El ministerio de Relaciones Exteriores expresó, a través de un comunicado emitido el viernes 24 de enero de 2020, que el informe "Observaciones de su visita a Ecuador" presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) diez días atrás respecto a las protestas de octubre de 2019 contiene una interpretación "parcial y poco objetiva" al criticar la acción del Estado por "hechos aislados" que se hallan aún en fase investigativa. 

La Cancillería menciona que el informe "minimiza la responsabilidad de actores y grupos organizados por el severo contexto de violencia que afectó a millones de ecuatorianos, cuyos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales estuvieron en riesgo".

El ente estatal señala que si bien existieron "algunas demostraciones" ciudadanas y espontáneas, "también hubo violencia organizada y fuerzas antidemocráticas". Precisa además que la CIDH omite los hechos de destrucción de las edificaciones públicas, la afectación de la infraestructura de medios de comunicación, cuarteles policiales y militares, el bloqueo de vías y saqueos comerciales e industrias. 

En su defensa, el Ministerio apuntó que la actuación de las fuerzas del orden estuvo dirigida a "precautelar la seguridad ciudadana" para mantener la paz social. Dijo también que la Corte Constitucional avaló la declaratoria del estado de excepción por la "gravedad del desorden público".

En el documento la Cancillería insiste en que "la fuerza pública, que no usó armas de fuego por disposición de sus superiores, empleó procedimientos antidisturbios para controlar" a los manifestantes "agresivos que usaron bombas incendiarias, cohetes de fabricación casera y tácticas de guerrilla urbana".

Destaca incluso que "los incidentes de agentes públicos que habrían afectado a manifestantes pacíficos o a terceros se investigan conforme a los procedimientos normativos".

Recuerda el respaldo brindado por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, el 15 de octubre de 2019.       

Finalmente, critica el comunicado de la CIDH por "referir determinados testimonios" de hechos que aún no han sido probados legalmente de manera local. (I)