Una vez que la resolución para declarar de interés nacional la explotación de los bloques 31 y 43 fue aprobada por la Asamblea Nacional, el documento pasó al despacho de Gabriela Rivadeneira, titular del Legislativo.

Ella solamente debe colocar su firma para que el texto vaya al Registro Oficial. Una vez que sea impreso allí, la resolución, oficialmente, entrará en vigencia. Pero, como indicó la propia Rivadeneira, ese trámite no implica que al siguiente día Petroamazonas entrará a los campos para extraer el crudo. (Ver infografía ampliada)

Según los expertos  petroleros, el primer barril de crudo recién saldría en dos o tres años, luego de cumplirse una serie de requisitos técnicos y legales. El primer paso, y que está en la resolución de la Asamblea, es la celebración de la consulta previa e informada.

Cualquier proyecto extractivo en zonas donde se asienten pueblos originarios, requiere ese trámite. El Ejecutivo deberá informar sobre sus planes, a los habitantes  de las zonas que están aledañas  a los campos petroleros.

Será una tarea que probablemente recaiga en el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables o Petroamazonas, la empresa estatal que estará a cargo de las operaciones.

Los funcionarios públicos deberán organizar reuniones en las comunidades, explicar detalladamente cómo se desarrollará  la actividad extractiva y cuáles pueden ser los posibles impactos ambientales.

Como siempre ocurre, los pobladores expresarán sus inquietudes o expondrán sus necesidades, las cuales deberán ser resueltas en todo lo que sea posible. El procedimiento requiere la capacitación de personal, viajes, impresión de papelería; son trámites que demandan de tiempo.

Pero antes de que Petroamazonas lleve a cabo cualquier obra, deberá tener a su disposición un protocolo que indique a sus empleados qué hacer en caso de avistamiento a una persona perteneciente a un pueblo no contactado.

La Asamblea quiere reglas claras sobre este tema. De hecho, si ocurre el avistamiento los trabajos deberán cesar. Pero los trabajadores necesitan conocer exactamente cómo actuar en ese caso. Además, hay que establecer qué condiciones deben cumplirse para retomar las actividades.

Al mismo tiempo, el Gobierno deberá crear el centro de vigilancia del parque Yasuní. La Asamblea quiere que en ese observatorio participen universidades nacionales y extranjeras, por lo que será necesaria una convocatoria. Los parlamentarios esperan que los científicos estudien las particularidades del Yasuní para proteger su biodiversidad.

Ese centro demandará de unas instalaciones o sede. Y para eso se requerirán fondos y tiempo. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) tendrá que convocar a la veeduría ciudadana que acompañará todo el proceso, desde la exploración hasta la explotación.

Estos ciudadanos tendrán que vigilar que se cumpla la resolución de la Asamblea en todos sus puntos, incluido que las actividades solo se produzcan en un área no superior al uno por mil del Yasuní.

También estarán atentos a la ejecución de medidas de remediación y a la repartición equitativa de los nuevos recursos, teniendo en cuenta la prioridad que significa la Amazonía y la cobertura de agua y alcantarillado.

Todos estos son procedimientos que tomarán su tiempo y que serán vigilados por veedores, asambleístas y ecologistas.

La polémica por la vicepresidenta waorani

La vicepresidenta de la Asamblea, Rosana Alvarado, aclaró ayer la polémica por la intervención ante la Asamblea de la dirigente waorani, Alicia Cahuilla.

Sus declaraciones fueron destacadas en varios medios de comunicación al señalar que había incomodado al oficialismo. “Alicia se refiere al sistema de consulta previa que consta en el informe. Ella no habla de una consulta a la ciudadanía, de consulta abierta o consulta popular. Ella habla de consulta previa a la comunidad y eso es correcto”, señaló Alvarado.

La legisladora estuvo de acuerdo con la dirigente en eso. También en dotar a esta población de salud y educación. Pero también descartó cualquier posibilidad de asignar un fondo de las rentas petroleras para que sea administrado directamente por los waoranis, como lo pidió Cahuilla.

Alvarado manifestó que  “es importante satisfacer todos sus derechos, sus obras legítimamente exigidas para que la comunidad subsista, tenga derechos garantizados y esté protegida de acuerdo a la Constitución”. “Nuestros hijos ¿dónde están estudiando? no están estudiando. Cuando queremos tener universidad nos cuesta, no hay quién pague. Nosotros tenemos que trabajar para nosotros mismos dar educación”, reclamó la dirigente indígena.

También criticó el rol de las juntas parroquiales. “La Asamblea aprueba diciendo que 5% van  a manejar las juntas parroquiales autónomas. Ellos no son waoranis, de ellos nada tenemos que saber, son muy aparte. Ellos nos han negado a nosotros, waoranis, que vivimos en la Amazonía”, se quejó.

“Tienen que ir al fondo y consultar a nuestros viejos, y decir si están de acuerdo o no están de acuerdo”, señaló Cahuilla haciendo referencia a la consulta previa.

DATOS

El asambleísta René Yandún Pozo, representante de Carchi, presentó el proyecto “Ley de Creación del Fondo Especial de Inversión y Administración de los Recursos Financieros generados por el Desarrollo y Producción de los campos petroleros Ishpingo, Tambococha y Tiputini”.

Gabriela Rivadeneira aseguró que el oficialismo no está negando “ninguno de los principios de la revolución, ni el abandono de la lucha ecologista; todo lo contrario, al declarar de interés nacional la intervención del parque, con medidas complementarias y mecanismos de control manifestados en la resolución, se está brindando el justo equilibrio entre el desarrollo humano y el cuidado del contorno”.

La vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Marcela Aguiñaga, reiteró que se persigue una explotación responsable con el ambiente, con sus habitantes, a la vez que puntualizó que en la resolución se respetan los derechos colectivos, los grupos vulnerables que en el pasado fueron invisibilizados.

OBSERVATORIO VIGILARÍA A LAS PETROLERAS

Los presidentes Evo Morales, de Bolivia, y Rafael Correa, de Ecuador, acordaron la creación de un “observatorio” de empresas petroleras para verificar inversiones y cuidar el medio ambiente, reveló ayer el mandatario indígena. “Hemos debatido crear un observatorio a las empresas, especialmente petroleras. Hay empresas petroleras como Chevron en Ecuador, que contaminan”, afirmó Morales en una conferencia de prensa, al profundizar sobre los temas abordados en su cita bilateral del jueves con Correa, en Cochabamba.

El observatorio “es una excelente propuesta, vamos a seguir debatiendo”, dijo Morales, e incluso abrió la posibilidad de llegar con esta iniciativa “a Sudamérica y hasta la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). El organismo también vigilaría las inversiones y los centros de arbitraje. (AFP)