El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T) determinó que existen supuestas responsabilidades legales del exvicepresidente Jorge Glas y otros funcionarios del anterior gobierno tras una investigación relacionada con el proyecto hidroeléctrico Manduriacu.

El pleno aprobó de forma unánime el informe en el que se involucra al exdignatario en los presuntos delitos de tráfico de influencias y abuso de recursos públicos para favorecer a la empresa brasileña Odebrecht.

El informe señala, además, que se encontraron elementos de un presunto tráfico de influencias en contra el exfiscal Galo Chiriboga; el expresidente Rafael Correa; la exfiscal Cecilia Armas; y el Juez Nacional Luis Enrique Villacrés, frente a una denuncia ciudadana realizada en el 2015, "sin que se haya practicado un mínimo de diligencias investigativas".

Añade el informe que tampoco se investigó la presunta participación del excontralor General del Estado, Carlos Pólit, y servidores de la Contraloría que participaron en la ejecución de procesos de auditoría que debieron concluir con la determinación de responsabilidades penales.

Entre las personas responsables de los presuntos delitos de favorecimiento en contratos con Caminosca y ODEBRECHT, abuso y desviación de recursos públicos destinados para construcción de vías en los años 2011-2014 se señala también a otras autoridades como el prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja Narváez.

Este documento, según un comunicado del CPCCS-T, será remitido a la Fiscalía y la Contraloría, a fin de que se determinen las acciones correspondientes.

Entre los hallazgos de la investigación del organismo transitorio se menciona que la empresa Hidroequinoccio EP obtuvo dinero de la empresa CELEC que supuestamente no devengó en obras ni realizó el respectivo reembolso.

“Cabe mencionar que la investigación del caso relativo al proyecto hidroeléctrico Manduriacu, constituye uno de los casos del sector energético, cuyas irregularidades fueron puestas en conocimiento del exfiscal Chiriboga mediante una denuncia penal presentada por la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA)”, puntualiza el comunicado del Consejo Transitorio presidido por Julio César Trujillo. (I)