“Fernando Balda nunca fue importante para la Senain, sino para Rafael Correa”
Felipe Rodríguez, abogado defensor del caso de secuestro a Fernando Balda, es un joven y brillante abogado. El expediente del proceso tuvo 11.000 hojas, se abrió en 2013, pero el fiscal general de entonces, Galo Chiriboga, nunca lo tramitó y lo guardó en un cajón. Sin embargo, la causa se reactivó en 2018 con el fiscal general de esa época, Carlos Baca Mancheno, y duró en primera instancia hasta el viernes pasado.
Romero fue sentenciado a nueve años por el caso Balda. ¿Esa es la sentencia que usted esperaba?
Sí, es decir, que se le aplique conforme a la norma de favorabilidad la máxima pena. Hay que recordar la pena en el Código Penal vigente al delito cometido, en esa época. Nosotros solicitamos incluso una pena menor al de ese Código, porque el Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece una pena menor. En todo caso, nos guste o no tenemos que aplicar el principio de favorabilidad.
¿Cómo ganó ese juicio?
Sí, es decir, que se le aplique conforme a la norma de favorabilidad la máxima pena. Hay que recordar la pena en el Código Penal vigente al delito cometido, en esa época. Nosotros solicitamos incluso una pena menor al de ese Código, porque el Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece una pena menor. En todo caso, nos guste o no tenemos que aplicar el principio de favorabilidad.
¿Cómo ganó ese juicio?
Tuvimos el 100% de pruebas a nuestro favor, la contraparte no presentó ninguna prueba. De hecho, el juez dijo en la sentencia que ni siquiera negaron los hechos. Desde el inicio dijeron que no iban a negar que Fernando Balda fue secuestrado, que fue víctima de este delito y que fue ejecutado por la Policía ecuatoriana. Según ellos, el delito estaba prescrito y los documentos que revelaban el secuestro fueron ilegalmente desclasificados. Es decir, admitían lo sucedido pero sostuvieron que nosotros nunca pudimos conocer esto porque estaba mal desclasificado.
¿Cuál fue el argumento de la defensa?
Según ellos, quien debía desclasificar los documentos era la Senain, a través de un informe del Ministerio de Defensa. Una vez que alegaron eso saqué el informe de la exsecretaria de Inteligencia y la autorización del Ministerio de Defensa, y les expliqué que seguimos ese procedimiento. Así lo demostramos en la audiencia, ellos no tuvieron nada más que pelear.
¿Pero es bastante descarado aceptar que se secuestró al activista Fernando Balda?
Sí, pero no tenían alternativa, ya tenemos una sentencia previa de los agentes Raúl Chicaiza y Diana Falcón que demuestra lo sucedido en este caso. Además tenemos una sentencia en Colombia y tuvimos más de 25 peritajes, entre peritos y testigos, que confirmaban la participación directa de Pablo Romero. Ellos no tuvieron ninguna prueba que aportar, no contaron con testigos ni siquiera presentaron pruebas documentales. Es decir, fueron acribillados de tal modo que al final se rindieron.
¿Cuál fue la razón de ese plagio orquestado desde el poder?
La defensa de Romero sostenía que Balda era peligroso para el Estado ecuatoriano, pero no es así y eso quedó demostrado. Fernando Balda no cumplía los requisitos para ser seguido por inteligencia. En el juicio se determinó que Balda nunca fue importante para la Senain, sino para Rafael Correa. El expresidente mal usó el aparato de inteligencia para rencillas personales; esto era algo que nadie lo quería decir y que siempre mantuve. Balda era peligroso para el ego del exmandatario, por eso la sentencia dice que Romero debe poner una placa que diga: “La inteligencia de un país deberá ser utilizada para proteger a sus ciudadanos y no para perseguirlos”.
¿Cuáles fueron los puntos clave de ese caso?
