Ernesto  G. es un nombre que se repite en varios contratos del gobierno pasado y que constan en el documento encontrado por la Fiscalía dentro de la investigación por el caso Sobornos 2012-2016.

El nombre de esa persona aparece en acuerdos contractuales con la Presidencia de la República para los enlaces ciudadanos de junio a diciembre de 2012.

Un año más tarde con la Vicepresidencia para las sabatinas del exvicepresidente, Jorge Glas. Y también está en la lista oculta del sistema clandestino de entrega de aportes para las campañas de Rafael Correa y para las actividades de Alianza PAIS, de esa época.

En el archivo encontrado a la exasistente del Palacio de Carondelet Laura T. se determinó el sistema que se usaba para ocultar ese dinero ilegal.

Según ese expediente hay 3.000 registros entre ingresos y egresos, que evidencian el manejo de por lo menos $ 15 millones desde 2012 hasta 2016. De esta cifra, $ 6 millones fueron entregados en efectivo para evadir cualquier control en el sistema financiero; mientras que el rubro más grande, $ 9 millones, se hizo a través de cruce de facturas.

¿Cómo operaba esta simulación? Las empresas pagaban los servicios que verdaderamente iban para la organización política, con la venia de los proveedores que acomodaban sus facturas a las necesidades que decía cada empresa.

Un archivo de los recuperados a Laura T. señala que las compañías identificadas como C4 y C5 piden que el cruce de facturas sea por artículos para la construcción. Así lo hicieron para ocultar esos pagos al Servicio de Rentas Internas (SRI).

A otros proveedores simplemente se les señalaban las actividades. Por ejemplo, Ernesto  G. se encuentra en las listas de pagos desde 2012 hasta 2014, con una cifra que bordea el medio millón de dólares.

VAE y GM los que más autorizaron los pagos

El expediente de Laura T. señala que todos los pagos para Ernesto G. fueron autorizados por VAE. Estas siglas pertenecen presuntamente, según el documento, a Vinicio Alvarado Espinel quien fuera uno de los hombres más cercanos a Rafael Correa y el estratega de la propaganda del anterior régimen.

La sospecha aumenta porque cada pago que aparece como avalado por VAE se relaciona a empresas de comunicación y publicidad, algunas de las cuales supuestamente también eran de su propiedad.   

Por ejemplo, en la lista se encuentran Creacional y Kronopio, dos firmas beneficiarias de varios contratos en el correísmo y que un informe de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) las relaciona con el exministro. Aunque, Alvarado negó este nexo y calificó como una infamia el reporte de la Unidad.

Una pista que busca la Fiscalía es saber quien es Ernesto G. En los expedientes de Laura T. también aparece un código con las letras GM.

Para los investigadores pudiera ser Galo Mora, como representante oficial de la lista 35, durante los años investigados. La sigla GM aparece en un aparente balance de ingresos y gastos del 11 de noviembre de 2012. En esa hoja se señala que a GM se le entregaron $ 413.347, divididos en $ 233.347 en cruce de facturas y $ 180.000 en efectivo.

En esa misma página aparece el código VAE como receptor de $ 383.524, repartidos así: $ 309.854 en cruce de facturas, y $73.670 en dinero contante y sonante.

En la campaña de 2014 los números se disparan

En los archivos de 2014, en un supuesto informe del 14 de enero de ese año, se lee  el nombre del entonces secretario de movimiento político, junto a las cifras $ 2,2 millones en cruce de facturas y $ 1,1 millones en efectivo.  

Lo mismo ocurre con la asambleísta Viviana Bonilla. Su nombre está junto a $ 2,5 millones en cruce de facturas y $ 320.000 en billetes.     

Bonilla ha desmentido que haya recibido este dinero. Ella aseguró que no manejó recursos en la campaña de 2014, año en que pretendía ser alcaldesa de Guayaquil.  

De acuerdo al documento que tiene la Fiscalía, la mayor cantidad de gastos durante ese año también se va para el pago de candidatos a las seccionales; el control de mesas electorales; y un salario para los voluntarios del correismo.

En 2015, la actual legisladora Doris Soliz se convierte en la secretaria general de Alianza PAIS y su nombre también está en los archivos de los sobornos.

Hay tres entregas presuntamente aprobadas por ella que representan más de $ 600.000.    

En un comunicado de prensa, Soliz sostuvo que la Fiscalía aún no solicita su versión y que colaborará con la justicia. Pero anotó que ella estuvo frente al movimiento desde mayo de 2014 hasta mayo de 2017, y que este periodo ya fue auditado por el Consejo Nacional Electoral, que es el juez natural de los partidos políticos.

Sin embargo, este sistema de cruce de facturas también produjo un perjuicio al Estado que llevará la investigación a otras instituciones.

La directora del SRI, Marisol Andrade, sostuvo que una cifra aproximada del perjuicio es de $ 41 millones, porque las empresas  incluyeron estos rubros de sus gastos internos y deducibles de impuestos. Actualmente, el SRI investiga a 57 empresas por este caso.

Este lunes 15 de julio de 2019 se iniciaron los testimonios de los exfuncionarios que aparecen en este nuevo archivo. Uno de ellos es el exfiscal general, Carlos Baca. Él también rechazó cualquier vínculo con la investigación de sobornos.

Su nombre está en el archivo por el pago de $ 80.000 para el Colectivo Rafael Contigo Siempre, en 2016, cuando se desempeñaba como consejero del exmandatario.     

Hoy martes 16 de julio de 2019 está previsto que más personas acudan a la Fiscalía para dar su versión. (I)