La FAO y Cepal proponen la implementación de un bono contra el hambre para las poblaciones más vulnerables y que dé sustento durante los próximos seis meses, con el objetivo de que la crisis provocada por la pandemia por covid-19 no genere una crisis de la seguridad alimentaria. Además, las organizaciones internacionales llaman a los países de la región a crear programas de créditos blandos para los productores, en particular para aquellos de pequeña escala y los agricultores familiares, para garantizar la producción de alimentos y el abastecimiento de la población.

Producto de la crisis provocada por la pandemia del covid-19, la población en condiciones de pobreza extrema en América Latina y el Caribe podría llegar a 83,4 millones de personas en 2020, lo que implicaría un alza significativa en los niveles de hambre, debido a la dificultad que enfrentarán dichas personas para acceder a los alimentos, señalaron hoy la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Ambos organismos presentaron un informe conjunto titulado: Cómo evitar que la crisis del covid-19 se transforme en una crisis alimentaria: Acciones urgentes contra el hambre en América Latina y el Caribe, en el que proponen acciones urgentes para enfrentar el alza del hambre producto de la pandemia en los países de la región.

Según el informe, tras siete años de lento crecimiento, América Latina y el Caribe podría ver la mayor caída del PIB regional en un siglo (-5,3%), lo que traerá en 2020 un aumento de la pobreza extrema de 16 millones de personas con respecto al año anterior, sumando 83,4 millones en total. El impacto sobre el hambre será también muy significativo, tomando en cuenta que en 2016-2018 ya había 53,7 millones de personas en inseguridad alimentaria severa en América Latina.

Los efectos de la crisis ya son visibles en los sistemas alimentarios: la vulnerabilidad de los trabajadores ha crecido y los precios internos de los alimentos están subiendo más que el precio de otros productos de la canasta básica, según el Índice de precios al consumidor IPC. Por el aumento del desempleo y la caída en los ingresos, millones de personas no están pudiendo adquirir suficientes alimentos, y muchas otras están teniendo que optar por alimentos más baratos y de menor calidad nutricional.

Según el informe, el bono contra el hambre podría materializarse en la forma de transferencias monetarias, canastas o cupones de alimentos a toda la población en situación de pobreza extrema por un período de seis meses, equivalente al 70% de la línea de pobreza extrema regional (47 dólares de 2010). Su costo equivaldría al 0,06% del PIB regional, si se entrega únicamente a la población en pobreza extrema mayor de 65 años, o al 0,45% del PIB si se da cobertura a toda la población en pobreza extrema. La Cepal y la FAO recomiendan la segunda opción, lo que tendría un costo estimado de $ 23.500 millones. (I)