Pablo Celi, contralor general del Estado, aprobó el examen especial en el que se constata el incumplimiento de las recomendaciones emitidas por Contraloría relacionadas a la situación legal de los movimientos políticos Justicia Social (Jimmy Salazar), Podemos (Paúl Carrasco), Libertad es Pueblo (Gary Moreno) y Fuerza Compromiso Social (del expresidente Rafale Correa), respecto a la inscripción y personería jurídica.

"Este incumplimiento compromete a las autoridades y funcionarios responsables de esta vigilancia", dijo Celi en un video difundido por la Contraloría. Se refirió así a los miembros del pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) "que con su voto han posibilitado resoluciones para que dichos movimientos mantengan sus inscripciones y personería jurídica, incumpliendo requisitos legales y constitucionales señalados en las recomendaciones de Contraloría, que estableció irregularidades en su registro".

También compromete a la Directora de Asesoría Jurídica que presentó los informes, recomendando mantener el derecho de inscripción en el Registro Permanente de Organizaciones Políticas, el mismo que fue acogido por el Pleno del CNE para adoptar su decisión sobre las organizaciones que incumplían requisitos constitucionales y legales.

Además, al Coordinador Nacional de Seguridad Informática y Proyectos Tecnológicos Electorales y al Director Nacional de Organización Política, quienes en sus respectivas áreas no implementaron procedimientos para depurar y cancelar registros inválidos, ocasionando que la base de datos de afiliados, adherentes y adherentes permanentes no se encuentre depurada y se mantengan las inconsistencias observadas por la Contraloría.

Ahora el CNE deberá determinar la eliminación de estos movimientos, puesto que no lograron la entrega correspondiente de firmas, es decir, el 1,5 del padrón electoral.

Este viernes 19 de junio, en horas de la noche, el pleno del CNE sesionará para determinar la cancelación de los partidos.

Este es el resultado de la auditoría realizada en 2019, por parte de la Contraloría, al proceso de revisión de firmas del organismo electoral. La entidad de control encontró irregularidades como número de cédulas, firmas no válidas y repetidas. (I)