El gabinete ministerial israelí aprobó el domingo una ley que permitirá obligar a los prisioneros en huelga de hambre a comer si su vida corre peligro, una iniciativa que desató las críticas de expertos médicos y grupos de defensa de los derechos humanos.

El apoyo de los ministros a esta ley fue liderada por el ministro de Seguridad Interna, Gilad Erdan, quien dijo que los prisioneros en huelga de hambre, en concreto los palestinos, suponen una "amenaza" para Israel.

"Junto con los intentos de boicot y de deslegitimación a Israel, las huelgas de hambre de los terroristas en prisiones se han convertido en un medio para amenazar a Israel", aseguró Erdan en su página de Facebook.

Esta ley fue aprobada por el gobierno israelí el año pasado y enviada al parlamento para ser debatida, pero el Knesset fue disuelto antes de que comenzaran las deliberaciones.

El texto se aprobó inicialmente en junio de 2014, en el punto álgido de una huelga de hambre masiva de prisioneros palestinos, de los cuales 80 debieron ser hospitalizados.

El presidente de la Asociación Médica Israelí, Leonid Eidelman, criticó la ley al considerar "antiético" forzar a los prisioneros a comer en contra de su voluntad.

En una carta dirigida a Erdan y al titular de Justicia, Ayelet Shaked, Eidelman aseguró que su asociación "ordenaría a los médicos que actuaran exclusivamente de acuerdo con las reglas de la ética y no alimentaran a presos en huelga de hambre" si estos no lo deseaban.

Por su parte, la Asociación de Derechos Civiles de Israel (ACRI) subrayó que la alimentación forzada estaba prohibida.

"Cualquier decisión sobre procedimientos médicos (...) debería venir de un equipo médico independiente y hacerse de acuerdo con los derechos legales del paciente", que incluyen la necesidad de su consentimiento, declaró la ACRI en un comunicado.

"Las huelgas de hambre en el caso de prisioneros son un medio legítimo de objeción", insistió.

La asociación también recordó que la mayoría de los presos que inician este tipo de protesta en Israel son palestinos en detención administrativa, una modalidad que les mantiene bajo custodia judicial por periodos renovables de seis meses sin necesidad de cargos en su contra. (I)