Las fotos donde aparece desnuda la señorita Patronato de Tungurahua, Denisse Albán, se exhibieron en las redes sociales el 9 de enero de este año. Albán acusó a su expareja de violentar su intimidad. Ella grabó un vídeo y lo difundió en su cuenta de Facebook. Allí se refirió a  3 casos de violación en Píllaro, al femicidio de la comisaria fiscal, Ana Cevallos, y a la violación y crimen de la pequeña Emilia. Pero, además, dijo que ha sido víctima porque entregó su confianza y corazón a la persona equivocada y no “quiero que ninguna mujer pase por lo mismo”. Ella también convocó a un plantón en Ambato contra la violencia de género.

El responsable de difundir esa imágenes comete un delito de violación al derecho a la intimidad personal y familiar, según el artículo 178 del Código Integral Penal (COIP). Este sanciona con pena privativa de libertad de uno a 3 años a la persona que, sin consentimiento, “acceda, intercepte, examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de datos, voz, audio y vídeo, objetos postales, información contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o reservadas de otra persona por cualquier medio”.

Facebook, que tiene 11 millones de usuarios en Ecuador, y  WhatsApp, utilizado por más de mil millones de personas en 180 países del mundo, son muy susceptible a la infiltración y a los hackeos. En el primer caso, los propios integrantes de un chat pueden pasar una conversación restringida de un solo grupo a terceros. En el segundo caso, se trata de una irrupción en un sistema telemático para obtener información. Por ejemplo, la Senain en la época correísta hackeó cuentas de opositores, activistas  y periodistas de investigación. Para ese trabajo, la institución contrató los servicios de la empresa italiana Hacking Team.

 Según Alfredo Velázquez, director de Usuarios Digitales, una organización no gubernamental que protege los derechos de las personas en las redes sociales, en 2016 se registraron 160 casos como los de Correa, en 2017 hubo 106 casos. Pero “las autoridades no hacen nada para preservar el derecho a la intimidad de los ecuatorianos”, dijo. (O)