Ecuador es una de las primeras naciones que incorpora en su texto constitucional la “soberanía alimentaria”. Los artículos 281 y 282 de la Constitución de 2008, establecen el marco legal que respalda a este régimen, donde el uso y acceso a la tierra es uno de los temas claves.

El artículo 281 señala que la soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiados de forma permanente. El artículo 282, en cambio, faculta al Estado normar el uso y acceso a la tierra bajo principios sociales y ambientales; prohíbe el latifundio y la concentración de la tierra, así como el acaparamiento o privatización del agua y sus fuentes.

Un punto relevante de la Carta Magna es la regulación del Estado sobre el uso y manejo del agua de riego para la producción de alimentos bajo principios de equidad, eficiencia y sostenibilidad ambiental. Para la presidenta de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria, Wilma Suárez, el haber obtenido un marco constitucional de esa magnitud, es un logro porque se cuenta con una Constitución revolucionaria en el mundo que define a la soberenía alimentaria como un objetivo estratégico y obligación del Estado.

Sin embargo, sostuvo que lo alcanzado en ese marco no es suficiente para concretar el proceso de “redistribución y de justicia que anhelamos”. Para el efecto, se refirió a la necesidad de contar con un mayor nivel de organización local, regional y nacional para vigilar que se cumplan los articulados de las leyes construidas participativamente con la ciudadanía y reforzar la soberanía alimentaria y el Buen Vivir. En su opinión, ese modelo es una pretensión viable, como respuesta al sistema de producción basada en la “revolución verde”, que trae una serie de problemas a la salud y el ambiente. Lo más grave –dijo- es que estamos perdiendo la biodiversidad de cultivos que conforman la dieta alimentaria de la población ecuatoriana.

Frente a los efectos del modelo agro exportador, desde 1966 surge como propuesta a la crisis alimentaria mundial, el concepto de soberanía alimentaria que se convirtió en una herramienta política de reivindicación de las organizaciones campesinas del mundo. Precisamente, el régimen constituye el derecho que tienen las personas a decidir cómo alimentarse, cómo producir, comercializar e intercambiar productos por fuera de la lógica del modelo neoliberal. Es allí donde Suárez destaca la participación de la mujer como actora fundamental, pues tiene conocimientos que permitirían disminuir los efectos del déficit alimentario en el país y el mundo. “Somos hacedoras y guardianas de los saberes ancestrales, de un manejo sostenido de la Pacha Mama, buscamos en cada proceso mejorar la producción, defender el manglar y la cultura alimentaria, reforzar la pesca artesanal y promover la comercialización alternativa”.

El derecho de los pueblos
En ese contexto, la funcionaria define a la soberanía alimentaria como el derecho de los pueblos para controlar el sistema agroalimentario y sus factores de producción, de tal forma que la agricultura familiar, campesina indígena, de orientación agroecológica, la pesca y la recolección artesanal se desarrollen autónoma y equitativamente. A la vez, garantiza el derecho humano a la previsión de alimentos sanos, nutritivos, suficientes y culturalmente apropiados. Por ello, la funcionaria dice que es necesario recuperar y dinamizar modos de producción y tecnologías ecológicas ancestrales-modernas y generar circuitos económicos solidarios, controlar democráticamente los mercados para facilitar el acceso equitativo y oportuno a los alimentos, así como recuperar hábitos y patrones de consumo apropiados.

De hecho, el mecanismo se convierte en la vía para erradicar el hambre, la malnutrición y legitimar una alimentación duradera y sustentable para todos los pueblos, lo que favorece a la soberanía económica, política y cultural del país. Este enfoque hace referencia a dos aspectos fundamentales: el derecho que tienen los seres humanos a la alimentación y la forma de ejercer esa facultad. Suárez asegura que el tema exige a los Estados el establecimiento de políticas agrarias dirigidas a los pequeños y medianos agricultores, para asegurar la producción de alimentos destinados al autoabastecimiento.

Por lo tanto, la soberanía alimentaria reconoce una agricultura con campesinos, indígenas y comunidades pesqueras, vinculada al territorio, prioritariamente, orientada a la satisfacción de las necesidades de los mercados locales, nacionales e internacionales; una agricultura que tome como preocupación central al ser humano que preserve, valore y fomente la multifuncionalidad de los modos campesinos e indígenas de producción y gestión del territorio rural; y valorice las ventajas económicas, sociales, ambientales y culturales para los países que cuentan con agriculturas en pequeña y mediana escala, sobre todo, las familiares, campesinas e indígenas.

