba la recepción y distribución del dinero captado de esta bien estructurada banda delictiva”. Además, aseguró que Correa dispuso a su exasesora Pamela M. que cree un registro del ingreso de este dinero.

Según la versión de la exfuncionaria, él tomó esa decisión porque desconfiaba de Ricardo Patiño. Presuntamente, el exmandatario también ordenó que su vicepresidente, Jorge G., coordinara las acciones que se cumplirían con ese dinero. Unos 15 millones de dólares, según la Fiscalía.     

Este dinero se recaudó en efectivo y con el cruce de facturas, ya que las compañías involucradas pagaban los servicios de los proveedores de las campañas de Alianza PAIS.

Una de las pruebas que causó sorpresa fue un depósito de $ 6.000 en efectivo en la cuenta de Correa. Este dinero, recalcó la Fiscal, era de las aportaciones ilegales. Una copia de este depósito fue encontrada en los archivos de la computadora de Laura T., quien se desempeñó como asistente de Pamela M.

La Fiscalía corroboró ese indicio con una versión de Christian Paredes, quien era auxiliar de servicios en la Presidencia y trabajaba junto a Pamela M. y a Laura T. En su versión, Paredes afirmó que él realizó el depósito por pedido de Laura T.

Esta transferencia se realizó el 16 de mayo de 2014, cuando la exasesora Pamela M., presuntamente, estaba a cargo de administrar los fondos que llegaban a su oficina en el edificio Concorde, ubicado en el norte de Quito.

Al respecto, Fausto Jarrín, abogado de Rafael Correa, comentó que efectivamente ese dinero llegó a la cuenta de su cliente, pero sostuvo que correspondía a un préstamo, el cual fue cancelado totalmente por el exmandatario. Él no precisó la procedencia del dinero y dijo que ese trabajo le correspondía al Ministerio Público.

Sin embargo, el exmandatario sostuvo que se trató de un crédito que recibió por parte de un fondo que reunían los trabajadores de la Presidencia de la República. Lo que no explicó fue si Pamela M. también manejaba ese fondo de los funcionarios de Carondelet.      

Para su abogado, los argumentos presentados por la fiscal Salazar no tienen sustento. Él sostuvo que la mayoría de sus indicios se respaldan en versiones y en información que ya fueron públicas y desmentidas.   

Al final de su intervención, Salazar pidió a la jueza Camacho que dictara prisión preventiva contra el exjefe de Estado y que dispusiera la prohibición de enajenar sus bienes. Recalcó además que Correa no ha colaborado en el proceso y que no ha acudido a rendir las versiones solicitadas por Fiscalía, pero sí se ha pronunciado en las redes.

En ese sentido, recomendó a la jueza Camacho que pidiera a Interpol la captura de Correa, de quien aseguró se desconoce su actual lugar de residencia.

En la audiencia, la representante del Ministerio Público también solicitó la prisión preventiva del exvicepresidente Jorge G.; de los exministros Vinicio Alvarado y Walter Solís, y del ex asesor del Ministerio de Transporte, Yamil Massuh.

En su intervención, la Fiscal dijo que Vinicio Alvarado y Walter Solís se encuentran fuera del país, por lo cual también pidió la intervención de la Policía Internacional.

Alvarado rindió su versión desde Venezuela, pero se desconoce si sigue en ese país. En cambio, el rastro de Solís se perdió cuando fue acusado en el juicio de Odebrecht de finales de 2017.   

La Fiscalía no consideró la prisión para los otros 17 procesados, entre ellos la asambleísta Viviana Bonilla. Para ellos se recomendó la presentación periódica ante las autoridades y la prohibición y la enajenación de sus bienes hasta por $7’863.622.

La audiencia seguirá con la participación de los abogados de los 22 acusados. Luego la jueza Camacho deberá tomar una decisión. No hay un plazo para su fallo. (I)