¿Cuál ha sido el trabajo de la Contraloría durante la emergencia sanitaria?

Al inicio del estado de emergencia la Contraloría emitió disposiciones para el seguimiento de auditoría de los procesos de contratación que se produjeran bajo régimen especial y un señalamiento a las autoridades de todas las instituciones del Estado acerca del cumplimiento normativo, del que no están exentos durante este período.

Con la información remitida se reestructuró el plan de control y se emitieron órdenes de trabajo para realizar 299 exámenes especiales.

 ¿En cuántas provincias se están haciendo exámenes?

Al momento efectuamos 160 exámenes en hospitales y dependencias de la red pública de salud.

En ellos se analizan los procesos de compras públicas de bienes y servicios en el IESS, Ministerio de Salud Pública,  Institutos de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y de la Policía. También se interviene en 85 gobiernos autónomos cantonales y empresas públicas municipales, 22 prefecturas y entidades relacionadas, 2 GAD parroquiales y 30 instituciones de la función Ejecutiva.

¿Cuáles son las irregularidades encontradas?

En líneas generales, los auditores han señalado anomalías recurrentes en 4 aspectos: elaboración de estudios de mercado, selección de contratistas, uso de documentación ilegal e incremento injustificado de los costos de bienes y servicios.

Por ejemplo hemos verificado que se dan invitaciones directas a los contratistas, sin consultar en la base de proveedores del Servicio de Contratación Pública (Sercop) otras opciones que pudieran tener  costos más convenientes. Varios proveedores seleccionados no están registrados para comercializar los productos que las entidades requirieron o están inscritos en actividades comerciales que no tienen relación con los productos y servicios requeridos.

También se puso en conocimiento de la Fiscalía posibles casos de falsificación de garantías contractuales de buen uso de anticipo y de cumplimiento de contrato.

Este acto puso en riesgo el monto asignado a la construcción del hospital Pedernales, por la entrega y recepción de garantías carentes de legalidad.

¿Cuántos informes con indicios de responsabilidad penal se han enviado a la Fiscalía?

Hemos enviado 36 informes con indicios de responsabilidad penal, que incluyen los hallazgos de auditoría en los que se presume el cometimiento de delitos en contra el Estado por uso indebido de recursos públicos.

¿A cuánto asciende el perjuicio económico por estas compras con sobreprecio?

Hasta el momento se evidencia una afectación a los recursos públicos que supera los $ 17 millones, debido a la sobrevaloración de productos y servicios.

En el caso del Hospital Pedernales son $ 8.2 millones del anticipo para la construcción y multas no cobradas.

¿Existen casos de compras de hasta el 9.000% de incremento en los precios?

Se trata del examen especial efectuado a la adquisición de insumos y dispositivos médicos, en el Seguro Social. Los auditores señalan que existen incrementos de $ 21,30 por unidad en pantallas faciales de protección que, de acuerdo con las proformas remitidas por los proveedores que ofertaron al IESS, no cuestan más de 23 centavos. Esto representa una diferencia de más del 9.000%.

También se presentaron incrementos del 400% en mascarillas N95, 253% en guantes, 169% en batas.

De la auditoría se desprende que este contrato presenta sobrevaloraciones por más de $ 5 millones.

¿Qué se puede hacer para prevenir estos actos de corrupción, especialmente en las compras públicas para no esperar que haya el perjuicio primero para luego actuar?

Como una medida fundamental, en el plano normativo, es indispensable restituir a la Contraloría la facultad de emitir informes previos a la celebración de contratos.

Además se necesita avanzar en el desarrollo de sistemas integrados de información pública, que permitan a las entidades realizar un control interno efectivo sobre las adquisiciones, inventarios, pagos, remuneraciones, emisión de documentos. También es importante restablecer el registro de contratistas incumplidos que mantenía la Contraloría y que le fuera retirado.

¿Está haciendo auditoría en el tema de los carnés?

Se iniciaron 24 auditorías al proceso de emisión y entrega del carné de discapacidad, en las dependencias provinciales del Ministerio de Salud Pública, a fin de verificar el cumplimiento de la normativa que regula este derecho y los procedimientos implementados para la entrega que deben ser de exclusivo uso de quienes tienen legítimamente la condición para utilizarlos.

La auditoría abarca las operaciones de comercio exterior, correspondientes a la importación de menaje de casas, bienes y vehículos, incluyendo a funcionarios ecuatorianos que efectuaron sus importaciones al amparo de la Ley sobre Inmunidades, Privilegios y Franquicias Diplomáticas, entre el 1 de enero de 2015 y el 30 de junio de 2020.

¿Qué sanciones puede determinar la Contraloría en estos casos de mal uso del documento ?

Dentro de sus facultades constitucionales y legales la Contraloría tiene la atribución de establecer responsabilidades civiles (glosas) y administrativas (multas y destituciones), destinadas a resarcir económicamente al Estado cuando se ha producido un perjuicio por el uso indebido de recursos estatales.

Si de las auditorías se desprenden indicios de responsabilidad penal, serán remitidos a la Fiscalía para que se indaguen y sancionen posibles delitos contra los recursos públicos, de conformidad con el procedimiento penal correspondiente, para la sanción y resarcimiento por vía judicial. (I)