También admite los derechos, autonomía y cultura de los pueblos indígenas como condición ineludible para combatir el hambre y la malnutrición y alcanzar el derecho a la alimentación. Finalmente, implica el reconocimiento al control autónomo de sus territorios, recursos naturales, sistemas de producción y gestión del espacio rural, semillas, conocimientos y formas organizativas. Al respecto Suárez es partidaria de apoyar las luchas de todos los pueblos indígenas y negros del mundo y pronunciarse por el respeto irrestricto a sus derechos. Explica que para que un país ejerza plena soberanía alimentaria, es necesario piorizar la producción agrícola local que permita alimentar a la población, y exista acceso de los campesinos a la tierra y al agua, incluyendo el riego, las semillas y el crédito.

Por su parte, el derechos de los consumidores se sustenta en la decisión de qué es lo que ellos quieren consumir; los países, en cambio, a protegerse de las importaciones agrícolas; y, el pueblo, a participar en la definición de las políticas agrarias.

Ley para la soberanía alimentaria
Un año después de aprobada la Constitución, entró en vigencia la Ley Orgánica de Régimen y Soberanía Alimentaria (Lorsa) que reglamenta una producción sana, refuerza la soberanía alimentaria, introduce la agroecología como nueva matriz tecnológica para el campo ecuatoriano y recupera la agrobiodiversidad y las propias semillas, como clave para mejorar la producción alimenticia. La ley consagra la participación del Estado en la cadena de producción y calidad de alimentos. Se crea el Sistema Nacional de Comercialización y se establecen mecanismos de apoyo a la negociación directa entre productores y consumidores.

En este escenario, los gobiernos autónomos descentralizados proveerán de la infraestructura necesaria para el intercambio y comercialización directa entre pequeños productores y consumidores, en mutuo beneficio, como una nueva relación de economía social y solidaria. Entre tanto, la sanidad e inocuidad alimentarias promoverán una adecuada nutrición y protección de la salud de las personas, al tiempo de prevenir, eliminar o reducir la incidencia de enfermedades que se puedan causar o agravar por el consumo de alimentos contaminados.

El Estado participa con la entrega de crédito y políticas que incentivan el consumo de alimentos nutritivos, preferentemente, de origen agroecológico y orgánico. Paralelamente, prohibe la comercialización de productos con bajo valor nutricional en los establecimientos educativos, así como su distribución y uso en programas de alimentación dirigidos a grupos de atención prioritaria. Un primer paso se dio años atrás, cuando el Gobierno dispuso que los bares de los colegios se eximan de vender las tradicionales papas fritas y salchichas que afectaban la salud de los niños y jóvenes, con tendencia a la obedidad y diabetes.

Hoy, las colaciones y dietas están compuestas por chochos, tostado, galletas de soya, quinua, frutas y jugos naturales, en lugar de las gaseosas. Para reforzar la política en esta materia, la Lorsa creó la Copisa, organismo del poder ciudadano responsable en promover la soberanía alimentaria y articule entre entidades de la sociedad civil los espacios de la participación ciudadana y los organismos de poder legislativo y ejecutivo.

Concentración de la tierra
Según datos de la Copisa, en Ecuador existe una situación estructural e histórica de inequidad en el acceso a la tierra, basada en la propiedad privada. “Esta inequidad, ha querido ser invisibilizada por los grandes latifundistas, quienes hoy se niegan a cualquier debate sobre la ley de tierras que establezca una justicia redistributiva en el campo, puesto que la mayoría de los campesinos tiene restricción para acceder a las tierras”, manifestó Wilma Suárez.

El III Censo Nacional Agropecuario del año 2000 determina que existen 600 mil familias que se desenvuelven económicamente en 1,5 hectáreas o menos, mientras aquellas que poseen más de 500 hectáreas apenas suman 1.300 propietarios y disponen de 1,8 millones de hectáreas. La tierra se utiliza para cultivos permanentes, transitorios y barbecho, descanso, pastos cultivados, naturales, montes y bosques, páramos y otros usos.

En el país, la mayor superficie de tierra cultivable se destina a pastos cultivados, seguido por los pastos naturales, los cultivos permanentes, y los transitorios y barcbecho. Un alto porcentaje del suelo corresponde a montes y bosques, tendencia presente en todas las regiones de la nación. Copisa considera que la redistribución de la tierra debe afectar a la gran propiedad privada, actualmente ligada a los cultivos permanentes como la caña de azúcar, la palma y el banano y a la ganadería extensiva.

Asimismo, la entidad revela que existen diferencias regionales de concentración fuertemente acentuadas en la región Costa, una minifundización en la Sierra y la prevalencia de tierras comunales en la Amazonia. Para Suárez, Ecuador es uno de los países con mayor índice de inequidad en el acceso a la tierra. El coeficiente de Gin (indicador de la desigualdad de los ingresos dentro de un país) lo confirma: apenas el 0,81% de personas tiene acceso a la tierra. Esta situación “afecta al desarrollo nacional y condena a la pobreza y hambre a la mayoría de los campesinos pequeños y minifundistas”. Un tanto pesimista, la funcionaria señaló que el proceso de redistribución de tierras y agua, “probablemente, quiera ser bloqueado, a pesar de su prescripción constitucional”.

