En las inmediaciones del centro de detención de Holot, donde hay 1.200 migrantes africanos, los amenazados con la expulsión en Israel son categóricos: prefieren estar entre rejas que ser enviados a un país desconocido.

Desde el pasado 4 de febrero, el Gobierno israelí  entrega cartas a inmigrantes de Sudán y Eritrea residentes en Israel pidiéndoles que abandonen el país en un margen de 60 días con un apoyo financiero de $ 3.500 y el pago de un billete de avión. De no aceptar serán encarcelados indefinidamente.

Este es el primer paso del nuevo plan aprobado en enero por el Gobierno, que afecta entre 35.000 y 40.000 inmigrantes y establece que,  la mayoría, deberán marcharse a un tercer país o ser encarcelados.

Según la ONG Hotline para Refugiados y Migrantes, 15.400 migrantes solicitaron refugio al llegar al país (cifra desde 2013, año en que se permitió hacerlo), pero 6.600 solicitudes fueron denegadas. Del global de solicitudes solo 11 fueron aprobadas y el resto aún sigue en proceso.

“Desconocemos exactamente el número de personas que el Gobierno quiere deportar”, ya que no ha dado cifras exactas, señaló Reut Mijaeli, directora de la ONG.

Aunque el Gobierno israelí mantiene en secreto el nombre de los países que acogerán  a los expulsados,  las organizaciones de ayuda a los migrantes hablan de Uganda y Ruanda.

Las especulaciones de que estos serían los países de destino de los migrantes nacieron tras una reunión del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, con el líder de Ruanda, Paul Kagame, en que buscarían un acuerdo.

No obstante, las autoridades de Ruanda informaron que optaron por retirarse del acuerdo, porque prefieren proteger su imagen global contra las críticas que los señalan de colaborar para infligir más dolor a sus compañeros africanos.

Tras este anuncio, los activistas de derechos humanos en Israel y la organización internacional Human Rights Watch indicaron que se sintieron aliviados por la decisión de Ruanda.

Las razones para no partir
“No iré”, proclama Abda Ishmael, un eritreo de 28 años, en un hebreo perfecto. Este joven convive en el centro de detención en Holot, una estructura abierta solo para hombres y que cerrará el próximo 1 de abril.

“A los que fueron a Ruanda o a Uganda ya hemos visto lo que les ha pasado”, afirma, en referencia a los relatos de compañeros que partieron.

Ante las malas condiciones en sus nuevos países de acogida, estos migrantes a menudo vuelven a emprender viaje con la esperanza de llegar a Europa por rutas peligrosas.

Para Shishay Tewelde Medihin, otro eritreo de 24 años, Ruanda y Uganda son “países de muerte”.  

“Al menos en Holot o en Saharonim (cárcel de Israel), no me matan ni me violan”, agrega Ishmael.

Shishay e Ishmael añoran su país del que salieron debido a “la dictadura”.

“Sabemos que hay personas que fueron asesinadas de camino a Libia, otros murieron de hambre o de sed en el desierto”, resalta Ishmael, que llegó a Israel en 2011.

El plan del gobierno, considerado como uno de los más conservadores de la historia de Israel, suscitó las críticas de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), intelectuales o médicos israelíes. Algunos supervivientes del Holocausto subrayaron que su país tiene el deber de proteger a los migrantes.

El lento proceso de Israel
Los responsables israelíes aseguran que no se expulsará a ningún solicitante de asilo o migrante con el estatuto de refugiado. Pero el ritmo de concesión del estatuto es particularmente lento.

Según el Ministerio de Interior, en Israel viven 42.000 migrantes africanos, la mitad es entre niños, mujeres y hombres con familia que no están amenazados de expulsión el 1 de abril.

Pero de las 15.400 solicitudes de asilo, registradas hasta ayer, solo 11 recibieron una respuesta favorable.

“Israel nunca estableció un proceso de determinación de refugiados válido, justo y efectivo”, denuncia Irwin Cotler, exministro de justicia y fiscal general de Canadá, al diario The Jerusalem Post.

Según Cotler, en la última década, Israel dio un giro en su política interna y así evita  sus responsabilidades para proteger a los solicitantes de asilo, prefiriendo usar el tema de los desplazados africanos como un arma política.

Para Cotler, el plan del gobierno de llevar miles de personas al sur de Tel Aviv en lugar de desembolsarlas de manera equitativa en el país inició con este malestar.

“Los líderes políticos comenzaron una campaña de criminalización de la comunidad africana ilegal, que solo sirvió para incitar a los residentes de Tel Aviv contra ellos”, enfatiza. (I)

El campo Holot
La distancia
Holot está en medio del desierto del Néguev, cerca a la frontera con Egipto. Solo que la ciudad más cercana, Be’er Sheva, está a una hora en coche y la única línea de autobuses que une los dos lugares tiene poca frecuencia.

10 personas comparten un barracón. El gobierno les da $ 123 , pero les impide trabajar.

Los recursos para vivir
A pesar de que el Estado israelí no les otorga permisos de trabajo, muchos refugiados sobreviven por la hotelería y la construcción. Estos puestos estaban antes en manos de palestinos. (I)