Usaron los recursos del Estado para perseguir a los críticos y denunciantes. Eso ocurrió durante el gobierno de Rafael Correa en la ex- Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain).   

Esa entidad registra 54 operaciones, del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2013. En ellas se gastó $ 8’792.313,84 y las firmó Pablo Romero, exsecretario de la Senain, dice un documento de la propia ex-Senain al que tuvo acceso este diario.

Romero llegó a Quito extraditado de Madrid, el 21 de febrero de 2020. Él es investigado por intento de secuestro al político Fernando Balda en agosto de 2012, en Bogotá-Colombia.

También por peculado por mala administración de los fondos de la Senain.

En el documento se recogen los nombres de esas misiones como si se tratara de proyectos “Lumbisi, Hotel, Fachadas, Pulpo, Águila, Caminito, Colosos, Selva, Refugio, Primavera, Seguridad Integral, Sueños, Aniversario, entre otros”.

De todas las operaciones la más costosa fue: Goliat, dirigida contra el exasambleísta del Partido Sociedad Patriótica, Galo Lara, en la que se gastó $ 3’633.288. A él le acusaron de “financiar el triple asesinato en Quinsaloma” y lo sentenciaron a 10 años de cárcel.

Pero esa fue una de las seis operaciones que hizo el régimen de Correa contra Lara. El total del gasto en esas misiones fue de $ 7’108.182,12, según consta en los documentos secretos y desclasificados. Todo este dinero se gastó para desprestigiar a Galo Lara.

Un oficio de la Contraloría, del 18 de junio de 2015, dirigido al exdirector de la Senain en esa época, Rommy Vallejo, quien remitió esos datos en la rendición de  cuentas sobre el uso de fondos públicos en el período del 1 de junio y el 31 de agosto de 2014, hizo las siguientes observaciones: El valor de $ 6’700.000 correspondiente al pago por servicio referentes a “pauta GL” efectuado a la empresa Emerging MC de México S.A, no está justificado. Y a Sigma Digital $ 280.000 y en viáticos e informantes $ 29.000.

Según el informe de la Contraloría del 14 de noviembre de 2014, se presentó un video durante siete días sobre maltrato a las mujeres.

Sin embargo, se lee en el documento que ese audiovisual está dirigido a la población de Panamá y su incidencia a la mujer panameña.

Por lo tanto, dice el documento,  no hay ningún beneficio para Ecuador.

Aunque existe un memorándum que indica el pago por servicios prestados en Ecuador.

“Este tipo de videos no tiene relación con aspectos de inteligencia o contrainteligencia. No son temas que afectan a la seguridad del Estado...”.

También están otras operaciones como “equipos especiales”, cuyo valor fue de $ 1’438.663. Le siguen “herramientas de monitoreo” por $ 728.212,20; “redes” por $ 587.500; “sistema de monitoreo” con $ 423.839.

Además están estas otras: “Comaco” por $ 265.838; “fachadas”, que costó $ 232.329, entre otros de esa lista de 54 operaciones efectuadas. (I)