A pocos días de la segunda vuelta electoral, la candidata del correísmo, Luisa González, realizó una rueda de prensa en Esmeraldas, en la que presentó su propuesta en materia de seguridad. Uno de los ejes principales fue la creación de los llamados “gestores de paz”, una figura que, según explicó, tendrá como objetivo fortalecer la seguridad ciudadana desde los barrios y comunidades.

González detalló que estos gestores formarán parte de los comités de seguridad comunitaria y tendrán la responsabilidad de coordinar acciones junto a los vecinos para proteger sus territorios. La candidata anunció una inversión de USD 72 millones para implementar esta iniciativa, que incluye el pago de un salario a quienes se desempeñen en esta función. “Los gestores de paz organizarán a la comunidad y ayudarán a mantener la seguridad en los barrios”, afirmó.

No obstante, la propuesta ha generado controversia. El coronel en servicio pasivo Mario Pazmiño, analista en temas de seguridad, cuestionó la medida al señalar que guarda similitud con los antiguos Comités de Defensa de la Revolución Ciudadana impulsados por Rafael Correa. “Este tipo de estructuras buscan controlar la organización social y responder a un proceso ideológico y caudillista. No aportan a la seguridad ciudadana, sino que buscan consolidar el poder”, advirtió.

Pazmiño también recordó que estos comités tienen su origen en Cuba, en 1959, con la finalidad de vigilar y delatar a personas contrarias al sistema. Posteriormente, fueron replicados en Venezuela durante el mandato de Hugo Chávez. En Ecuador, Correa planteó la idea de formar comités organizados en cada casa y barrio, bajo una retórica similar. “El objetivo de los gestores de paz parece seguir esa misma lógica”, reiteró el experto.

Eduardo Febres Cordero, presidente de la Asociación de Venezolanos en Ecuador, enfatizó sobre las implicaciones del modelo de “gestores de paz”, que —en su experiencia con Venezuela— se han convertido en una figura con fuerte carga política y dudosa transparencia. Según explicó, en ese país estos jueces comunitarios son elegidos por “voto popular” y están alineados con el gobierno de turno, lo que compromete su independencia.

“El objetivo inicial era mediar en conflictos entre vecinos, pero también tenían acceso a personas consideradas como amenazas para la comunidad”, señaló. Febres Cordero indicó, además, que nunca se supo con claridad de dónde provenían los recursos que financiaban su labor. “Se decía que era a través de fondos de subsistencia o misiones de estudio”, comentó. Además, afirmó que el gobierno venezolano llegó a entregarles armas, dinero y motocicletas como parte de su función de “defender la revolución”.

Con el paso del tiempo, estos grupos perdieron su carácter original. Según el dirigente, se transformaron en redes delictivas. “Se convirtieron en grandes mafias que controlan rutas de narcotráfico y promovieron el aumento de robos en los barrios”, dijo.

En Colombia, el término “gestores de paz” también tiene un antecedente relevante. Cindy Morales, periodista de El Espectador y especialista en procesos de paz, explicó que, desde la aprobación de la Ley 418 en 1997, se ha permitido designar a personas vinculadas a bandas criminales o grupos armados como intermediarios con el Estado. “Esta figura ha tenido momentos de éxito, como las negociaciones con los paramilitares en el gobierno de Gustavo Petro y los avances con el ELN”, apuntó.

No obstante, Morales advirtió que el uso de esta figura ha tenido desaciertos. Uno de los principales problemas es que algunos designados como gestores continuaron involucrados en actividades delictivas mientras actuaban como representantes del proceso de paz. “Esta situación ha generado temor en la ciudadanía”, mencionó.

La propuesta ha generado reacción en el gobierno de Daniel Noboa

En el contexto ecuatoriano, la propuesta ha generado debate. En su cuenta de X, el presidente Daniel Noboa comentó al respecto, planteando a la candidata del correísmo dos opciones:

“Tienes 72 millones de dólares para seguridad, ¿dónde los enviarías?

Opción 1: “Gestores de paz”, grupos paramilitares de ex pandilleros rebautizados, ahora armados y leales solo al partido.

Opción 2: Policía Nacional y Fuerzas Armadas, que han enfrentado al crimen real y defendido a las familias ecuatorianas”, comentó Noboa.

Por su parte, la bancada oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN) también se pronunció este martes 8 de abril. A través de un comunicado, alertaron que esta propuesta representa “una amenaza directa a la democracia”. Señalaron que experiencias similares en países como Nicaragua y Venezuela han derivado en la represión de opositores y en la creación de grupos armados que operan con impunidad en sus zonas de influencia.

“Ecuador ya cuenta con instituciones que garantizan el orden público. Lo que se necesita es fortalecerlas con cooperación internacional, no debilitarlas desviando recursos hacia grupos sin control institucional”, concluyó el pronunciamiento de ADN.

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— El Telégrafo Ecuador (@el_telegrafo) April 9, 2025