Ecuador cree que la comisión de la ONU que investigó la ola de disturbios del pasado mes de octubre se centró demasiado en el comportamiento de las fuerzas del orden y no tuvo en cuenta la violencia de los manifestantes ni la verdadera dimensión del conflicto.

En una nota difundida este jueves 5 de diciembre del 2019 por la Cancillería, el ministro José Valencia se refiere al comunicado, una suerte de informe preliminar, que la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos (Oacdh), Michelle Bachelet, difundió el pasado viernes sobre los recientes disturbios en el país.

Y afirma que "contiene algunas apreciaciones subjetivas y no refleja en su real dimensión el contexto de violencia y el impacto social que tuvieron los violentos sucesos".

Así también lo transmitió el canciller en una carta que envió el lunes 2 de diciembre a Bachelet en la que le reiteró que la política de su Gobierno es "de total transparencia frente a los hechos suscitados en las manifestaciones de octubre".

Con base a esa aspiración por la transparencia, indica, Ecuador invitó a la Oacdh a visitar el país e investigar.

"Con todo respeto a quien piense lo contrario", anota el ministro de Relaciones Exteriores en su carta, "el comunicado pone un desmesurado acento en los supuestos excesos de la fuerza pública, mientras muy de paso describe el gran daño causado por los manifestantes a personas y bienes públicos y privados, o la virulencia de los disturbios, que provocaron terribles efectos".

En los disturbios de octubre murieron una decena de personas y más de 1.500 resultaron heridas, de ellas 435 miembros de las fuerzas de seguridad.

El país estuvo además paralizado en gran medida, del 3 al 13 de octubre, por violentas manifestaciones en el centro de Quito y el bloqueos de vías cruciales por el territorio nacional.

El viernes pasado, después que una misión de la OACDH visitara el país, la oficina de Bachelet difundió un comunicado en el que afirmaba haber recogido denuncias de detenciones arbitrarias por parte de la policía y de un posible uso desproporcionado de la fuerza, por lo que pidió la investigación de estos casos.

Valencia, en su carta a la alta comisionada, se queja de que el comunicado no refleja la "real dimensión" y "contexto" de los disturbios.

"Aunque transmitimos a la misión los dramáticos efectos de la violencia, vemos con desaliento que el comunicado no refleja en su real dimensión el contexto de violencia y su impacto social", subraya.

Y agrega que "antes bien el comunicado refiere el supuesto uso excesivo de la fuerza por las fuerzas antidisturbios, apreciación que el Ecuador encuentra injustificada".

"La fuerza pública ecuatoriana actuó dentro del marco de la ley, con disciplina y con respeto a los protocolos y estándares internacionales aplicables, bajo la presión que suponía actuar en una atmósfera de violencia extrema por parte de agresivos grupos de manifestantes", asegura el ministro.

También reitera que las fuerzas ecuatorianas no emplearon "medios letales para rechazar los ataques de los violentos, por expresas órdenes de sus superiores" y como prueba reafirma que "no se produjeron ni heridos ni muertos por disparos de armas de fuego de la fuerza pública".

En base a todo ello, Valencia considera que "las apreciaciones del comunicado a este respecto son subjetivas, no se ciñen a los hechos y reflejan solo los puntos de vista de la oposición o de entidades cercanas a los violentos".

"Pese a la masiva conflictividad que vivió el Ecuador, el comunicado se limita a observar que 'algunos manifestantes' recurrieron a la violencia", se queja el ministro al recordar que fueron "centenares de atacantes en varios puntos del país" que actuaron "de manera concertada con tácticas de guerrilla urbana".

"Nos hemos quedados sorprendidos por ese cálculo tan frugal del número de personas que cometieron actos violentos, saqueos y hechos vandálicos, y sabotearon instalaciones públicas y negocios privados", insiste la carta.

También se queja a Bachelet de que el comunicado instara a "las autoridades ecuatorianas" a que "se abstengan de hacer declaraciones o cualquier otra acción que estigmatice a los pueblos indígenas y a los extranjeros", dando a entender que hubo tales pronunciamientos de parte del Gobierno.

"Aquello no ocurrió. No tenemos registradas palabras de autoridades que estigmaticen a otras personas por su origen étnico o nacionalidad", concluye el canciller. (I)