La sentencia de Colombia que demuestra la materialidad del secuestro consumado; la condena y confesión de los cinco secuestradores que pertenecían al pueblo muy pobre, Puerto Tejada, en Colombia. Otros puntos importantes son: la confesión de Chicaiza y Falcón, los audios de ellos con Pablo Romero, incluso de cómo todo salió mal en Colombia. Se hizo un cotejamiento de las voces, entre ellas la de Pablo Romero, para verificar su autenticidad, y eso se confirmó. Los audios dicen que todo fue legal y cómo se manejó el secuestro, es decir, tenemos grabaciones de voces que demuestran la participación directa de Romero. Son audios en los cuales él dice que todo es por disposición de Rafael Correa. Son palabras de Pablo Romero y eso se reprodujo en la audiencia. Contamos con nueve horas de audios que fueron entregados por el exagente Chicaiza; si él no lo hacía se hubiera ido también nueve años a prisión. Él y Falcón lograron demostrar que lo confesado por ellos era cierto. De esas nueve horas de audios de Romero, nosotros presentamos solamente cuatro porque eran más que suficientes para demostrar su conocimiento.
¿Cuánto fue el perjuicio al Estado por el secuestro de Balda?
No hemos logrado tener una cifra exacta, hay muchos documentos que no se desclasificaron. Pero sí tenemos un cálculo sobre el costo de la operación Wilson, que fue de 70.000 dólares. Esta estuvo precedida de la operación Guayacán, que costó 60.000 dólares. Y todo esto estuvo rodeado de la operación Secuestro. Si sumamos sería aproximadamente 200.000 dólares de perjuicio al Estado ecuatoriano. Al final del día, los ecuatorianos no pagaron el impuesto a la renta, sino el secuestro a Fernando Balda porque fue financiado con recursos del Estado.
Romero tiene otros procesos a su espalda. ¿En caso de que sea condenado, eso se suma a la sentencia que cumplirá por este delito?
Él tiene dos casos actualmente: el caso Caminito, que es la persecución a otros ecuatorianos con recursos públicos; el de peculado por caso Fernando Balda. Si esto se suma y si le condenan por peculado, Romero corre el riesgo de estar 18 años en la cárcel. Además hay otros casos que se revelaron en el caso Balda: el primero es otro secuestro en Panamá por el 30-S (30 de septiembre por supuesto magnicidio), que fue ejecutado por la Senain, dirigida por Pablo Romero. El segundo es el caso Hotel, sobre cómo a través de la Senain se colocaron las cámaras para espiar a Julian Assange. Esto salió de los testimonios de la Policía en el caso Balda. Romero tiene otro caso adicional: Troyano, que está en investigación.
El abogado del extitular de la Senain señala que es una persecución política. ¿Qué dice usted?
¿Cuál fue el argumento de la defensa?
Según ellos, quien debía desclasificar los documentos era la Senain, a través de un informe del Ministerio de Defensa. Una vez que alegaron eso saqué el informe de la exsecretaria de Inteligencia y la autorización del Ministerio de Defensa, y les expliqué que seguimos ese procedimiento. Así lo demostramos en la audiencia, ellos no tuvieron nada más que pelear.
¿Pero es bastante descarado aceptar que se secuestró al activista Fernando Balda?
Sí, pero no tenían alternativa, ya tenemos una sentencia previa de los agentes Raúl Chicaiza y Diana Falcón que demuestra lo sucedido en este caso. Además tenemos una sentencia en Colombia y tuvimos más de 25 peritajes, entre peritos y testigos, que confirmaban la participación directa de Pablo Romero. Ellos no tuvieron ninguna prueba que aportar, no contaron con testigos ni siquiera presentaron pruebas documentales. Es decir, fueron acribillados de tal modo que al final se rindieron.
¿Cuál fue la razón de ese plagio orquestado desde el poder?
La defensa de Romero sostenía que Balda era peligroso para el Estado ecuatoriano, pero no es así y eso quedó demostrado. Fernando Balda no cumplía los requisitos para ser seguido por inteligencia. En el juicio se determinó que Balda nunca fue importante para la Senain, sino para Rafael Correa. El expresidente mal usó el aparato de inteligencia para rencillas personales; esto era algo que nadie lo quería decir y que siempre mantuve. Balda era peligroso para el ego del exmandatario, por eso la sentencia dice que Romero debe poner una placa que diga: “La inteligencia de un país deberá ser utilizada para proteger a sus ciudadanos y no para perseguirlos”.
