Unas pocas horas y dos buldóceres bastaron para arrasar una gran vivienda palestina de postigos azules construida sin permiso, como más de la mitad de casas de la aldea de Deirat, ahora en pie de guerra contra las prácticas israelíes.

En este pueblo de 1.800 habitantes ubicado en lo alto de una colina en el sur de la Cisjordania ocupada, la mayoría de familias, propietarias de los terrenos, construyeron sus viviendas sin la autorización que deben pedir a Israel.

Estos permisos, que sólo obtienen unos pocos tras una larga batalla administrativa plagada de escollos, son actualmente examinados por la Corte Suprema israelí.

Israel sigue decidiendo sobre construcción y urbanismo en la llamada zona C, que equivale a más del 60% del territorio de Cisjordania que no controla la Autoridad Palestina, en virtud de los Acuerdos de Oslo de 1993.

Aunque estas competencias debían ser temporales, perduran a falta de una solución del conflicto israelo-palestino.

El pueblo de Deirat, la ONG Rabinos por los Derechos Humanos y tres otras organizaciones lanzaron una ofensiva legal para reclamar el fin de las políticas discriminatorias de vivienda. De ganar ante la Corte Suprema, el caso podría sentar jurisprudencia.

Los denunciantes defienden que si las atribuciones de permisos y de planificación estuvieran en manos de los palestinos dejaría de haber desplazamientos forzados y destrucciones de viviendas, prácticas condenadas por el derecho internacional.

"La ordenación del territorio no es vista como un derecho, sino como algo que el gobierno israelí puede conceder o retirar", explica Arik Ascherman, presidente de Rabinos por los Derechos Humanos.

Según la ONU, 298.000 palestinos viven en la zona C, así como 341.000 israelíes instalados en 135 colonias y un centenar de colonias ilegales. De las 360.000 hectáreas de este territorio, menos de 1% está reservado a la construcción para los palestinos, frente a 70% para los colonos.

  600 demoliciones contra un permiso

 Antes del conflicto de 1967 y la ocupación de Cisjordania, los palestinos tenían sus propias instancias de ordenación territorial, pero fueron prohibidas por Israel en 1971.

Desde entonces, hay un mecanismo a dos velocidades, denuncia Rabinos por los Derechos Humanos: civil y representativo para los colonos israelíes y militar para los palestinos, que no son ni siquiera consultados.

"Todo esto conduce a un fracaso de la ordenación y a la destrucción masiva de casas palestinas en zona C", deplora el urbanista Rasem Jamaisé en un documento dirigido a la Corte Suprema.

El año pasado, Israel destruyó 601 viviendas palestinas y desplazó a 1.215 personas, cifrás récord según la ONU que empezó a compilar datos en 2008. Al mismo tiempo, sólo se acordó un permiso de construcción, según la ONG israelí Bimkom, de defensa de los derechos humanos.

En Deirat, el temor a una súbita demolición es palpable: "Cada día, ves pasar un todoterreno [israelí] y crees que van a destruir tu casa" explica Mohamed al Umur, de 59 años, padre de 30 hijos que tuvo con sus cuatro mujeres.

"Es una guerra psicológica y financiera sin límites" prosigue este agricultor que invirtió todos sus ahorros y los de sus hijos primero en la defensa y luego en la reconstrucción de cuatro casas familiares, destruidas por Israel.

"Aquí, a cualquiera con más de 45 años le han destruido una casa, incluso dos, tres, cuatro veces", explica Mohamed al Adra, taxista y padre de 25 hijos. "Y todo ello, para obligarnos a partir", afirma.

Incluso el órgano del ministerio de Defensa encargado de coordinar las actividades israelíes en los territorios palestinos lo reconoce: la entrega o no de permisos de construcción a los palestinos se decide a "nivel político".

"El mayor deseo de Israel es reivindicar la mayor parte posible de la zona C. Para ello, quieren que haya el menor número de palestinos posible", asegura el rabino Ascherman. (I)