La Ley Humanitaria y la de Finanzas Públicas enviadas por el Ejecutivo para enfrentar la crisis sanitaria levantaron la oposición conjunta del bloque socialcristiano y de la Revolución Ciudadana.

Estas bancadas, compuestas por 16 y 31 asambleístas respectivamente, alzaron su voz especialmente contra la primera a la que calificaron como impositiva. El movimiento CREO también criticó la propuesta.

Aquello porque el texto original del Ejecutivo planteaba una contribución solidaria que la debían pagar las personas que percibían un sueldo desde $ 500 y las empresas que hayan reportado ganancias de $ 1 millón en el ejercicio fiscal 2018.

El objetivo era conseguir $ 1.400 millones para paliar las necesidades de los grupos sociales más vulnerables.

Las observaciones de estas y otras bancadas motivaron a que la Comisión de Desarrollo Económico, encargada del tratamiento de la ley, cambie la aplicación de la contribución a quienes ganaban desde $ 2.500 y a las empresas con utilidades de $ 2,5 millones en 2019.

Sin embargo, las críticas continuaron. Mientras se desarrollaba el segundo debate, el presidente Lenín Moreno pidió a los legisladores que eliminen ese capítulo de la ley con el objetivo de que se mantengan los consensos necesarios para enfrentar la emergencia sanitaria.

Esta postura hizo eco en algunas bancadas. El asambleísta independiente Fabricio Villamar mocionó que se elimine el artículo de las contribuciones lo cual fue secundado por José Serrano, de Alianza PAIS.

Pero correístas como Marcela Holguín argumentaron que también se debía suprimir el capítulo sobre los acuerdos entre empleadores y trabajadores por ser “lesivo para sus derechos”.

Posteriormente, la Comisión de Desarrollo Económico acogió las observaciones tanto de socialcristianos como correístas.

No obstante, en la votación final volvieron a oponerse a pesar de que en la propuesta permanecieron beneficios para las personas golpeadas por la pandemia.

La normativa fue aprobada finalmente con 74 votos, 59 en contra y 4 abstenciones. Cinco asambleístas de Pachakutik también se opusieron a la norma.

Roberto Aspiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano, comentó que no es la primera vez que el Partido Social Cristiano se une a la Revolución Ciudadana para oponerse al Gobierno. Comentó que en la Asamblea la Ley Humanitaria fue ampliamente mejorada con puntos positivos.

El economista Pablo Lucio Paredes aclaró que no conoce los entretelones políticos, pero manifestó su extrañeza por la posición del Partido Social Cristiano cuando fueron acogidas sus observaciones. Aclaró que ninguna ley es perfecta pero tienen que ser discutidas globalmente para que incluya temas en beneficio del país.

Por ello estimó que la actitud de las bancadas correístas y del Partido Social Cristiano tienen un tinte político con miras al 2021.

El analista Andrés Albuja opinó que estas alianzas en contra de la aprobación de los últimos proyectos de ley reflejan el oportunismo con el que actúan los grupos políticos lo que incide en los bajos niveles de aceptación del ente legislativo porque se discute con cálculos electorales (I)