¿Cuáles fueron los puntos clave de ese caso?
La sentencia de Colombia que demuestra la materialidad del secuestro consumado; la condena y confesión de los cinco secuestradores que pertenecían al pueblo muy pobre, Puerto Tejada, en Colombia. Otros puntos importantes son: la confesión de Chicaiza y Falcón, los audios de ellos con Pablo Romero, incluso de cómo todo salió mal en Colombia. Se hizo un cotejamiento de las voces, entre ellas la de Pablo Romero, para verificar su autenticidad, y eso se confirmó. Los audios dicen que todo fue legal y cómo se manejó el secuestro, es decir, tenemos grabaciones de voces que demuestran la participación directa de Romero. Son audios en los cuales él dice que todo es por disposición de Rafael Correa. Son palabras de Pablo Romero y eso se reprodujo en la audiencia. Contamos con nueve horas de audios que fueron entregados por el exagente Chicaiza; si él no lo hacía se hubiera ido también nueve años a prisión. Él y Falcón lograron demostrar que lo confesado por ellos era cierto. De esas nueve horas de audios de Romero, nosotros presentamos solamente cuatro porque eran más que suficientes para demostrar su conocimiento.
¿Cuánto fue el perjuicio al Estado por el secuestro de Balda?
No hemos logrado tener una cifra exacta, hay muchos documentos que no se desclasificaron. Pero sí tenemos un cálculo sobre el costo de la operación Wilson, que fue de 70.000 dólares. Esta estuvo precedida de la operación Guayacán, que costó 60.000 dólares. Y todo esto estuvo rodeado de la operación Secuestro. Si sumamos sería aproximadamente 200.000 dólares de perjuicio al Estado ecuatoriano. Al final del día, los ecuatorianos no pagaron el impuesto a la renta, sino el secuestro a Fernando Balda porque fue financiado con recursos del Estado.
Romero tiene otros procesos a su espalda. ¿En caso de que sea condenado, eso se suma a la sentencia que cumplirá por este delito?
Él tiene dos casos actualmente: el caso Caminito, que es la persecución a otros ecuatorianos con recursos públicos; el de peculado por caso Fernando Balda. Si esto se suma y si le condenan por peculado, Romero corre el riesgo de estar 18 años en la cárcel. Además hay otros casos que se revelaron en el caso Balda: el primero es otro secuestro en Panamá por el 30-S (30 de septiembre por supuesto magnicidio), que fue ejecutado por la Senain, dirigida por Pablo Romero. El segundo es el caso Hotel, sobre cómo a través de la Senain se colocaron las cámaras para espiar a Julian Assange. Esto salió de los testimonios de la Policía en el caso Balda. Romero tiene otro caso adicional: Troyano, que está en investigación.
El abogado del extitular de la Senain señala que es una persecución política. ¿Qué dice usted?
Creo que la mejor forma de demostrar que no se trata de una persecución política es abrir el expediente. Está demostrado que fue ejecutado desde el aparato de inteligencia de Ecuador, cuyo titular era Pablo Romero. Decir que es una persecución política es una salida fácil porque no tuvieron una salida judicial. Les reté a refutar todas las pruebas que hemos presentado o los audios. En la audiencia pedí que se reproduzca un audio de Pablo Romero que es esencial. Chicaiza le dice al extitular de la Senain: “Doctor Romero, usted sabe que todo lo que hicimos fue legal. Romero le responde, riéndose: así cómo legal, legal, no exageres. Nada de lo que tú y yo hemos hecho es legal”. Él sabía que todo era ilegal, este es el típico caso del pez que muere por su propia boca.
¿Hay otro alegato de Romero que contradice esa supuesta persecución política?
