La consolidación del Ecuador del Buen Vivir constituye un reto muy grande para las actuales y futuras generaciones de servidores públicos y para la ciudadanía en general. El cambio que vivimos los ecuatorianos de un país saqueado por los intereses individuales y vaciado de política pública, al país que tenemos hoy, es sin duda de gran importancia para el destino de nuestra sociedad. Las nuevas generaciones que han crecido bajo una relativa estabilidad económica, con acceso a servicios públicos y mayores niveles de consumo, tienden a pasar por alto la dimensión de lo que se ha alcanzado hasta ahora en términos de política pública y más aún la dificultad que tiene profundizar lo logrado.

A los ojos del mundo, el Ecuador de 2006 se veía como un país con poca esperanza de estabilización. Un experto naval de posgrado, en su artículo denominado: Ecuador: The Continuing Challenge of Democratic Consolidation and Civil-Military Relations (Ecuador: el reto continuo de la consolidación de la democracia y las relaciones civiles y militares), caracterizaba al Ecuador utilizando 4 puntos que sintetizaban su realidad antes del año 2007. Es decir: a) una parálisis política de largo plazo; b) gobiernos sin capacidad efectiva; c) debilitamiento del Ecuador por las ganancias petroleras; y d) un país con una severa depresión económica desde la crisis de 1999.

Una muestra de la ausencia del Estado era la incapacidad de destinar recursos hacia la inversión pública. La necesidad de honrar la deuda y aplicar las formulas del Consenso de Washington implicaban que la política pública social se limitara a lo que sobraba después del pago de la deuda, por lo tanto, los servicios quedaron a merced de manos privadas, de los abusos monopólicos y del canibalismo capitalista.

La recuperación del Estado y de la planificación de las políticas públicas en 2007 fueron necesarias para garantizar una respuesta contundente a la ciudadanía tras las elecciones de diciembre de 2006. El fortalecimiento institucional, junto con la descorporativización del Estado, fue de gran importancia previo a la consulta popular que dio luz a la actual Carta Magna.

La Constitución de Montecristi marcó en 2008 un hito trascendental en los derechos de los ecuatorianos. Quienes la han leído detenidamente, pueden constatar que el Libro II establece detalladamente el rumbo de la política pública y los grupos que son de atención prioritaria. Además, marca los principios para la conformación de un sistema económico social y solidario, en el que los intereses del ser humano deben estar por sobre los del capital, por lo que la erradicación de la pobreza es el imperativo social más importante del accionar de todo el Estado. Poner en práctica este instrumento, el más importante de la política pública actual, no ha sido una tarea sencilla, pero no se puede negar que ha tenido muchos resultados.

La renegociación de la deuda externa marcó el cambio de las relaciones de poder en el país. En 2006, el servicio de la deuda externa del Gobierno Central representaba el 22,7% del Presupuesto General del Estado; en 2013, apenas el 5,16%. Se renegociaron más de $ 8.000 millones que se tradujeron en ahorros para el Estado.

La renegociación de los contratos petroleros, la descorporativización de las empresas públicas y la recuperación de la soberanía sobre los recursos estratégicos han sido fundamentales y en los 3 últimos años ha significado un promedio de más de $ 6.000 millones en inversión pública. Hoy esta inversión es visible en educación, salud, seguridad social, trabajo, etc.  

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la pobreza extrema se redujo 8% en junio de 2014. No solo se ha logrado que más ecuatorianas y ecuatorianos salgan de la pobreza, sino que se ha reducido la brecha entre ricos y pobres. En junio de 2008, los más ricos ganaban 35,6 veces más que los más pobres, pero en junio de 2014 esta relación disminuyó a 22,7 veces.