Lo que en octubre del año pasado parecía una movilización indígena en rechazo a las medidas económicas adoptadas por el presidente Lenin Moreno en su decreto 883, se transformó en un intento de derrocar al gobierno, donde la violencia vulneró la estructura del Estado como tal.

Para María Paz Jervis, decana de la Facultad de Ciencia Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional SEK (UISEK), octubre (2019) marcó un antes y un después en la dinámica política y social ecuatoriana.

Eventualmente -dice- había gente que sí se movilizó por eso (decreto), pero está claro que lo que pasó en octubre no fueron movilizaciones de protestas contra las medidas económicas, fue un intento de golpe de Estado.

“Fueron actividades de insurrección nunca antes vistas en el país (...) cómo el diálogo entre movimientos sociales y gobierno se vio secuestrado por mecanismos violentos y sentimos todos que el Estado y el orden constituido para bien o para mal tambaleaba”.

Para ella, la intención del paro indígena fue golpista “y estuvo secuestrado por el grupo político, ex AP, Alianza PAIS de Correa, el correísmo en concreto.

Estoy convencida de que hubo redes internacionales y grupos de insurrección; cuál era el objetivo, entiendo que derrocar el gobierno, de romper el orden social, pero no sé qué más”.

Jervis precisa que además del ataque en las calles, de la violencia y del ataque a las fuerzas armadas, también hubo una guerra cibernética. 

“Toda esta estructura de causar terror consiguió su acometido. Seguramente no se derrocó al gobierno formalmente, pero se creó una inestabilidad y una deslegitimación del poder, y cuando digo del poder no me refiero al gobierno del presidente Lenin Moreno, sino de la estructura y organización del estado ecuatoriano como tal”.

La docente de la Universidad Central, Mónica Mancero, considera que durante una década el movimiento popular en general y particularmente el movimiento indígena fue denostado por el correísmo, afectado a través de muchísimos juicios; una judicialización de la protesta social.

Menciona que los movimientos de actores sociales, indígenas y organizaciones reaccionaron a un paquete de medidas de carácter ortodoxo “que implicaban despidos de servidores públicos, contratación de deuda y se habían contemplado algunas medidas de compensación, pero para sectores más productivos, pero la compensación para los sectores populares era mínima”.

Todo esto -destaca- hizo que se despliegue un proceso inédito que no lo preveyó el régimen y tampoco la propia convocatoria de parte de la Conaie. “Leonizas Iza manifestó (durante el diálogo) que no habían previsto una movilización de esa naturaleza.

Creo que eso se desbordó en varias acciones de violencia, que se entienden como parte de una movilización social que estaba contenida por toda la década anterior”.

Resalta que cuando explota este proceso muchos actores se quieren sumar con carácter político, con una agenda básicamente electoral. “La propuesta que tuvo el correísmo era adelantar elecciones, un actor que quiso aprovecharse del proceso, pero el movimiento indígena puso un freno”.

En ese sentido, recordó que empezaron los juicios y que varios asambleístas de la Revolución Ciudadana (RC) salieron del país y se autoexiliaron...

Mientras que para la socióloga Natalia Sierra, la represión que hubo en el gobierno de Rafael Correa asfixió la voz social y esa tensión social acumulada estalló con la eliminación de los subsidios.

Entonces -precisa- aparecen otras fuerzas que se quieren aprovechar de las circunstancias y aparecen ciertos sectores del correísmo con otra agenda que no era la de los movimiento sociales y  otro tipo de demandas que no tenían que ver, en estricto sentido, con la derogatoria del decreto, sino ya con temas como “que caiga el presidente”, “hay que sustituirlo”, “hay que derrocarlo”.

Asegura que estuvo junto a la dirigencia histórica del movimiento indígena y que por ejemplo, Blanca Chncoso, manifestó que no les interesaba cambiar de gobierno porque eso ya lo hicieron antes, por eso muchos de ellos acusaron directamente a los correístas de dañar la lucha justa del pueblo. (O)

El informe de la Comisión de la Verdad recoge 560 testimonios

 
La Comisión de la Verdad y Justicia de la Defensoría del Pueblo que investigó los hechos ocurridos del 3 al 13 de octubre de 2019, en el levantamiento indígena, tenía previsto entregar los resultados de su informe el 24 de marzo de este año, pero por la crisis sanitaria  a consecuencia de la pandemia del covid-19, no fue posible.

Esta Comisión está presidida por Sybel Martínez, vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos de la Mujer en Quito y activista de derechos humanos, quien dijo que ya está listo el informe, pero por causa de la pandemia aún no se ha hecho público.

El documento consta de 359 páginas, incluido anexos y cuadros y el análisis le tomó a la Comisión tres meses y medio, desde que se creó el 21 de noviembre de 2019 hasta el 12 de marzo de 2020.    

En ese análisis han intervenido cuatro comisionados más un equipo técnico que la Defensoría puso a disposición. 

  La Comisión trabajó con 560 testimonios incluidos 257 receptados por la CIDH. Tuvo el apoyo de organismos nacionales e internacionales. (I)