Las protestas violentas de octubre provocaron daños irreparables en la economía del país y afectaron directamente a la ciudadanía, que fue objeto de ataques y actos vandálicos durante 10 días.

Según los reportes oficiales, la situación motivó un esfuerzo adicional de la fuerza pública para contener estos brotes de violencia de personas que intentaban desestabilizar al Gobierno con paralizaciones de servicios públicos, toma de pozos petroleros e incendio de edificios, como el de la Contraloría en Quito.

Esto además afectó a policías que fueron agredidos, secuestrados y, en algunos casos, torturados por manifestantes, lo que provocó heridas físicas y psicológicas en los uniformados.

Por eso la Fiscalía inició investigaciones sobre delitos que tienen que ver con destrucción de bienes del patrimonio cultural, incitación a la discordia entre ciudadanos, paralización de servicio público, rebelión, sabotaje, terrorismo y violación a la propiedad privada.

La situación que testificó todo Ecuador motivó al propio presidente Lenín Moreno a solicitar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) venga y elabore un informe sobre lo sucedido.

El Gobierno facilitó a los delegados el contacto con todos los sectores involucrados de manera que constaten las motivaciones de los excesos.

La misión, presidida por Esmeralda Arosemena, entrevistó a 439 personas y registró 380 testimonios entre el 28 y 30 de octubre pasado. Los funcionarios públicos facilitaron toda la información.

No obstante, en el informe final no tomaron en cuenta la versión completa de los hechos. “Se inclinaron a amplificar la interpretación de solo un sector de la población que participó en las protestas, lo que claramente implica un sesgo. Y eso no está bien”, opinó el director ejecutivo del Centro Latinoamericano de Estudios Políticos (Celaep), Sebastián Mantilla.

El analista comentó que en las 11 conclusiones del informe de la CIDH se nota una parcialización, pues se refiere solo a ciertos eventos sin evidenciar responsables.

A pesar de las pruebas de las agresiones a edificios públicos vandalizados, quemados, saqueos, bloqueo de carreteras, intimidaciones a la población, uso de armas para atacar a la fuerza pública, en el análisis difundido solo se menciona aquello de forma somera.

Tampoco contextualiza lo que realmente pasó con el intento de desestabilización política.

¿Pero cuál sería el motivo para que se haya emitido un informe de esa manera? Mantilla cree que es una expresión de intereses políticos porque ciertos espacios de la CIDH están vinculados con la izquierda y específicamente al Partido de los Trabajadores de Brasil del expresidente Lula da Silva.

Esto se corroboraría por cuanto quien dirigió la elaboración del informe fue Paulo Abrao, quien se desempeñó como funcionario durante la gestión de Dilma Rousseff y actualmente ocupa la secretaría ejecutiva del organismo.

“Sobre este tema nadie se refiere y necesitamos saber quiénes escribieron el informe para determinar si fueron juristas independientes”, expresó Mantilla.

Por estos motivos, cree necesario que haya un pronunciamiento oficial del Gobierno; si bien el informe no es vinculante, hay que aclarar y hacer notar las debilidades.

“Las conclusiones pudieron ahondar más y ser más prolijas en el aspecto de los delitos que cometieron los particulares, y así darle mas equilibrio a lo que sucedió”, comentó el politólogo Arturo Moscoso, docente de la Universidad San Francisco y De Las Américas.

No obstante, considera que es fundamental la observación del incumplimiento del respeto a los derechos humanos por parte de los Estados con la participación de organismos independientes, como la CIDH.

Moscoso aclaró que todo el país fue testigo del vandalismo y los excesos de una parte de los manifestantes, que incluso secuestraron a policías y periodistas. “Son delitos que deben juzgarse con base en la legislación nacional y deben sancionarse”.

Por eso no se necesita de un informe de la CIDH para que los funcionarios competentes procedan legalmente.
Juan José Pons, empresario bananero y político, considera que la visita de la CIDH fue sesgada. “Con personas con ideas preconcebidas de un falso izquierdismo que se convierten en solapadores de los vándalos”.

Pons recordó que, durante el paro, personas violentas retuvieron camiones bananeros para que el producto no sea exportado y sus trabajadores no pudieran llegar hasta sus labores.

Por ello lamentó que la CIDH no haya tomado en cuenta el atropello a las libertades y las pérdidas económicas. “En Puerto Inca bloquearon las carreteras, que tuvieron que ser protegidas por militares para salvar el producto. Y de esto el informe no dice nada”. (I)