En el alegato de cierre, Romero expuso algo importante en su testimonio: “Yo no tengo experiencia en inteligencia, soy un administrador de empresas que nunca había dirigido un aparato de inteligencia. Nunca he sabido cómo funciona la inteligencia y la contrainteligencia de un país. Por eso, para mí fue un reto asumir la máxima jerarquía de la inteligencia de Ecuador”.
¿Qué respondió usted a esa afirmación?
Me burlé y dije que eso pasaba con las figuras de la Revolución Ciudadana, elegían a cualquier cretino que nunca ha manejado inteligencia; elegían a un economista que nunca había administrado ni un carrito de hot dog para que dirigiera la economía del país. Estoy de acuerdo con Romero en que él no estaba capacitado para dirigir las operaciones de inteligencia. Su defensa señaló que cómo pudo haber planificado si no era capaz de hacerlo. Mi respuesta es clara: un secuestro efectuado con el dinero de los ecuatorianos, cuyas facturas del hotel en Bogotá y del alquiler de los dos vehículos que usaron para ello salen a nombre de los policías ecuatorianos. El secuestro falló porque los agentes olvidaron el "Pico y Placa" de Colombia, es decir, se notó la ineptitud de la inteligencia ecuatoriana y fue la menos inteligente que ha tenido Ecuador.
Romero estaba en España y ya lo apresaron, pero lo soltaron. ¿Qué pasó allí con él?
Pablo Romero estaba con libertad vigilada y estaba tramitando su asilo político, lo cual era su derecho. Pero tuvo un problema, se filtraron muchas conversaciones de él y en la policía española sobre la planificación de su escape de ese país. Esto alertó a todos y no pudo seguir con ese trámite. Incluso acudió al Tribunal Constitucional español, peleó en todas las instancias y con abogados de esa nación. Al final, nunca pudo demostrar la persecución política. Las evidencias hablaron por sí solas, él siempre decía: “Ecuador me persigue”. Pero la pregunta es: ¿Y Colombia? La mayoría de los documentos que lo inculpan son de la Fiscalía colombiana. Todo esto llevó a que sea extraditado.
¿Cuáles son las consecuencias para Rafael Correa en este caso?
La brecha de su defensa cada vez se achica más. No es lo mismo defenderse desde el día cero en un tribunal penal si todos empiezan desde cero y pelean de la misma forma, que ya llegar a un día a ser juzgado con sentencias condenatorias en el mismo caso, en las cuales él es mencionado. Es decir, se le pone cuesta arriba la defensa.
¿Hay otro alegato de Romero que contradice esa supuesta persecución política?
En el alegato de cierre, Romero expuso algo importante en su testimonio: “Yo no tengo experiencia en inteligencia, soy un administrador de empresas que nunca había dirigido un aparato de inteligencia. Nunca he sabido cómo funciona la inteligencia y la contrainteligencia de un país. Por eso, para mí fue un reto asumir la máxima jerarquía de la inteligencia de Ecuador”.
¿Qué respondió usted a esa afirmación?
Me burlé y dije que eso pasaba con las figuras de la Revolución Ciudadana, elegían a cualquier cretino que nunca ha manejado inteligencia; elegían a un economista que nunca había administrado ni un carrito de hot dog para que dirigiera la economía del país. Estoy de acuerdo con Romero en que él no estaba capacitado para dirigir las operaciones de inteligencia. Su defensa señaló que cómo pudo haber planificado si no era capaz de hacerlo. Mi respuesta es clara: un secuestro efectuado con el dinero de los ecuatorianos, cuyas facturas del hotel en Bogotá y del alquiler de los dos vehículos que usaron para ello salen a nombre de los policías ecuatorianos. El secuestro falló porque los agentes olvidaron el "Pico y Placa" de Colombia, es decir, se notó la ineptitud de la inteligencia ecuatoriana y fue la menos inteligente que ha tenido Ecuador.
Romero estaba en España y ya lo apresaron, pero lo soltaron. ¿Qué pasó allí con él?
