1.¿Cómo recibieron la noticia de que el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio (CPC-T) cesó al Consejo Nacional Electoral (CNE)?

Terminar con 10 años de una actuación fraudulenta de la función electoral es una muy buena noticia para la democracia ecuatoriana. Durante una década el CNE actúo para favorecer al correísmo, permitió el uso ilegal de fondos públicos y la infraestructura estatal en la campaña de Alianza PAIS, persiguió a los partidos de oposición, negó el derecho de los ciudadanos a participar en la toma de decisiones negando la consulta del Yasuní y al menos 8 iniciativas más.

Por eso, la decisión del CPCCS transitorio es justa y necesaria, Unidad Popular comparte la opinión del 83% de ecuatorianos que, según CEDATOS, apoyan esa medida. Ahora que estamos a 8 meses de las elecciones del 2019 es indispensable contar con un nuevo CNE que garantice independencia, autonomía y transparencia.

2. Pero ¿el CNE posibilitó la consulta popular que nombró al CPC Transitorio que hoy institucionaliza al país después de 10 años de correísmo?

El CNE no tenía otra alternativa que cumplir la Constitución y organizar la consulta popular. La legitimidad del Consejo de Participación Transitorio nace de la voluntad ciudadana expresada en las urnas. Casi 7 millones de ecuatorianos probaron el 4 de febrero un mandato popular de lucha contra la corrupción. La evaluación de los organismos de control y su eventual destitución es parte de ese mandato. Hasta ahora el CPC-T Transitorio ha cumplido bien esa misión, por eso tiene un respaldo mayoritario de la población.

3. Una vez cesado el CNE ¿qué pedirán ustedes, porque borraron el registro del exMovimiento Popular Democrático (MPD) en ese organismo?

El informe es contundente. El MPD tenía 4 asambleístas y concejales en 27 cantones, cumplía con los requisitos legales para mantener el registro electoral. Sin embargo, el CNE negándonos el derecho a la defensa, violentando la Constitución y la ley cancelaron arbitrariamente el registro electoral de la lista 15. Está claro que se violentó el derecho de participación política de 250 mil afiliados del MPD. Demandaremos justicia y reparación.

4. ¿Qué camino legal tomarán para ello?

La Constitución establece que el Estado está obligado a reparar la violaciones de los derechos por las acciones u omisiones de sus funcionarios. Por tanto recurriremos al nuevo CNE para que se anule la resolución ilegal que canceló el registro del MPD. Seguiremos con la demanda presentada en el 2015 contra Domingo Paredes y el CNE ante la CIDH. Empezaremos también acciones penales por fraude procesal.

5.¿Intentan revivir a un muerto?

El MPD vive en Unidad Popular. El capricho de Rafael Correa de desaparecernos nunca pudo cumplirse. Somos una fuerza política con una importante base social, representamos una propuesta programática de izquierda revolucionaria, estamos presentes en la lucha por los derechos y libertades de nuestro pueblo, hemos sido protagonistas en la lucha contra la corrupción. En las elecciones del 2019 presentaremos candidatos en todo el Ecuador. Quien esta agonizante es el correísmo. (I)