La mañana del miércoles 21 de octubre, la Comisión de Justicia de la Asamblea
Nacional recibió al Contralor General del Estado, Pablo Celi, para conocer el
alcance del Proyecto de Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas.
En su intervención, el titular de la Contraloría explicó que la propuesta tiene el
objetivo de modificar la estructura organizacional del organismo de control,
conservando las funciones que le corresponden por mandato constitucional.
Se trata de transformar la figura de autoridad unipersonal a un cuerpo
colegiado de siete ministros auditores, estructurado de la siguiente manera: 2
ministros nombrados por la Asamblea, 1 por el Ejecutivo, 2 a través de concurso
público, y 2 funcionarios de carrera, provenientes de la propia Contraloría. Los
miembros tendrían un período de 6 años sin opción a reelección. Además, el
Tribunal de Cuentas se conformaría por dos salas, una de Auditoría, y otra para
la determinación de responsabilidades.
El contralor Celi explicó que se busca crear un sistema integrado por varios
ámbitos del Estado para la conducción del control público. A través de un
cuerpo colegiado, se permite un debate de las decisiones del organismo, en
lugar de concentrarlas en una sola persona, como ocurre en la actualidad. De
igual manera se busca un análisis en la determinación de responsabilidades, lo
que implica un control de la gestión y las resoluciones, con el objetivo de reducir
riesgos administrativos y jurídicos, evitando su arbitrariedad y discrecionalidad.
El Tribunal de Cuentas tendrá un Pleno que será la instancia encargada de
rendir cuentas del organismo, aprobar el Plan Anual de Control, y la revisión de
informes de auditoría. Por otra parte, revisará y aprobará las propuestas que
realice la Sala de Responsabilidades, cuando se establezcan indicios de
responsabilidad penal para remitirlos a la Fiscalía.
“El proyecto no altera la estructura del Estado, no hay cambio en funciones
constitucionales, sino una reafirmación del principio constitucional. No afecta la
naturaleza del organismo ni el sistema de control público”, afirmó Celi.
Por las razones expuestas, el Contralor reiteró que no se requiere una reforma
constitucional, sino la sustitución de la Ley Orgánica actual por una del Tribunal
de Cuentas, de igual naturaleza y jerarquía.
Finalmente, señaló que el Proyecto “garantiza una mejor articulación técnico
funcional y jurídica, bajo normas transparentes, para un mejor desempeño de
las funciones del control público, previstas en la Constitución”.