A un año de su aprobación, la implementación de la consulta popular todavía no se cumple al 100%. Los procesos burocráticos han dificultado el mandato.

Los cambios, luego de la aprobación del plebiscito que planteó el presidente Lenín Moreno se concretan a través de tres vías: reformas legislativas, Decreto Ejecutivo y Registro Oficial. En la primera, el Ejecutivo presentó un proyecto en el Legislativo para eliminar la Ley de Plusvalía.

Según Silverio Durán, titular de la Cámara de la Construcción, los resultados luego de la derogatoria son positivos. El sector que representa, indicó, está en camino de aportar el 10% del Producto Interno Bruto (PIB) al país. Es decir, alrededor de $ 10.000 millones.

El segundo proyecto que envió Moreno a la Asamblea se centró en otras reformas a fin de llamar a elecciones para integrar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

A la par, un Consejo Transitorio se encargó de evaluar a las instituciones de control. Hasta ahora ha cesado a 29 autoridades y lleva adelante concursos para reemplazar a esos exfuncionarios.

El constitucionalista André Benavides, considera que la actuación del Transitorio es discrecional. “En algunos casos, el Consejo actuó muy pronto para cesar a autoridades, en otros, todavía no se evalúa como es el caso del contralor subrogante Pablo Celi”, dijo.

La segunda vía para cumplir con la consulta es por Decreto Ejecutivo. En esto el Gobierno aún prepara un documento para reducir el área de explotación petrolera de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas en el Parque Nacional Yasuní.

Otro camino para fijar los resultados del plebiscito del pasado 4 de febrero de 2018 es mediante Registro Oficial. La publicación de los resultados de la consulta en el Registro Oficial por parte del Consejo Nacional Electoral reformó automáticamente la Carta Magna. Por esta vía se aplicaron cuatro de las siete preguntas.

Se introdujo la eliminación de la reelección indefinida, la inhabilitación política para sentenciados por corrupción, la prohibición de la minería metálica y que los delitos sexuales contra menores no prescriban.

Sobre la reelección indefinida, si se cumple, por lo que 47 alcaldes y 14 de 23 prefectos fueron impedidos de reelegirse para los próximos comicios. Aunque sí podrán postularse por otra dignidad. Ese es el caso de los prefectos de Santa Elena, Guayas, Santo Domingo, Orellana, Esmeraldas y Azuay, que renunciaron a sus cargos para optar por una Alcaldía.

El constitucionalista Benavides afirmó que hay casos donde ese impedimento obligó a un grupo de autoridades postular a sus familiares para que los reemplacen. “Eso podría tener una lectura de que no se está garantizando la alternabilidad”, lamentó.

Respecto a la prohibición de candidaturas de sentenciados por corrupción, no se han registrado casos.

En cuanto a la minería metálica y su prohibición, los indígenas han manifestado, en varias ocasiones, que el mandato no se cumple en su totalidad en el país, e instaron para que se elimine ese tipo de actividad.

La imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores, que es otro punto del mandato popular, ha quedado en el olvido, según Sara Oviedo, integrante de la Coalición Nacional contra el Abuso Sexual a Niñas, Niños y Adolescentes.

“No hay la operativización, aunque en las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) se introduce la imprescriptibilidad”, aclaró.

El año pasado, la Comisión Aampetra de la Asamblea Nacional, denunció 8.586 agresiones sexuales a menores de edad. El último examen especial de Contraloría sobre el Ministerio de Educación determinó que entre septiembre de 2011 y marzo de 2017 hubo 1.837 denuncias de abuso y violación. (I)