Flanqueada por policías, una comisión judicial llegó ayer al domicilio, en Madrid, de Consuelo Lozano, ecuatoriana de 40 años, para expulsarla de su “piso”, medida que se ha convertido ya en un ritual en España, donde se multiplican los desahucios de propietarios incapaces de pagar sus hipotecas.

Según la Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España (Conadee), que maneja la plataforma de hipotecas en Madrid, solamente  en la capital española   3.000 compatriotas  han perdido sus  viviendas.
“Banqueros ladrones. ¡Vergüenza! ¡Injusticia! ¡Es delito no tener dinero!”, gritaban ayer unos 60   “indignados”, que querían impedir el desahucio.

Pero sus esfuerzos fueron en vano.  Una fila de policías antidisturbios, equipados con cascos y escudos, desalojó a los manifestantes  mientras los alguaciles se llevaron a Consuelo, quien  limpiaba casas antes de quedarse sin empleo.

“Han actuado por las malas, como últimamente, han acordonado la zona y nos han sacado a rastras. Nosotros solo queríamos hablar con la comisión judicial”, explicó Chema Ruiz, portavoz de la Plataforma Afectados por las Hipotecas (PAH), publicó  El Mundo.

Consuelo  vive desde 2006 en Torrejón de Ardoz, ciudad dormitorio del norte de Madrid con una importante población inmigrante. Enfrentada a las crecientes dificultades económicas desde que perdió su trabajo, la compatriota decidió enviar a Ecuador a sus tres hijos y su marido para evitarles el duro trago del desahucio.

La lucha contra las expulsiones por impago, uno de los síntomas más evidentes de la crisis que sacude a España, se ha convertido en la misión predilecta de los “indignados”.

Reúnen a vecinos y amigos en operaciones comando que a menudo logran obligar a la justicia a anular o retrasar estas operaciones. En otras ocasiones, los desahucios se llevan a cabo gracias a la intervención de la Policía.

En la fría mañana de invierno de ayer, le tocó el turno a Consuelo, tras un momento de tensión cuando los policías apartaron a la fuerza a los “indignados”, sentados o incluso algunos acostados, frente a la puerta de su edificio. El motivo del desahucio, una deuda de 200.000 euros (más de 265.000 dólares) con el banco, que Consuelo ya no puede pagar.
“En mi caso ha destruido a una familia, tenía una familia de cinco miembros  y ahora estoy sola”, lamentó la mujer.  “La casa el banco se la ha quedado, es de ellos y no voy a pelear por eso”, aseguró sin poder contener las lágrimas. Pero, pese a la expropiación del piso por el banco, los migrantes se quedan  con la  deuda, según la ley española.  
“Señores banqueros, no puedo pagar esto. ¡No tengo dónde vivir!”, gritaba ayer Consuelo.