Los casos investigados por la Fiscalía sobre el paro indígena son reservados. ¿Por qué la Comisión legislativa los ventiló públicamente?

Cumplimos con el mandato que nos dio el pleno de la Asamblea, que era recabar  toda la información sobre lo que ocurrió durante las protestas, pero en el ámbito de nuestras competencias de control político y fiscalización.

A la Comisión asistió la fiscal general Diana Salazar, que nos indicó que existen casos reservados que están en etapa de investigación previa y que no podía dar mayor detalle de los mismos. 

¿Cómo trataron ese tipo de casos que tenían reserva?

La Comisión no interfirió en la investigación de la Fiscalía y otros organismos de control; respetamos lo que dice la normativa legal.

El informe de la Comisión que usted preside no determinó responsables de lo sucedido en el paro, ¿tenía que hacerlo?

Existen personas radicales, querían que se encontraran culpables, en el ámbito del trabajo de la Comisión, pero esa no fue nuestra tarea. Es la Fiscalía como dueña de la acción penal la que debe determinar responsables.

¿Cuál es el aporte principal del informe de la Comisión que fue aprobado por el pleno?

El primer aporte es haber escuchado a todos sin distinción, pues comparecieron actores públicos, privados, etc. El segundo es que permitimos que se conozcan los hechos,  y el tercero fue establecer un mecanismo para que se conozca la verdad.

¿En este caso qué tienen en agenda para el 2020?

La Comisión se reinstalará y tendremos que aprobar una nueva metodología de trabajo, pues la tarea que tenemos es el seguimiento de los casos. Realizaremos una hoja de ruta. Las víctimas tienen derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación.

¿Qué es lo primero que harán los comisionados?

Socializaremos el informe, especialmente con las familias y las víctimas. Pediremos información individual sobre la situación legal de cada uno de los casos de los afectados y finalmente trabajaremos conjuntamente con la Defensoría del Pueblo. (I)