La Procuraduría y un expresidente de la Nacionalidad Waorani de Ecuador coinciden en que la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) -que desestimala solicitud de medidas provisionales interpuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de 2 niñas taromenane sobrevivientes a un ataque wao en 2013- reconoce la efectividad de los mecanismos ecuatorianos de protección de derechos. Sin embargo, el segundo cree que falta perfeccionarlos.

La decisión de la Corte-IDH, a decir de la Procuraduría, reconoce sobre todo el compromiso del Estado ecuatoriano con los derechos humanos estipulados en la Constitución y los tratados internacionales ratificados por el país.

Mediante escrito presentado el 19 de enero de 2014, la CIDH argumentó ante la Corte-IDH -cuyos fallos son obligatorios para los Estados parte- que las niñas de la etnia amazónica en aislamiento voluntario de los taromenanes se encontraban en “situación de extrema gravedad, urgencia y riesgo de daño irreparable, tanto en su integridad física como psíquica”.

Frente a esa solicitud, la Procuraduría presentó argumentos jurídicos e información contrastada sobre la protección integral que el Estado ya venía brindando a las niñas, por lo que solicitó declarar la improcedencia del pedido de la CIDH, señalando que no reunía los requisitos para el otorgamiento de medidas provisionales como lo estipula el artículo 63 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Tras el análisis de los argumentos, la Corte-IDH determinó que el Estado sí tomó medidas concretas que han mitigado la situación de extrema gravedad, urgencia y posibilidad de la consumación de un daño irreparable en contra de las niñas.

La Corte-IDH confirmó que las instituciones estatales están conscientes de la compleja situación que atraviesan las niñas y por ello han adoptado medidas especiales como: la creación de un equipo de salud multidisciplinario encargado de hacer seguimiento a su salud; el desarrollo de un protocolo para la inmunización de las niñas; los protocolos y procesos creados por el Ministerio de Salud y la Fiscalía General para realizar monitoreo a su estado de salud y adaptación; entre otras.

Para adoptar esas medidas en favor de las niñas, Ecuador tomó en cuenta lo que señala la Constitución. El artículo 6, por ejemplo, estipula: “Todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los derechos establecidos en la Constitución. La nacionalidad ecuatoriana es el vínculo jurídico político de las personas con el Estado, sin perjuicio de su pertenencia a alguna de las nacionalidades indígenas que coexisten en el Ecuador plurinacional”.

Cawetepi Yeti, expresidente de la Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE), admitió que si bien las 2 niñas viven actualmente en comunidades waoranis, en verdad están bajo el cuidado del Estado.

En estos casos, dijo que el Estado, según la Constitución y tratados internacionales, debe asumir su responsabilidad, pero aclaró que la CIDH solo está facultada para “sugerir, no para disponer, por lo que no estoy de acuerdo con lo que han hecho (solicitar medidas)”.

Respecto a los mecanismos internos de protección de derechos, Yeti dijo que puede ser que actualmente rijan esos mecanismos, pero hay que perfeccionarlos, adecuarlos a la realidad de las comunidades wao.

“Que en las mismas comunidades se busquen mecanismos de garantías, mientras que el Estado debe ser garante pero no tomar decisiones, ya que eso afectaría culturalmente, porque rompe la cosmología de la nacionalidad waorani”, añadió.

Yeti dijo ayer que reconocen el esfuerzo que hace el presidente Rafael Correa en ese sentido, pues resaltó que “es un enorme sacrificio que hace el Gobierno actual”, pero eso no justifica que el Estado, a través de gobiernos anteriores, no haya cumplido ni siquiera un 30% con las nacionalidades waoranis.

Decisión de la CIDH se debate en la asamblea

Hoy se debatirá en el pleno de la Asamblea Nacional el proyecto de resolución sobre el respaldo a la posición del Estado ecuatoriano respecto a las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor del exasambleísta Cléver Jiménez, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa.

La CIDH sugirió el pasado 30 de marzo al Estado ecuatoriano suspender la sentencia emitida el pasado 14 de enero por la Corte Nacional de Justicia en contra de Jiménez, Villavicencio y Figueroa por delito de injuria en contra del presidente Rafael Correa.

El proyecto respalda la posición del Ecuador en consideración a que la CIDH no tiene dicha atribución de conformidad con la Convención de Derechos Humanos y su Estatuto, y prevé exhortar que el organismo actúe dentro de sus límites.