La pandemia de covid-19 dejará una factura grave en la economía latinoamericana, con más de 2,7 millones de empresas cerradas y la pérdida de 8,5 millones de empleos en los próximos seis meses, que afectará principalmente a las micro y pequeñas empresas.

Así lo ha desvelado un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (Cepal), presentado este jueves por su secretaria ejecutiva, Alicia Bárcena.

El organismo con sede en Santiago de Chile explicó que, por tamaño, las micro y pequeñas empresas serán las más afectadas por este duro golpe. En concreto, las previsiones para las microempresas apuntan al cierre de 2,6 millones establecimientos y la pérdida de 6,8 millones de empleos.

Por su parte, cerrarán en torno a 98.000 empresas pequeñas, con la pérdida de 1,5 millones de puestos de trabajo, mientras que los pronósticos apuntan al cierre de 5.943 empresas medianas, con la pérdida de 390.155 empleos; y el cierre de 406 empresas grandes que conllevarán la pérdida de 231.724 trabajos.

Por sectores, los más afectados son aquellos que requieren un contacto físico más intensivo, como es el caso del turismo, hoteles y restaurantes, industria cultural, comercio, reparación de bienes o la moda. En concreto, en el caso de estos sectores el impacto del empleo podría conllevar a una pérdida de hasta el 34,2%.

En concreto, la Cepal indica que el comercio perderá 1,4 millones de empresas y 4 millones de empleos, mientras que el turismo, uno de los sectores más golpeados por la crisis, por lo menos cerrarán 290.000 empresas y perderá un millón de trabajos.

Otros sectores que han sufrido un impacto significativo son la minería, los servicios empresariales, la industria química, la electrónica o la electricidad, gas y agua, en los que se podría observar una pérdida del empleo del 47,6%.

El informe explica que la crisis también golpea de manera severa a aquellos sectores industriales con mayor dinamismo tecnológico y avisa que la pandemia profundizará sus problemas estructurales.

En esta línea, Bárcena advirtió que esto produce una "elevada probabilidad" de un cambio estructural regresivo con reprimarización, lo que supone la pérdida del valor agregado.

Respecto al despliegue de medidas de crédito por parte de las autoridades de la región, la secretaría ejecutiva destacó el 11,5% del PIB desplegado por Chile, el 8% de Colombia o el 7,6% de Perú.

Sin embargo, Bárcena afirmó que las medidas anunciadas son insuficientes, ya que suponen que las empresas generarán 'utilidades' o beneficios con las que devolverán los créditos y pagarían los impuestos diferidos y otras deudas, lo que implica que las perspectivas económicas se tornan lentas, con un plazo de al menos dos años para la recuperación.

Desde la Cepal proponen cuatro propuestas concretas para aliviar el impacto de la crisis económica en la región, que son las extensión de los plazos de medidas de apoyo a liquidez y el acceso al crédito, el cofinanciamiento a las nóminas salariales, las transferencias en efectivo a trabajadores autónomos y el apoyo financiero a las empresas de todo tamaño.

En concreto, el organismo apuesta por el aplazamiento o la cancelación de los pagos de impuestos, imposiciones previsiones y contribuciones territoriales o adelanto de las devoluciones de impuestos por lo menos hasta finales de 2020, así como la suspensión del pago de los servicios básicos sin penalizaciones hasta finales de este año.

Por la parte del crédito, el informe recomienda periodos de gracia de al menos un año, plazos de financiamiento de cinco o más años y el refuerzo de las operaciones de crédito mediante los bancos de desarrollo.

Respecto al cofinanciamiento de nóminas, la Cepal aconseja ayudar en diferentes niveles según el tamaño de la empresa.

Así, las ayudas de cofinanciamiento serían del 30% a las grandes, del 50% a las medianas, del 60% a las pequeñas y del 80% a las micro. Esto supondría la movilización del 2,7% del PIB promedio.

En cuanto a las contribuciones en dinero en efectivo, la entidad apuesta por conceder cantidades de entre $ 300 y $ 500 para los 15 millones de trabajadores autónomos del continente, lo que supone el 0,8% del PIB.

A estas medidas se unen otras propuestas de la institución, como son el ingreso básico de emergencia, el bono contra el hambre y los apoyos a las empresas y el empleo, como parte de un conjunto articulado de ayudas. (I)