Miles de israelíes participaron este viernes en una marcha en Tel Aviv en vísperas de que mañana se celebre el Día Internacional de los Derechos Humanos, para protestar por los últimos proyectos de ley que restringen las libertades individuales.

Más de cien organizaciones representantes de la sociedad civil tomaron parte en la convocatoria de Tel Aviv, que tuvo otra paralela en la ciudad de Haifa en la que se reunieron alrededor de 500 personas, informan medios locales.

La Asociación por los Derechos Civiles en Israel (ACRI) convocó el acto central con el objetivo de "defender la libertad de expresión, justicia social, dignidad humana, el fin de la ocupación, igualdad, educación, democracia, empleo justo, un medioambiente más ecológico y mejoras en la vivienda y salud para todos los ciudadanos", según reza la convocatoria.

A la cita también acudieron dirigentes del mayor movimiento social creado en Israel contra la carestía de la vida el pasado verano.

Entre los eslóganes coreados en la protesta destacaron los de "la ley no me silenciará", "Bibi (mote del primer ministro, Benjamín Netanyahu), dimite", y "Defenderemos el espacio democrático".

En un reciente informe titulado "Situación de los Derechos Humanos", ACRI señala el aumento de los esfuerzos de un Parlamento (Kneset) dominado por la derecha por restringir las libertades de expresión y reunión.

Entre las leyes más recientes figuran una iniciativa para limitar la financiación extranjera de las ONG y otra que pretende introducir el visto bueno del comité ministerial a la elección del presidente del Tribunal Supremo.

Otra propuesta en fase de aprobación eleva la demanda económica de compensación por difamación sin necesidad de probar que se ha resultado dañado, percibida como una herramienta para frenar las revelaciones periodísticas contra el poder.

El Parlamento israelí también aprobó este año la denominada "ley del boicot", que establece multas a quienes promuevan un boicot económico, cultural o académico a las colonias judías en territorio palestino, sus residentes o sus productos.

ACRI considera que esta iniciativa "discrimina contra quienes tienen determinadas ideas políticas y daña enormemente un medio de protesta legal, legítimo y no violento".