Jerusalén.-

El Gobierno israelí anunció ayer que construirá 3.000 viviendas más en colonias judías de Jerusalén oriental y Cisjordania. La medida es una represalia por el reconocimiento de Palestina como Estado observador de la ONU, que impulsa al Gobierno palestino, entre otras cosas, a poner una demanda en la Corte Penal Internacional (CPI) contra la ocupación de israelí.

El nuevo estatus de Palestina fue aprobado, pasado el jueves, por la Asamblea General de la ONU con una votación de 138 sufragios a favor, nueve en contra (Estados Unidos, Israel, Canadá, Panamá, Palau, Islas Marshall, República Checa, Micronesia y Nauru) y 41 abstenciones.

Según el Canal 10 de la televisión israelí, que cita a un funcionario del Ejecutivo, además de las 3.000 viviendas, el Gobierno dio luz verde a un plan para construir miles de nuevas unidades en la zona que conecta Jerusalén Este con el gran asentamiento Male Adumin, en el noreste de la ciudad ya dentro del territorio ocupado de Cisjordania. “Israel está considerando otras diversas acciones en respuesta a la acción unilateral de los palestinos en la ONU”, según el funcionario del Gobierno citado por el canal.

La edición digital del diario Yediot Aharonot aseguró que la decisión de construir 3.000 nuevas viviendas fue adoptada por el grupo de los nueve ministros del Gobierno, como respuesta a la iniciativa palestina en Naciones Unidas.

Los palestinos no tardaron en denunciar el proyecto. “Se trata de una agresión israelí contra un Estado, y el mundo debe asumir sus responsabilidades”, declaró Hanane Ashraui, miembro del Comité Ejecutivo de la Organización de Liberación de Palestina (OLP).

Antes de la aprobación de la resolución, el embajador de Palestina  en la ONU, Riyad Mansur, indicó que los palestinos podrían demandar a Israel ante la CPI por su política de asentamientos en los territorios ocupados de Cisjordania y de Jerusalén Este. Se calcula que medio millón de israelíes viven ilegalmente en la parte palestina, según las fronteras establecidas antes de 1967.

El analista  Amr Ruiz, en diálogo con Russia Today, consideró que el Estado de Israel podría incluso “ser acusado algún día de crímenes de guerra por las agresiones desproporcionadas que ha emprendido militarmente contra el pueblo palestino” y también “por las acciones contrarias al derecho internacional, como las de los colonos judíos”.

El nuevo estatus da a Palestina acceso a los canales para ingresar en los cientos de agencias, consejos y organismos de la ONU, derecho a firmar convenios sobre derechos sociales y políticos, además de adherirse a tratados internacionales, como la Convención de Ginebra o el Estatuto de Roma, que regula la Corte Penal Internacional.

Sin embargo, como Estado observador no tendrá derecho de voto en la Asamblea, ni la capacidad de proponer resoluciones o postularse a cargos de la organización.

En 2009, la Autoridad Palestina presentó el primer recurso ante el fiscal de la CPI pidiendo que investigara presuntos crímenes de guerra cometidos por el Ejército israelí durante la ofensiva militar contra la Franja de Gaza de diciembre de 2008 a enero de 2009.

Debido a que solo un Estado puede presentar una demanda, la CPI decidió en 2011 dejar que los organismos competentes de la ONU determinaran si Palestina era un Estado antes de decidir la apertura de una eventual investigación.

Ahora el reconocimiento de Palestina en la ONU como Estado observador no miembro podría allanar el camino  para acoger el pedido palestino, pero si decidiera acudir a la CPI podría enfrentarse a sanciones económicas por parte de Estados Unidos e Israel.

El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo el pasado lunes que si la resolución era aprobada no se debería “contar con una respuesta favorable del Congreso” sobre el desbloqueo de 200 millones de dólares en ayuda prometida por Washington a la Autoridad Palestina, confrontada a su peor crisis fiscal desde su creación en 1993.

En cambio, Israel podría bloquear los impuestos que recauda por cuenta de la Autoridad Palestina o reducir el número de permisos de trabajo para los palestinos.