El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, divulgó el lunes 21 de octubre de 2019 una propuesta para recolectar ADN de personas detenidas por las autoridades migratorias y mantener esa información en una base de datos masiva de justicia penal.

El Departamento de Justicia publicó el borrador de una norma que permitiría al ejecutivo expandir ampliamente la recolección de ADN de individuos "arrestados, acusados o condenados, y de personas no estadounidenses que están detenidos bajo la autoridad de Estados Unidos".

De acuerdo con la medida, los datos biométricos se transferirían a la base de datos de ADN de justicia penal del Buró Federal de Investigaciones, el Sistema de índice de ADN combinado, conocido como CODIS.

La administración del mandatario republicano, quien ha sido muy criticado dentro y fuera del país por adoptar controvertidas políticas contra los inmigrantes ilegales y legales, ha dicho que un estatuto de 2005 autoriza la recolección de ADN de personas bajo custodia.

Hasta ahora, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha estado trabajando bajo ciertas excepciones a esa regulación, como cuando no es posible recolectar muestras debido a la existencia de recursos limitados.

Asimismo, en 2010, la secretaria de esa entidad, Janet Napolitano, solicitó una exención específica para los migrantes que no enfrentaban cargos penales y otros que esperaban un proceso de deportación.

El borrador actual, que será publicado oficialmente el martes 22 de octubre de 2019 y sometido a un periodo de comentarios públicos de 20 días, eliminaría por completo las excepciones, de forma que la medida abarque a personas que esperan la deportación o que no están acusadas de un delito, como los inmigrantes indocumentados, indicó la cadena de televisión NBC News.

Los funcionarios del gobierno creen que la recolección de ADN ayudará a los agentes fronterizos a evaluar mejor a las personas que cruzan hacia el país sin autorización.

Sin embargo, defensores de las libertades civiles y los derechos de los inmigrantes sostienen que el gobierno no debe extraer información personal confidencial de quienes no están vinculados a un crimen específico.

A principios de este mes, cuando los funcionarios del DHS comentaron el plan a reporteros, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles expresó en un comunicado que la recolección forzada de ADN plantea serias preocupaciones de privacidad.

Según ese grupo, la medida carece de justificación, especialmente cuando el departamento ya está utilizando métodos de identificación menos intrusivos como las huellas digitales. (I)