Hay inconsistencias y contradicciones en el número de muertos durante las manifestaciones del 3 al 17 de octubre de 2019. La Defensoría del Pueblo y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) presentan cifras diferentes sobre ese tema.

La Defensoría levantó un listado de 11 fallecidos, mientras que la Conaie contabilizó nueve. La Defensoría elaboró siete informes sobre ello. 

El defensor del Pueblo, Freddy Carrión, primero dijo que había ocho muertos, pero después, en una entrevista  con diario El Comercio, explicó que hubo 10 muertos.

En el último informe la entidad cita a siete muertos en el contexto del paro contra el Decreto 883, que eliminaba los subsidios a los combustibles y fue derogado. 

Pero, además, en el listado de la Defensoría del Pueblo hay dos personas vivas: José Rodrigo Chaluisa Chaluisa, quien vive en Zumbahua, provincia de Cotopaxi, y Edwin Bolaños, quien no consta como fallecido.

 Así lo constató la Dirección de Muertes Violentas (Dinased) y el sistema DAVID de la Policía Nacional, que verificó que esa persona está viva, según el Registro Civil.

Esto también fue confirmado por  el equipo de investigación de  UDLA Chanel, de la Universidad de las Américas. Los estudiantes hicieron un vídeo sobre el tema y encontraron que José Rodrigo Chaluisa está vivo.

El informe presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el pasado 14 de enero, dice que falta información sobre José  Rodrigo Chaluisa.

Sin embargo,  la Defensoría del Pueblo señaló que José Rodrigo Chaluisa Chaluisa “habría muerto por atropellamiento durante los enfrentamientos con la fuerza pública en el sector de El Arbolito, en Quito”.

Carrión manifestó a El TELÉGRAFO que el informe periodístico de UDLA Chanel “salió de una fuente falsa”. Insistió además en que la Defensoría del Pueblo recopiló información documentada, con declaraciones de familiares. Mientras que la Conaie, que incluye en su lista a Chaluisa, indicó en un comunicado para EL TELÉGRAFO que los nombres de los fallecidos en el paro han sido verificados por la organización.

“No nos interesa entrar en la polémica vertida en estos últimos días entre la Defensoría del Pueblo y los medios alternativos que cuestionaron la veracidad de los 11 fallecidos establecidos por la Defensoría del Pueblo”, señaló la Conaie.

Pero, además, en su listado aparece Francisco Quiñónez Montaño, quien murió arrollado por un vehículo militar, según el movimiento indígena.

Mientras que en un informe del Ministerio de Gobierno se detalla que fue asesinado en una riña familiar en un suceso ajeno al paro de octubre. También hay otros casos de muertes que no deben ser atribuidos a la fuerza pública, subrayó la ministra de Gobierno, María Paula Romo, en una entrevista con Radio Centro. “Hay el caso del señor Ángel Chilpe Gutama”. Él estaba cerca de la manifestación en Molleturo, provincia de Azuay, y fue atropellado por un particular.

Lo mismo ocurrió con Abelardo Vega Caisaguano, quien está en las listas de la Defensoría del Pueblo y de la Conaie. Él murió atropellado en la avenida Teniente Hugo Ortiz, al sur de Quito, según el parte policial del 12 de octubre de 2019 y de los testigos que vieron el hecho.

Otro caso que está en la lista de muertos de la Defensoría y de la Conaie es el de Inocencio Tucumbi. La entidad y la organización sostienen que Tucumbi murió porque la fuerza pública pasó por encima de él durante las manifestaciones, en el sector de la Universidad Salesiana, en Quito. Sin embargo, la autopsia médico legal señala que la causa de la muerte fue una hemorragia cerebral debido a una caída.

También está el caso de la única mujer que murió en las protestas e iba como pasajera en una moto. Esta se chocó contra un montículo puesto por los manifestantes, explicó la Ministra.

El asambleísta independiente y presidente de la Comisión Ocasional del Paro Nacional, Fernando Burbano, confirmó que hay inconsistencias en el número reportado de personas fallecidas.

El informe final de esa Comisión solicita al Ministerio de Gobierno, a la Fiscalía del Estado y al Ministerio de Salud que en 30 días, tiempo que ya concluyó, se pronuncien sobre el número exacto  de muertos en el paro.

La docente de la UDLA, Alegría Donoso, explicó que es necesario transparentar la información y decir la verdad sin manipulaciones porque las protestas de octubre dejaron una situación compleja.

Ella cree que la Defensoría del Pueblo actuó con poca seriedad y profesionalismo, de ahí que haya confusión en los apellidos de las víctimas mortales, lo que podría afectar la credibilidad de la entidad. Pero ¿qué institución tiene competencia para determinar cuántas personas murieron en el paro?  La Fiscalía, que luego de una investigación penal determinará a los responsables y los jueces impondrán una pena. 

Dos muertes que deben investigarse todavía

Dos muertes más ocurrieron durante las manifestaciones de octubre de 2019. Se trata de Mónica Sánchez (46) y de su hija, Kelly Flores (24), quienes fallecieron en un incendio en el sector de Amagasí del Inca, al norte de Quito.

Según el parte forense, las dos mujeres fueron alcanzadas por las llamas cuando intentaban rescatar a sus perros del flagelo que consumía  gran parte del área boscosa del sector. Mónica falleció carbonizada, mientras que Kelly, quien sufrió quemaduras en el 40% de su cuerpo, murió al intentar salvar a su madre.

El informe policial señala que el incendio habría  sido provocado por la quema de llantas y madera sobre la Av. Simón Bolívar cuando varios manifestantes salieron a la vía a protestar. El parte policial categoriza a la quema de llantas y madera como un acto “provocado”, pero aclara que la propagación del fuego fue accidental. Así mismo, el documento detalla que las víctimas no pudieron ser atendidas oportunamente, puesto que las vías de la ciudad se encontraban bloqueadas y los organismos de emergencia no pudieron llegar al lugar a tiempo. Mónica Sánchez y Kelly Flores constan en el informe oficial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero no existen en los de la Defensoría del Pueblo  la Conaie y el Gobierno. (I)