La defensora del Pueblo, Gina Benavides, aseguró que la entidad que dirige se encargará de vigilar que la sentencia en contra de Chevron en Ecuador se cumpla.

La funcionaria recordó que la multinacional fue sentenciada al pago de una indemnización como reparación a los ciudadanos afectados por la contaminación que dejó la petrolera en la Amazonía. “La sentencia internacional no tiene nada que ver con la decisión judicial en Ecuador”.

Benavides dijo que el fallo de un tribunal de arbitraje se dio por un tema empresarial, pero “la sentencia de la corte de Sucumbíos se trata de reparación a los derechos de las personas”.

También recordó que el recurso de protección presentado por Chevron en la Corte Constitucional, para evitar la ejecución de la pena, fue rechazado.

La defensora aclaró que la sentencia internacional no puede anular la que se dictó en las cortes nacionales. “Eso sería una grave intromisión en la justicia interna y el Consejo de la Judicatura debería pronunciarse”.

En 2011 la Corte de Lago Agrio ordenó que Chevron pague $ 9.500 millones como indemnización a los afectados de Sucumbíos y Orellana.

Esto motivó la acción de la empresa en el tribunal internacional, el cual determinó que Ecuador violó el Tratado Bilateral de Inversión (TBI); denegó justicia y no brindó un trato equitativo. (I)