No hay una cifra consensuada sobre el perjuicio económico al país por la corrupción. Estudios como el del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) señalan que el sobreprecio en obras de infraestructura y desvío de recursos durante el régimen anterior bordea entre los $ 40 mil y $ 70 mil millones.

Otra conclusión del programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) estima una pérdida de $ 2.400 millones en cinco obras emblemáticas de la década pasada.

Estos número originaron desde el 2017 una intervención judicial que posibilitó, por ejemplo, la sentencia a seis años de prisión al exvicepresidente Jorge G., por asociación ilícita dentro de una trama de sobornos de la empresa Odebrecht para obtener contratos con el Estado.

Ante estos hechos el gobierno de Lenín Moreno  creó la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia, para  que se encargue de facilitar e investigar denuncias ciudadanas, así como de implementar políticas para combatir y prevenir la corrupción.

Dora Ordóñez, quien dirige la entidad creada en febrero de este año, dijo que cerca de 200 casos están en investigación en la Fiscalía, “de los cuales 40 son denuncias presentadas por nosotros”.

La funcionaria reconoció que el tema de la recuperación del dinero ilícito es complicado por falta de una normativa clara.

Pero el país y las instituciones competentes van en ese camino. Por ejemplo, en 12 casos de corrupción con sentencia existen $ 144 millones que se pueden recuperar. Adicionalmente otros $ 282 millones por concepto de glosas ya tienen resolución del tribunal contencioso administrativo, para que se proceda con la coactiva.

El Estado ecuatoriano ha declarado como política pública la prevención de la corrupción, “lo que ha hecho que muchos ministerios y entidades públicas implementen prácticas en este sentido”, comentó el jurista Esteban Ron.

Así mismo, se debe contar con estructuras específicas dentro de cada institución, “con un sistema judicial especializado, e incluso con otros cuerpos creados ocasionalmente para investigar casos específicos”, opinó Juan José Allencastro, docente de la Universidad Católica.

La estrategia que aplica la Secretaría Anticorrupción pretende por sobre todo que la práctica común del servicio público sea el ejercicio honesto e íntegro. (I)