Si nos referimos al agua de riego, el artículo 282 de la Constitución dispone que el Estado regulará el uso y manejo del recurso para la producción de alimentos, bajo los principios de equidad, eficiencia y sostenibilidad ambiental. El artículo 6 de la Ley Orgánica de Régimen,de Soberanía Alimentaria expresa que la Ley que regule el régimen de la propiedad de la tierra permitirá su acceso equitativo, privilegiando a los pequeños productores y a las mujeres productoras jefas de familia. “Todo esto hemos logrado los campesinos pobres del país dentro del proceso político actual”, enfatizó Suárez, una campesina, licenciada en Sociología y Ciencias Políticas.

Soberanía y seguridad
Por su parte, el gerente del Programa Buen Vivir Rural, Hugo Dután, diferenció lo que significa seguridad y soberanía alimentaria. La seguridad, dice, da cuenta de la cantidad necesaria de alimentos sanos e inocuos que requiere la población para alimentarse y nutrirse en un tiempo sustentable. En cambio, la soberanía se relaciona con el control de los factores que intervienen en el cadena de producción de los alimentos. Es decir, implica controlar los procesos tecnológicos, genéticos y las condiciones productivas. Para el personero, la soberanía no es solamente disponer de los bienes sino controlarlos. Puso como ejemplo el caso de semillas que, para poder producir, hay un nivel de dependencia que hace perder el concepto de soberanía. Lo mismo sucede con los equipos y maquinarias que se emplean para la mecanización agrícola.

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A esta situación, Dután añade el tema de la información y conocimiento, sobre todo, del cambio climático, donde el país depende de otros, que en la mayoría de los casos son las grandes transnacionales que controlan los factores de producción. Para el especialista, cuando un país como Ecuador habla de soberanía alimentaria en su mandato constitucional, el desafío es tener la suficiente cantidad de alimentos y condiciones culturales para que la población viva y crezca de manera saludable. Pero, para decidir soberamente qué producir, hay que disponer de tecnología, genética y conocimiento de información. Dután explicó que la condición humana de sobrevivencia y la necesidad de nutrirse están en función de los recursos que disponen las personas, y no necesariamente, constituye un derecho de la humanidad a alimentarse.

Este elemento explica, por qué teniendo una producción suficiente en cantidad y en calidad en el planeta, existen más de 800 millones de personas que no acceden a alimentos en el planeta. Por eso, opina que el concepto de soberanía
está íntimamente ligado al control de los medios de producción. En este caso,
la tierra, el capital, el agua, y el conocimiento. “Solo la democratización de esos factores de producción permitirán que la soberanía alimentaria sea una construcción real y la que sustente a un país”. El funcionario se refirió a la proclama de Brasil: “hambre cero” iniciada por el expresidente Inacio Lula da Silva, cuyo ejecutor sustancial fue Graciano Da Silva, hoy director de la FAO.

Lula decía que mientras exista alguien que no ha llevado alimentos a su cuerpo, todavía “estamos en deuda en el Estado”. Esa misma política establecida en Brasil, la FAO la ha asumido para América Latina y el Caribe.
Según Dután, el slogan “hambre cero”, es un desafío que significa interconexión y aprendizaje entre los países y productores; pero sobre todo, de un actor importante para la soberanía: la agricultura familiar.

El Plan Tierras
El Ministerio de Agricultura califica como emblemático el proyecto “Plan Tierras”, que hasta el momento ha transferido 25 mil hectáreas a asociaciones campesinas y a 5 mil familias campesinas. Las tierras pertecen al Estado, otras son de la banca cerrada y las restantes corresponden a compra y venta, a través de un subsidio que el Estado otorga a los campesinos.

En las 25 mil hectáreas se emprendieron procesos de producción asociativo y cooperativimos. Hay algunos ejemplos de empresas productivas: La Paquita, La Indiana y el Aguacatal que, al decir de Dután, pagan ordenadamente los créditos al Banco Nacional de Fomento y se encuentran en proceso de producción para abastecer el mercado.

Se indicó que, de cuerdo a la vocación de los suelos, se aplican los planes productivos en cada una de las haciendas, lo que incide positivamente en el empleo e ingresos de los beneficiarios. “Estamos empeñados en que los propietarios de los predios en producción edifiquen ahí mismo sus viviendas, con el objetivo de concentrar la casa y la hacienda en un solo cuerpo de producción, sin afectar la capacidad productiva del país”, explicó Dután.

Informó que se abrirá una nueva línea de coordinación parcelaria para que las pequeñas propiedades fragmentadas por efectos de división, compra o herencia, se reunifiquen y pueda planificarse, tanto la infraestructura, como el rendimiento agrícola de las tierras. El pecialista manifestó que este tipo de acuerdos garantizará la seguridad y soberanía alimentarias, aunque será necesario hacer una investigación a gran escala.