Pablo Romero estaba con libertad vigilada y estaba tramitando su asilo político, lo cual era su derecho. Pero tuvo un problema, se filtraron muchas conversaciones de él y en la policía española sobre la planificación de su escape de ese país. Esto alertó a todos y no pudo seguir con ese trámite. Incluso acudió al Tribunal Constitucional español, peleó en todas las instancias y con abogados de esa nación. Al final, nunca pudo demostrar la persecución política. Las evidencias hablaron por sí solas, él siempre decía: “Ecuador me persigue”. Pero la pregunta es: ¿Y Colombia? La mayoría de los documentos que lo inculpan son de la Fiscalía colombiana. Todo esto llevó a que sea extraditado.
¿Cuáles son las consecuencias para Rafael Correa en este caso?
La brecha de su defensa cada vez se achica más. No es lo mismo defenderse desde el día cero en un tribunal penal si todos empiezan desde cero y pelean de la misma forma, que ya llegar a un día a ser juzgado con sentencias condenatorias en el mismo caso, en las cuales él es mencionado. Es decir, se le pone cuesta arriba la defensa.
Él está prófugo y vive en Bélgica, no se le puede juzgar. Pero ¿qué pasa si regresa a Ecuador?
Si pone un pie en Ecuador, tienen que esposarlo y detenerlo en la Cárcel 4; una vez allí se notifica al tribunal penal que conoció este mismo caso para que señale día y hora para su audiencia.
¿El expresidente puede ser sentenciado por este caso?
Si llega ese día, en el que sea juzgado, que se defienda porque es su derecho. Considero, firmemente, que tenemos todas las pruebas para probar su participación en el secuestro. Si Correa no regresa y no se le juzga en ausencia, eso significa que ese delito del secuestro a Fernando Balda queda en la impunidad. Si se queda en Bélgica, este caso prescribiría en 2025 porque el secuestro prescribe. Su responsabilidad individual en este delito quedaría en la impunidad.
¿Qué mensaje tiene para los ciudadanos la impunidad?
Este sigue siendo el país de la crisis bancaria en el cual los banqueros se fueron a otro país, esperaron que todo se acabara y regresaban. Es el país de Abdalá Bucaram que se autoexilió en Panamá y regresó después de 20 años y hace sus fechorías. El mensaje es: mientras más dinero y poder tienes para irte, nadie te va a tocar. Mientras menos dinero y poder tienes, la condena es segura. Es decir, un derecho penal para los pobres.
¿Le queda satisfacción por este caso?
Ha sido un sabor agridulce, me da satisfacción, pudimos desmantelar el aparato de inteligencia de este país. Sin embargo, nunca voy a sentir placer de meter a un ciudadano en la cárcel. Mi espíritu de abogado es deliberador, voy por la libertad, no por el encierro, pero sé que hice lo justo. Me da pena porque estas sentencias quitan el velo de lo que pasaba en este país que a nadie le importa. Hay un grupo intelectual que hará un seguimiento sobre el caso. Pero los fanatismos políticos no son quebrantados por este tipo de sentencias. Es decir, ese fanatismo dice que eso nunca pasó; la realidad no puede con ese extremismo y esa es la pena en estos procesos.
¿Le queda satisfacción por este caso?
Ha sido un sabor agridulce, me da satisfacción, pudimos desmantelar el aparato de inteligencia de este país. Sin embargo, nunca voy a sentir placer de meter a un ciudadano en la cárcel. Mi espíritu de abogado es deliberador, voy por la libertad, no por el encierro, pero sé que hice lo justo. Me da pena porque estas sentencias quitan el velo de lo que pasaba en este país que a nadie le importa. Hay un grupo intelectual que hará un seguimiento sobre el caso. Pero los fanatismos políticos no son quebrantados por este tipo de sentencias. Es decir, ese fanatismo dice que eso nunca pasó; la realidad no puede con ese extremismo y esa es la pena en estos procesos.
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Es interesante mostrar cómo fueron estos juegos por abajo que terminaron en la sentencia contra Pablo Romero y el llamado a juicio a Rafael Correa.