A dos meses de la consulta popular y referendo, celebrados el pasado 4 de febrero, prácticamente todo el mandato popular emanado de ese proceso se ha cumplido.

El presidente de la República, Lenín Moreno, también ha destacado los alcances del plebiscito, especialmente para la reactivación económica, la lucha contra la corrupción y la protección de la naturaleza.

Según su criterio, las preguntas más importantes se centraron en la reactivación de la economía, con la derogatoria de la Ley de Plusvalía, y en la naturaleza, al promover la minería responsable y conservar el Yasuní.  

A pesar de la campaña por el ‘no’ liderada por su antecesor, Rafael Correa, en las cinco preguntas de referendo y las dos de consulta popular el ‘sí’ ganó con un amplio margen. Para poner en marcha el mandato popular se han aprobado reformas legislativas y emitido decretos ejecutivos, los cuales ya están publicados en el Registro Oficial y vigentes.

Las cinco interrogantes de referendo, que se refieren a la lucha contra la corrupción, a la reelección indefinida, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), a la protección de la niñez y sobre la minería, fueron aplicadas de manera inmediata, como norma constitucional.

Así ocurrió luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) publicara los resultados finales.

Comisión ocasional
Sin embargo, para tramitar las preguntas 3 y 6, sobre el CPCCS y la derogatoria de la Ley de Plusvalía, en la Asamblea Nacional se conformó el pasado 15 de febrero una comisión ocasional denominada Consulta Popular 2018.

Para el asambleísta y presidente de esta mesa, Daniel Mendoza, la consulta corrigió errores “importantes” de la ley ecuatoriana. Con ello, agregó, se garantizará el relevo generacional en los cargos de elección popular, así como se “impedirá que los corruptos entren en la vida pública” y que haya prescriptibilidad en los abusos a los niños.

El legislador señaló que la consulta fue el inicio para que el poder Legislativo controle “que los entes del Estado cumplan con su deber”.

En cambio, el constitucionalista Jorge Benavídes espera que tras la consulta exista estabilidad política y económica. “Ojalá que estos pasos en reforma política puedan darle estabilidad al país en otros ámbitos”.

Resaltó que la “verdadera” aplicación de la consulta será a futuro, por ejemplo en las elecciones seccionales, previstas para el 24 de marzo de 2019.

En esos comicios solo se permitirá la reelección por una vez y por primera vez se escogerá a los nuevos consejeros del CPCCS. Antes ellos eran electos mediante un concurso de méritos.

Lucha contra la corrupción
El 4 de febrero se aprobó que quienes hayan sido encontrado culpables por actos de corrupción queden inhabilitados de por vida para participar en política.

Aquella pregunta, que fue aprobada con el 73,71% de votos, fue aplicada de manera inmediata. Para ello se modificaron el artículo 233 de la Constitución, el numeral 2 del artículo 96 del Código de la Democracia, la Ley del Servicio Público y el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Eso “supone la muerte política para quienes hayan concurrido en actos de corrupción”, puntualizó Benavídes. Aunque reconoció que si bien los cambios constitucionales ya han sido incorporados, los cambios legales, respecto a la aprobación de una ley de extinción de dominio deben ser tratados en la Asamblea Nacional.

Aunque el asambleísta Mendoza reconoció que todos los cambios aprobados el pasado 4 de febrero fueron incorporados de manera automática a la normativa ecuatoriana.

Reelección indefinida
La reelección fue una de las preguntas que más generó polémica. Sin embargo, fue aprobada con amplia diferencia: 64,2% por el ‘sí’ y 36,8% por el ‘no’.

Con ello las autoridades podrán reelegirse una vez para el mismo cargo, incluido el Presidente de la República.

Eso implicó la eliminación de la enmienda constitucional que establecía la postulación indefinida y que fue aprobada en la Asamblea, en 2015.

En marzo de 2019, 49 alcaldes y 14 prefectos ya no podrán candidatizarse para el mismo cargo. Por ejemplo Jaime Nebot dejará de ser alcalde de Guayaquil. Rafael Correa no podrá postularse como candidato a Presidente en 2021.

En el caso de la Asamblea, 35 legisladores tampoco podrán ser reelectos en 2021.

CPCCS transitorio, en acción
La pregunta que planteó la reestructuración del CPCCS fue una de las más complejas. Su aplicación conllevó acciones del Ejecutivo, Legislativo y del poder electoral.

En primer lugar, el Ejecutivo remitió a la Asamblea, el pasado 19 de febrero, las siete ternas para el Consejo Transitorio.

En el Legislativo, nueve días después fueron elegidos los 7 miembros principales del organismo. Con esta acción, automáticamente, los consejeros que cumplían sus funciones fueron cesados.

Entre las primeras acciones que cumplieron los nuevos funcionarios, presididos por el jurista Julio César Trujillo, estuvieron el cese de funciones del exsuperintendente de Comunicación, Carlos Ochoa, y recomendaron la destitución de Patricio Rivera como superintendente de Economía Popular y Solidaria. Al mismo tiempo aprobaron el reglamento para la evaluación de las autoridades de los entes de control.

Empezarán por las instituciones de Justicia. Además, como parte del mandato popular, la Asamblea aprobó las reformas a la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana.

Los nuevos consejeros del CPCCS (titulares y suplentes) serán electos mediante voto popular el próximo 24 de marzo.

Protección a la niñez
La consulta se dio en medio de un contexto de indignación nacional por los casos de abuso sexual a menores de edad en planteles educativos. Por ello fue aprobada en referendo la no prescripción de los delitos sexuales de niños y adolescentes.

Su aplicación en la legislación ecuatoriana se dio de inmediato. Esa pregunta nació luego de evidenciarse casos en las unidades educativas del país.

El Ministerio de Educación informó que entre enero de 2014 al 18 de marzo de 2018 existieron 2.673 casos de denuncias de violencia sexual dentro y fuera del sistema educativo nacional.

Minería responsable
Tras el plebiscito quedó prohibida, sin excepción, la minería metálica en todas sus etapas en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos.

En esta última categoría, el Gobierno trabaja en su definición para la aplicación del mandato popular.

“No tenemos aún una definición clara y menos unas coordenadas territoriales de circunscripción que me indiquen cuál es el centro urbano y desde dónde hacia dónde es”, indicó la ministra de Minería (e), Rebeca Illescas.

El objetivo es que desastres como el de Zaruma, donde las calles se hunden por actividad minera ilegal, no se repita.    

Ley de Plusvalía fue derogada
El 21 de marzo fue derogada la Ley de Plusvalía, que fue aprobada en 2016 y cuya eliminación nació tras la aprobación de la pregunta 6 de la Consulta Popular.   

Representantes del sector de la construcción siempre se opusieron a esta norma. Ellos adujeron pérdidas económicas constantes.

Según el Banco Central del Ecuador (BCE), la industria mostró mejorías del 0,1% en el último trimestre de 2017. El Gobierno espera que la construcción crezca este año alrededor del 1%.  

Para evitar la especulación del suelo, el Ejecutivo trabaja en reforzar y aterrizar la Ley de Ordenamiento Territorial, por medio de un reglamento.

Zona intangible del Yasuní aumentará
Por medio de un decreto ejecutivo se creó una comisión, presidida por el Ministerio del Ambiente, para que trabaje en los estudios para incrementar en al menos 50.000 hectáreas la zona intangible de conservación en el Parque Nacional Yasuní.

La idea es reducir la explotación petrolera a 300 ha y no afectar uno de los parques naturales más importantes del país. (I)