La prueba presentada por Vanessa Freire, presidenta del movimiento Fuerza Compromiso Social, no tuvo el sustento requerido en la audiencia celebrada el martes 14 de julio en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), por la denuncia que se interpuso en contra del contralor General del Estado, Pablo Celi.

La acción de Freire se basa en un informe de la Contraloría en la que solicita al Consejo Nacional Electoral (CNE) eliminar del registro electoral a Compromiso Social, Juntos Podemos, Libertad es Pueblo y Justicia Social.

Ella solicita la destitución del contralor por supuestamente interferir en el proceso electoral que desarrolla el CNE.
La Contraloría y la Procuraduría General del Estado pusieron en evidencia esta inconsistencia del denunciante, que es un requisito procesal indispensable.

La Contraloría presentó la sustentación legal y constitucional que legitima sus actuaciones, sustentando en derecho su competencia para emitir informes y recomendaciones en el ámbito administrativo y la no injerencia en el campo electoral.

El juez de la causa, Fernando Muñoz, deberá emitir el proyecto de sentencia para decisión del Pleno del Contencioso Electoral. Esto será durante los próximos 15 días.

A inicios de este mes, juzgados de seis provincias del país señalaron que el informe de la Contraloría, para dejar sin efecto la inscripción de dichas organizaciones en el Consejo Electoral, no representa una injerencia electoral.

Los magistrados de Esmeraldas, Manabí, El Oro, Tungurahua, Cañar y Los Ríos aseguraron que las recomendaciones de la entidad “no causan un daño irreversible a los derechos constitucionales de elección”. (I)